Siete años de promesas de Sánchez para solucionar la crisis de la vivienda: qué ha cumplido, qué no y cuáles no le dejan cumplir

El acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y se nota en los discursos políticos. Durante las últimas semanas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tanto a comunidades autónomas como a los diputados y diputadas del Congreso, pero sin mucho éxito.

Estas nuevas medidas, que contemplan una inversión de 7.000 millones de euros destinada a aliviar la presión del mercado inmobiliario y a facilitar el acceso a la vivienda, no han convencido al resto de partidos políticos. Aquellos que apoyan al Gobierno, como Sumar, ERC o Podemos, criticaron el plan por considerarlo “insuficiente”. Por su parte, la oposición, con PP y Vox a la cabeza, sostuvieron que los anuncios del Ejecutivo en materia de vivienda son “de cartón piedra” porque no cumplen con lo prometido.

Desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa en 2018, se han lanzado muchos compromisos electorales en materia de vivienda. El propio presidente ha asegurado en varias ocasiones que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Sin embargo, los datos demuestran que es una verdad a medias.

De las promesas más llamativas, y que más le recriminan al Gobierno central desde la oposición, es la que hizo Sánchez durante la campaña electoral de 2023, momento en el que prometió levantar 184.000 viviendas de alquiler asequible en todo el país. Dos años después, aún no se han entregado ni construido todas.

Hace unos días, la ministra Rodríguez sostuvo en una entrevista en Onda Cero que ya se habían adjudicado alrededor de 100.000 de las casas prometidas, y el mismo presidente afirmó poco después que se habían “construido 80.000 viviendas de alquiler asequible”. Sin embargo, una parte de estas construcciones —y algunas no están empezadas— provienen de proyectos locales previos.

Así lo recalcan desde Newtral, aclarando que los datos de Sánchez provienen de agosto de 2024, cuando el Gobierno garantizó haber “movilizado 80.745 viviendas del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible”. Desde Moncloa también reiteraron que dentro de esas más de 80.000 viviendas de alquiler asequible hay diversos proyectos desarrollados por ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos: “Más de 300 acuerdos con las comunidades autónomas y entidades locales” para la construcción de “más de 8.000 viviendas”, y otros 556 acuerdos formalizados “para la construcción de 24.283 viviendas” de alquiler social, según el comunicado del Ejecutivo.

Una de las primeras promesas anunciadas viene de 2018, cuando el presidente socialista aseguró que prohibiría la venta de vivienda pública a fondos buitre, una medida que no se ha llevado a cabo, al menos no del todo. La Ley de Vivienda de 2023 dificulta la venta de vivienda pública al sector privado, como los fondos buitre, pero no la penaliza completamente. Según la normativa, una comunidad autónoma puede vender viviendas públicas a capital privado si justifica la descalificación del suelo y han transcurrido 30 años desde su calificación, o cuando las viviendas no se encuentran en una reserva de suelo ni cuentan con ayudas públicas.

En otro anuncio más reciente, del pasado mes de abril, Sánchez presentó el PERTE de Vivienda Industrializada, un plan con 1.300 millones de euros para levantar 15.000 viviendas anuales mediante construcción modular. De momento, el proyecto se encuentra en fase inicial.

Otra de las proclamas estrella de los últimos años fue la creación de una empresa pública nacional de vivienda, destinada a promover y gestionar el parque público. Y, aunque el suelo estatal a través de SEPES se ha puesto en marcha, la entidad no se ha constituido como tal. En este 2025, Sánchez también ha prometido asegurar que la vivienda protegida mantenga su condición indefinidamente, una iniciativa planteada, pero que aún no cuenta con desarrollo normativo.

Y entre las últimas medidas, figura la transformación de pisos turísticos irregulares en alquiler permanente, además de una ayuda de hasta 30.000 euros para jóvenes que alquilen con opción a compra. Ambas, al haber sido dos iniciativas anunciadas hace poco más de un mes, no están aún en vigor.

Algo que sí consiguió sacar adelante el Gobierno fue la Ley de Vivienda, en mayo de 2023. La norma introdujo límites al alquiler en zonas tensionadas, mediante un índice de referencia que permite fijar topes al precio máximo que pueden cobrar los propietarios. Además, refuerza los derechos de los inquilinos, y define por primera vez la figura del “gran tenedor”, aquel que posee más de diez viviendas, y le impone obligaciones adicionales, como ofrecer alquiler social antes de iniciar un desahucio.

Pero su impacto depende de las comunidades autónomas, y no todas se han acogido a ella. Cataluña y Baleares han sido las primeras en aplicarla. Mientras, otras regiones, casi todas gobernadas por el PP, ni siquiera han declarado zonas tensionadas.

Lo mismo ocurre con el Bono Joven de Vivienda, una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años, y que fue una de las primeras medidas concretas del Ejecutivo. Se aprobó en 2022, pero su despliegue ha sido irregular porque cada comunidad lo gestiona a su ritmo y muchos solicitantes se quedan fuera de conseguirla.

Por otro lado, desde 2018, Sánchez ha prometido endurecer la normativa del alquiler y penalizar la vivienda vacía en manos de grandes tenedores. Y, aunque se han aprobado modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos y herramientas de sanción, que han dado más “estabilidad y seguridad al alquiler de vivienda”, según el Ministerio de Vivienda, su aplicación sigue siendo escasa.

Además, el Gobierno ha activado líneas de avales y préstamos por más de 4.000 millones de euros a través del Plan de Recuperación. No obstante, desde la plataforma Idealista recalcan que, hasta ahora, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha aprobado 59 operaciones de su línea ICO-Vivienda, movilizando 726 millones de euros para financiar la construcción de más de 6.000 viviendas de alquiler social o asequible. Y hay otros 1.600 millones destinados a proyectos en fase de estudio que podrían ampliar esta cifra.

En cuanto a la Línea de Avales para la adquisición de la primera vivienda, dotada con 2.500 millones de euros, solo ha respaldado hasta la fecha 7.887 hipotecas, lo que representa aproximadamente el 8% del total disponible. Según El Mundo, estas cifras bajas se deben a unos estrictos requisitos, que no todos los solicitantes cumplen, y a un proceso burocrático complejo en el que, además, es necesario firmar primero la hipoteca y después solicitar el aval, lo que implica que el banco asume, al principio, la totalidad del riesgo.