Historiales médicos desaparecidos, dimisiones y denuncias de homicidios imprudentes: radiografía de la crisis de los cribados en Andalucía

La crisis sanitaria por los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDP-CM) ha provocado una cascada de denuncias, reacciones institucionales y dimisiones. Con más de 20.000 mujeres potencialmente afectadas, según la denuncia interpuesta por el Defensor del Paciente, la situación se ha convertido en uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años.

El Defensor del Paciente ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Superior de Andalucía contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por una posible “dejación de funciones” en la gestión del cribado. Según la organización, los retrasos en la comunicación de resultados y diagnósticos “podrían haber declinado en el agravamiento de la enfermedad, la pérdida de calidad de vida e incluso mayores costes para la sanidad pública”.

Por eso, el impacto político no se ha hecho esperar. La primera dimisión fue la de la Consejera de Salud, Rocío Hernández, quien renunció a su puesto el 8 de octubre tras conocerse el alcance del fallo en el sistema. Ahora, la segunda víctima es Javier Castell Monsalve, jefe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, confirmó su dimisión este martes y anunció que “no será la única”. Además, pidió disculpas a las afectadas y adelantó una reforma integral del SAS con el objetivo de “modernizar una estructura rígida” e incorporar tecnologías de inteligencia artificial y digitalización de los expedientes.

“Auditaremos lo que haga falta. La sanidad pública es uno de nuestros pilares del Estado del bienestar, apostamos por ella como nunca, nunca ha habido tanta inversión como ahora, casi 16.000 millones de euros”, subrayó Moreno.

El presidente se comprometió a que todas las mujeres afectadas sean atendidas antes del 30 de noviembre, que contratará a 119 sanitarios especializados en radiología y se hará una inversión de 12 millones de euros.

El recorrido legal de las afectadas se avecina arduo. En su comunicado, el Defensor del Paciente advierte que “las usuarias de la sanidad andaluza que puedan acreditar que no se les comunicó una prueba dudosa que obligaba a realizar un seguimiento especial y quieran pedir responsabilidades al SAS o a su aseguradora deberán tener presente una serie de pautas”.

Entre los requisitos, se exige documentar la falta de comunicación, el diagnóstico oncológico en estadio avanzado (II, III o IV) y la relación temporal entre ambos hechos. “Es muy importante el estudio individual de cada caso” insisten.

Por último, recuerda que “si no han quedado secuelas, no es reparable. Legislan los políticos; no los jueces ni mucho menos los letrados”, por lo que el criterio jurisprudencial de pérdida de oportunidad terapéutica reduce las indemnizaciones en la mayoría de los casos, aunque se gane la demanda.

Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha sumado a las protestas y ha iniciado una investigación de oficio tras conocerse “las graves disfunciones” del programa de cribado. La institución expresó su “consternación” y “honda preocupación” por los hechos, señalando que lo ocurrido “pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma”.

Maeztu considera especialmente grave que “las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones ‘dudosas’ o ‘no concluyentes’ (BI-RADS 3) no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo”.

“La ausencia de comunicación, además de lesionar derechos, puede suponer una pérdida de oportunidad asistencial y generar daños evitables”, advirtió el Defensor, recordando que el derecho de las pacientes a conocer sus resultados está protegido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.

La investigación se centrará en las causas de la falta de comunicación, la atención a las mujeres afectadas, la evaluación del programa y los resultados de la auditoría interna. Maeztu destacó que “es la primera vez en 30 años que la institución se ve obligada a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales”, debido a la “alarma social generada”.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha dado un paso más al denunciar ante la Fiscalía la presunta desaparición o alteración de historiales médicos de mujeres afectadas. Su presidenta, Ángela Claverol, alertó de que “estamos dejando en un estado de indefensión a muchas mujeres que quieren denunciar su caso”.

Amama asegura que en algunos historiales han desaparecido mamografías o se han modificado resultados dentro de las plataformas ClickSalud o Diraya, los sistemas oficiales de gestión del SAS. “Ya no pone lesión sospechosa, sino probablemente benigna” o “en algunos casos se ha eliminado el nombre del radiólogo responsable”, explicó Claverol, quien calificó estos hechos como un posible delito de obstrucción a la justicia.

Según la Junta, son 2.000 mujeres las que se han visto afectadas (1.800 en el Hospital Virgen del Rocío), pero desde Amama cuestionan esa cifra: “Sabemos que no son 2.000 porque seguimos recibiendo llamadas y ellos dicen que ya han llamado a todas”, denunció Claverol.

Pero la crisis también ha llevado a las familias a buscar una solución individual. El bufete Sires Abogados ha presentado una querella por homicidio imprudente contra el SAS tras la muerte de un hombre con cáncer de mama que, según su familia, no recibió seguimiento oncológico durante más de una década.

El abogado José Antonio Sires sostiene que “la muerte deriva de la omisión de un deber y existe causalidad entre la omisión y el fallecimiento”. El letrado argumenta la posible concurrencia de delitos de omisión del deber de prestar servicios sanitarios (artículo 196) y dejación de funciones (artículo 409) del Código Penal.

El paciente, diagnosticado en 2005, dejó de recibir seguimiento tras incorporarse al sistema sanitario andaluz: “Quien tenía la obligación legal de prestar servicios sanitarios no lo hizo, aunque tenía conocimiento de un riesgo grave para la vida o integridad física de las personas”, sostiene el bufete en un comunicado.