Nuevo impuesto para los coches diésel y gasolina, incluidos aquellos con etiquetas B y C de la DGT

Según Regreso al futuro II (Robert Zemeckis, 1989), los coches voladores que funcionaban con compost ya serían en 2025 una realidad incluso algo anticuada, ya que Marty McFly conducía uno en 2015. No obstante, en el 2025 de la no ciencia ficción, los coches voladores están un poco lejos del presente. Sin embargo, el uso generalizado de los coches eléctricos está cada vez más cerca, o al menos eso se propone la Ley de Movilidad Sostenible que aún está pendiente de ser aprobada.

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible el pasado 8 de octubre con 174 votos a favor y 4 abstenciones, pero el texto aún debe hacer una parada en boxes antes de volver a la Cámara Baja. A lo largo de este próximo mes de noviembre, el Senado revisará la Ley, cuyo objetivo principal es avanzar en la implantación de la movilidad eléctrica y ecológica. Si no realiza ninguna modificación, el texto volverá al Congreso para su aprobación.

El objetivo de esta ley radica en desincentivar el uso de coches diésel y gasolina, sobre todo aquellos que lleven circulando más de 10 años. Este propósito abarca, entre otras cosas, las tasas para los vehículos que posean las etiquetas B y C de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Para poder llevar a cabo este marco normativo, la ley permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de la ciudadanía. Cabe destacar que las Zonas de Bajas Emisiones dependen de los consistorios, tanto para su regulación como delimitación.

La nueva Ley de Movilidad Sostenible busca acercar al presente los desplazamientos ecológicos, así como que estos estén al alcance de la ciudadanía. Por este motivo, el Congreso se ha comprometido a estudiar, en un plazo máximo de 12 meses, un cambio sustancial en las etiquetas medioambientales de la DGT. Como se puede leer en la web de la Moncloa, este análisis detallado concluirá con exigencias más estrictas para alcanzar los distintivos Cero Emisiones y ECO. La introducción de nuevas etiquetas medioambientales es otro de los pilares que introduce la Ley. Para ello, el Gobierno facilitará a los ayuntamientos crear tasas o recargos adicionales de circulación en función de lo que emita cada coche o de la etiqueta medioambiental que tengan.

Además, la Cámara Baja ha impulsado la aprobación de un nuevo Plan Renove para incentivar la compra de coches ecológicos y la obligatoriedad de multiplicar los puntos de carga para vehículos eléctricos. Este tipo de planes consisten en ayudas públicas que promueven la sustitución de bienes antiguos por otros acordes a las propuestas que, generalmente, vienen de Europa.

Además de las modificaciones que introduce la Ley de Movilidad Sostenible para los vehículos particulares, también regula el sistema de concesiones de autobuses. El propósito de regular el transporte público es garantizar que ningún ciudadano deje de viajar, para lo que el Ministerio ha asegurado que introducirá paradas en todos los municipios atendidos por concesiones estatales en caso de que las administraciones autónomas no acepten prestar los servicios que les competen. Según cifras aportadas desde Moncloa, el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del transporte, por lo que se pretende avanzar con ello en la descarbonización.

Además, el marco normativo que está a la espera de ser aprobado introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 trabajadores por centro (o 100 por turno) dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Según se destaca en el comunicado de prensa, “las empresas podrán optar por distintas alternativas, como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo, o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo”.