Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla de 786 euros cada una

Los consejeros del Tribunal de Cuentas han decidido recuperar una tradición: llevar en sus actos institucionales una medalla. El órgano fiscalizador, que depende de las Cortes Generales y se encarga de auditar la gestión económica del sector público, ha aprobado un contrato para comprar 12 medallas, una para cada consejero. El coste total ha sido de 9.435,1 euros, es decir, 786 euros por medalla, que ha suministrado la empresa especializada en condecoraciones Cejalvo. Cada consejero tiene una retribución anual de 130.771,62 euros. Ninguno de ellos ha rechazado la condecoración.

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y el Senado (seis cada Cámara) por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, abogados, magistrados o economistas con más de 15 años de ejercicio. En la práctica, sin embargo, se trata de una institución muy influenciada por los dos grandes partidos, PP y PSOE, que han venido poniéndose de acuerdo para repartirse los puestos y colocar en este organismo a profesionales de su órbita. El Gobierno socialista y el PP pactaron la última renovación del Pleno del Tribunal en octubre de 2021, donde Podemos consiguió colocar a un consejero: Luis Antonio de Padua Ortiz De Mendívil Zorrilla. Su mandato dura nueve años.

Su presidenta es Enriqueta Chicano, elegida por primera vez en 2021 y reelegida en el cargo en noviembre de 2024. Un portavoz del Tribunal de Cuentas ha explicado a Infobae España que el Pleno, formado por los 12 consejeros y el fiscal, acordó, “en una decisión colegiada, recuperar esta tradición institucional que es habitual en todos los Plenos. Consiste en que todos los consejeros y consejeras, con la excepción del Fiscal del Tribunal, que dispone de la insignia de su propio organismo, cuenten con esta distinción. Hasta el momento el actual Pleno no disponía ellas”.

La medalla está esmaltada en baño dorado que representa la imagen de Juan II, rey de Castilla y León, bajo cuyo reinado se crearon la Casa de Cuentas de Valladolid y la Contaduría Mayor de Cuentas, antecedentes históricos del actual Tribunal de Cuentas. “Con esta recuperación, el Tribunal de Cuentas, al igual que otras instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía... preserva un símbolo propio de su identidad institucional”, señala el mismo portavoz. El Tribunal no ha querido facilitar una imagen de la medalla ni la empresa que la ha hecho la tiene colgada en su página web.

El presupuesto del Tribunal de Cuentas es de 78,3 millones de euros, de los que 68,5 millones son destinados a gastos de personal. Este diario ha intentado conocer la opinión sobre este nuevo gasto protocolario a los principales sindicatos de la institución, CSIF, CCOO y UGT. Sin éxito. Trabajadores del Tribunal han señalado que la medalla es una “anécdota” en relación a los gastos que hay en el órgano: “Cada consejero tiene derecho a dos asesores o secretarias y tienen coche oficial”.

El Tribunal de Cuentas no es ningún juzgado y tampoco está sometido al Poder Judicial. No puede decretar penas de cárcel, pero sí exigir multas millonarias, aunque los condenados no se hayan sentado en el banquillo de los tribunales ordinarios por malversación. El Tribunal de Cuentas ha hecho frente a cuestiones especialmente conflictivas en esta última etapa, como el debate sobre la admisión o no de los avales de la Generalitat a los líderes del procés para evitar que sufrieran el embargo de sus bienes o los informes sobre las contrataciones extraordinarias de material sanitario relacionado con la pandemia del covid. Además de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas se encarga de enjuiciar a quienes causen quebranto a los caudales públicos.