La crisis financiera que atraviesan las universidades públicas madrileñas tiene un denominador común: la infrafinanciación. Con el paso de los años, esta falta económica ha llegado a un punto donde la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a intervenir con un préstamo de 34,5 millones de euros para la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La ayuda busca paliar la “deficitaria situación económica” del centro, según la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, precisó que el objetivo es que la Complutense “pueda hacer frente a sus obligaciones ante terceros y también para el pago de nóminas a final de año”.
Pero la operación, en sus fases iniciales, ha estado condicionada a la presentación de un plan económico-financiero que incluya “medidas reales y efectivas de contención del gasto”, tal y como exigió el consejero de Educación, Emilio Viciana, en una carta enviada al rector de la universidad, Joaquín Goyache, a la que tuvo acceso Europa Press.
Un préstamo con condiciones
Viciana subrayó que la universidad “tendrá que presentar medidas para corregir esa situación de déficit con un ajuste financiero” y afirmó que esta exigencia “está fijada en la normativa de los presupuestos generales” de la Comunidad.
En Telemadrid, explicó que es imprescindible para que la UCM pueda abonar la nómina de diciembre y la paga extra de Navidad a sus 11.000 empleados. La entrega de los fondos es “inminente”, aunque la universidad debe “equilibrar sus cuentas” y “presentar un plan económico-financiero”, insistió.
La Complutense rechaza hablar de rescate
Desde la propia UCM, se ha emitido un comunicado en el que se recalca que la situación financiera de las universidades públicas madrileñas es consecuencia de una “infrafinanciación que nos afecta desde la crisis económica de 2008”, y que pone de manifiesto “la necesidad de un nuevo modelo de financiación acorde a las necesidades actuales”.
El texto añade que “la Universidad Complutense no se encuentra en una posición singular, sino dentro de una realidad que comparten las universidades públicas madrileñas”, y cita a la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) para recordar que “la combinación del incremento de los costes energéticos, la inflación y la necesidad de actualizar los modelos de financiación ha afectado de forma generalizada a los presupuestos universitarios”.
La Complutense rechaza la calificación de “rescate” y precisa que, “ante el retraso en la modificación del sistema de financiación de las universidades públicas madrileñas, se ha solicitado un préstamo a la Comunidad de Madrid, no un rescate”.
Además, defiende que el incremento del gasto de personal responde a “circunstancias ajenas a la propia gestión universitaria”, como la asunción de los costes de la seguridad social de todo el personal, el aumento de sexenios y quinquenios del profesorado y el refuerzo en Ciencias de la Salud por exigencia legal, “incrementos que no se han visto correspondidos por la financiación ordinaria”.
Un “parche” en el sistema
El malestar por la situación se ha extendido a los sindicatos universitarios. Desde CGT-UCM se ha calificado el préstamo de “juego de trileros”, mientras que UGT ha advertido que “no resuelve la infrafinanciación” y que “no es una solución real, sino un parche que perpetúa el problema”.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, ha criticado que el rescate financiero de 10 millones de euros extra a las universidades madrileñas esté “condicionado a recortes de gastos” y considera la cantidad “muy escasa”.
Y es que, “el Gobierno de España ha incrementado en más de un 50% las transferencias a las comunidades autónomas, con la expectativa de que ese esfuerzo repercuta en servicios públicos esenciales como la universidad o la sanidad”, recordaron desde el Ministerio.
El Ejecutivo central también ha advertido que la nueva ley autonómica, que exige que las universidades capten al menos un 30% de sus fondos de fuentes externas, “erosiona la autonomía universitaria, favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad”.
La Rey Juan Carlos, también en el punto de mira
El consejero Viciana reconoció que “hay datos públicos en los que nos encontramos que hay alguna otra universidad, en concreto la Universidad Rey Juan Carlos, que también se encuentra en una situación de déficit”. No obstante, dijo que el Gobierno regional “se situará a su lado y ayudará en todo lo que sea necesario”.
Desde la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) explicaron que el equipo rectoral ha adoptado medidas de contención del gasto, como el incremento de la carga docente del profesorado para evitar nuevas contrataciones (que habrían supuesto entre 10 y 12 millones de euros anuales), y el rediseño del plan de infraestructuras para no iniciar nuevas obras que no sean imprescindibles.
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