El príncipe Andrés de Reino Unido vuelve a estar en el centro de la tormenta mediática y judicial. A sus 65 años, el tercer hijo de Isabel II enfrenta un nuevo capítulo en el escándalo que lo persigue desde hace más de una década: su presunta implicación en la red de abusos sexuales liderada por el magnate Jeffrey Epstein. Esta vez, la justicia estadounidense ha decidido reabrir el caso, y el nombre del ya exduque de York aparece de nuevo entre los señalados.
La reciente publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, considerada una de las principales víctimas de Epstein, ha reavivado el interés político y judicial en torno al caso. Giuffre, que falleció el pasado abril, relata cómo fue presentada al príncipe Andrés en 2001, cuando aún era menor, y asegura que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él en varias ocasiones por orden directa del magnate. En su libro, describe episodios de manipulación, miedo y abuso, y menciona que “la reina habría pagado la cuenta” para silenciar el escándalo, en alusión al acuerdo extrajudicial millonario que el príncipe firmó en 2022 para evitar ir a juicio.
Pese a su intento de desvincularse del caso y de mantener un perfil bajo en Royal Lodge, su residencia en Windsor, el cerco vuelve a estrecharse. El congresista demócrata Stephen Lynch, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha confirmado que se solicitará el testimonio del príncipe ante la comisión que investiga los crímenes de Epstein. “Estamos enormemente interesados en oír al príncipe Andrés sobre su implicación en todo esto, sí”, afirmó Lynch en una entrevista con la BBC. Según el político, su testimonio es clave para comprender la magnitud de la red de abusos y para ofrecer justicia a las víctimas.
Aunque Andrés no está legalmente obligado a declarar al no ser ciudadano estadounidense, su negativa a hacerlo podría aumentar las sospechas y alimentar el debate público sobre su responsabilidad. “He tenido la oportunidad de entrevistar a media docena de supervivientes. Cada una de ellas tenía algo que le unía a Virginia Giufree y creo que sus memorias refuerzan ese vínculo. Creo que, para todos en la comisión, tanto demócratas como republicanos, que hemos visto el dolor y la angustia que han experimentado estas mujeres, solo aumentan nuestro interés por hablar con todo el que haya estado implicado en ello”, añadió Lynch.
El hijo de Isabel II renunció la pasada semana a utilizar sus títulos y honores reales —entre ellos el de duque de York— en un intento de reducir la presión sobre la monarquía británica. En el comunicado en el que oficializó su decisión, negó enérgicamente las acusaciones y reiteró que “jamás” conoció a las víctimas, pese a la existencia de fotografías en las que aparece abrazando a una Giuffre adolescente.
Un problema de imagen para la Corona
Su reputación quedó gravemente dañada tras la entrevista concedida en 2019 al programa Newsnight de la BBC, donde trató de defender su inocencia. Aquel intento de limpiar su imagen se convirtió en un desastre público: sus contradicciones, su falta de empatía y sus respuestas evasivas fueron interpretadas como un ejercicio de soberbia. Desde entonces, fue apartado de sus funciones oficiales y se le retiró el apoyo financiero de Casa Real, aunque continúa viviendo en una de las propiedades de la Corona.
La investigación en Estados Unidos sigue abierta y apunta a que aún quedan cabos sueltos por resolver. Se analizan los nombres de figuras relevantes que podrían haber participado o encubierto las prácticas de Epstein, cuyo suicidio en prisión en 2019 no detuvo las pesquisas.
Mientras la presión crece, la monarquía británica intenta mantener las distancias. El rey Carlos III, que en los últimos meses ha buscado proyectar una imagen de modernidad y transparencia institucional, enfrenta un nuevo reto reputacional que amenaza con ensombrecer su reinado. Para buena parte de la opinión pública británica, la renuncia de Andrés a sus títulos resulta insuficiente. Algunos sectores conservadores incluso piden su expulsión definitiva del país, alegando que su presencia “daña la credibilidad de la Corona”.
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