El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

Los documentos expedidos a mayores de 70 años y personas con gran invalidez deberán adaptarse al nuevo modelo europeo

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Unos ancianos y un DNI
Unos ancianos y un DNI permanente (Montaje Infobae)

El Gobierno ha anunciado que los ciudadanos españoles que dispongan del denominado DNI permanente deberán renovarlo antes del 3 de agosto de 2031. Esta fecha se corresponde con el límite fijado por la normativa europea que establece la eliminación progresiva de este tipo de documentos, con el objetivo de unificar y modernizar los sistemas de identificación dentro de la Unión Europea.

La medida se recoge en una respuesta escrita del Ejecutivo al senador del Partido Popular José Antonio Monago, quien había formulado una pregunta en la Cámara Alta a raíz del caso de un ciudadano que no pudo embarcar en un vuelo por poseer un DNI permanente.

Fin del DNI permanente tras décadas de uso

Hasta la fecha, el Documento Nacional de Identidad permanente se concedía a las personas mayores de 70 años, que quedaban así exentas de renovaciones periódicas, y a personas mayores de 30 años que acreditaran oficialmente una gran invalidez. Su propósito era ofrecer una mayor comodidad a estos colectivos, evitando desplazamientos innecesarios y trámites administrativos.

No obstante, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad, ha introducido nuevos requisitos técnicos y de interoperabilidad que obligan a todos los Estados miembros a adaptar sus sistemas. El reglamento establece que los DNI deberán incorporar elementos de seguridad avanzados, como un chip electrónico con datos biométricos —imagen facial y huellas dactilares—, así como un diseño normalizado que permita su reconocimiento en cualquier país de la Unión.

De acuerdo con esta normativa, todos los documentos nacionales de identidad que no se ajusten a los criterios europeos dejarán de ser válidos a su expiración o, en cualquier caso, el 3 de agosto de 2031 como fecha límite. Esto significa que incluso los DNI permanentes deberán ser sustituidos por versiones compatibles con el nuevo formato europeo.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un DNI español. (LinkedIn)

01-01-9999

El Gobierno ha explicado que los titulares de DNI permanentes podrán renovarlos de forma voluntaria y sin necesidad de cita previa en las Unidades de Documentación de la Policía Nacional. Según fuentes del Ministerio del Interior, se habilitarán procedimientos simplificados para facilitar el proceso, especialmente a las personas mayores o con movilidad reducida.

Además, el Ejecutivo ha aclarado que, aunque desaparece la categoría de “permanente”, los nuevos documentos para mayores de 70 años mantendrán una validez extendida superior a diez años, tal como establece el Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, que regula actualmente el DNI. De este modo, los ciudadanos de edad avanzada no tendrán que realizar renovaciones frecuentes.

En los nuevos modelos, la fecha de caducidad que se mostrará en el documento será simbólica: 01-01-9999. Esta medida pretende conservar la práctica habitual de que los mayores no tengan que preocuparse por la renovación periódica, aunque, técnicamente, el documento tendrá una vigencia limitada a efectos legales según la normativa europea.

Integración con el DNI electrónico europeo

La transición hacia el nuevo modelo también permitirá a los ciudadanos beneficiarse de las funcionalidades del DNI electrónico europeo (eIDAS 2.0), un sistema que refuerza la identidad digital en el ámbito comunitario. Este documento incluirá certificados de firma y autenticación que facilitarán el acceso a la administración electrónica y a servicios públicos y privados en línea en toda la Unión Europea.

En el año 2021 entró en vigor el nuevo DNI 4.0, también conocido como DNI Europeo, cumpliendo así con todas las exigencias del nuevo reglamento de la Unión Europea. (Europa Press)

Con esta actualización, España se alinea con el resto de Estados miembros que ya han iniciado la sustitución de sus documentos nacionales de identidad para adaptarse a las exigencias del reglamento comunitario. Bruselas busca con ello garantizar la interoperabilidad, reforzar la seguridad contra la falsificación y promover la transformación digital en el espacio europeo.