La defensa de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha solicitado este lunes al Tribunal Supremo que el departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil investigue si un capitán destinado a la UCO buscó datos sobre él mucho antes de que se abriera su caso, lo que no estaría permitido por ley. La abogada de Koldo recuerda que “en el derecho penal español las investigaciones prospectivas están prohibidas”. El señalado es el capitán Juan Vicente Bonilla García, que desde octubre de 2023 es Gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud. ¿De qué se encarga? Pues de diseñar y coordinar una política de seguridad en los centros sanitarios de la región. Por ejemplo, planes antirrobo en los hospitales.
Bonilla fue Jefe de Fuentes de la UCO, es decir, el encargado de gestionar la información que manejan los colaboradores y confidentes. Koldo aporta en su escrito los mensajes que Bonilla envió y recibió con uno de sus confidentes, un empresario imputado en una causa de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Todo esto sucedió entre 2020 y 2021, mucho antes de que se abriera el caso contra Koldo y Ábalos. Bonilla, gracias a su confidente, fue el primer funcionario policial que identificó a “Koldo el del PSOE” y “los que trincan”, en palabras de esa garganta profunda.
“Buenos días. Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado pq sería gozoso un achuchón de este tipo, que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos y habría que cambiar de bando de vez en cuando y yo creo que es el momento idóneo (sic)”, señaló Bonilla a su confidente cuando este le empezó a hablar de Koldo. Lo que quieren decir estas líneas es que la UCO, según Bonilla, ya estaba cansada de emprender investigaciones que salpicaban a políticos del PP (véase operaciones Púnica y Lezo) y que estaría bien “cambiar de bando” e investigar al PSOE. “Que nuestras hostias siempre se las llevan los mismos tontos”. Bonilla firma sus mensajes con el seudónimo de Roberto Alcázar, el popular personaje de cómic español que encarnó a un investigador durante el franquismo.
“Las investigaciones prospectivas, también conocidas como ‘expediciones de pesca’ (fishing expeditions) o ‘causas generales’, son aquellas que se inician sin un indicio sólido de la comisión de un delito específico y sin la existencia de un sospechoso determinado, con la única finalidad de “a ver qué se encuentra”, recuerda la defensa de García. Mientras a la UCO le llegaba información comprometida sobre Koldo García, el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid presentaba en marzo de 2022 una detallada denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción tras recopilar información de varios contratos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
Querella en septiembre de 2023
En octubre de 2022, la Fiscalía dictaminó que algunos de esos contratos revestían indicios de delito, operaciones de más de 40 millones en compras de mascarillas a una empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo en los primeros meses de la pandemia. Dinero salido, sobre todo, del Ministerio de Transportes que entonces dirigía Ábalos. Unos meses después, en septiembre de 2023, el fiscal Luis Pastor presentaba una querella de 26 páginas en la Audiencia Nacional contra varias personas, entre ellas Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que estaba siendo investigado en otra causa por defraudar 182 millones de euros en impuestos por la comercialización de hidrocarburos. Bonilla había abandonado la UCO meses antes, en abril de 2023. Y en octubre, un mes después de la querella de Anticorrupción, fichaba por la Comunidad de Madrid.
La defensa de Koldo pide al Supremo que se investiguen “las fechas precisas en que se produjeron visualizaciones o accesos a las bases de datos policiales bajo su gestión, así como a cualesquiera otras fuentes de información manejadas por dicho Cuerpo, en relación con los datos concernientes a D. Koldo García Izaguirre; y la identificación de los agentes que efectuaron dichas visualizaciones o accesos”. También pide que la investigación se extienda “a la trazabilidad de los accesos relativos a registros mercantiles, datos catastrales, información de cuentas bancarias y cualesquiera otros datos a los que los funcionarios de la Guardia Civil tengan acceso en el ejercicio de sus funciones”.
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