El próximo 29 de octubre, un juzgado de Madrid podría ordenar el desahucio de Maricarmen, de 87 años, quien ha vivido en la calle Sainz de Baranda, en el barrio de Ibiza, desde que su padre firmó un contrato de arrendamiento en 1956.
“El próximo 29 de octubre, un juzgado pretende expulsar a Maricarmen de la casa que lleva habitando desde 1956”, denuncia el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid en un comunicado al que ha tenido acceso Infobae España.
Maricarmen heredó el contrato tras la muerte de sus padres y la de su madre en 2005. Desde entonces, ha vivido bajo las mismas condiciones: una renta que se actualizaba cada año según el IPC, además de otros gastos como el IBI. “Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones… durante casi 20 años”, detalla el sindicato.
El contrato, firmado durante la dictadura franquista, refleja además las desigualdades de la época: “Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio”, señalan la organización.
El conflicto con Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios españoles. Dos años después, la empresa ofreció a Maricarmen comprar el piso, pero la pensionista no pudo asumir el precio. “Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias”, explica el sindicato.
Los nuevos propietarios argumentan que el contrato de Maricarmen debía haberse extinguido en 2007. Aunque la justicia le dio la razón en primera instancia, recurrieron hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa en marzo de 2025. “El motivo es que la segunda subrogación del contrato solo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%”, precisa la organización.
Maricarmen, con movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50%, no cumple ese requisito, pese a los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación.
Actualmente, Urbagestión exige un alquiler mensual de 1.650 euros, mientras la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros. “En caso contrario, le da de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 69 años”, advirtió el sindicato.
Estrategia y contratos indefinidos
Maricarmen ha decidido resistir: “Ha anunciado su decisión de permanecer en casa, cueste lo que cueste”, afirma el sindicato, que la acompaña en la estrategia #NosQuedamos contra los desahucios invisibles. Esta iniciativa busca frenar la escalada de los alquileres y proteger a los inquilinos cuando los propietarios intentan imponer subidas abusivas o expulsiones.
“La estrategia #NosQuedamos es la única forma efectiva de frenar la escalada de los alquileres en ciudades que, como Madrid, se niegan a aplicar la regulación de precios prevista en la Ley de Vivienda estatal”, destaca la organización.
El caso de Maricarmen subraya la urgencia de implementar contratos de alquiler indefinidos, que garanticen estabilidad y permitan proyectos de vida a largo plazo. “Los contratos indefinidos son clave para que no puedan expulsarte de tu casa tras 70 años viviendo en ella o para poder hacer proyectos de vida estables y a largo plazo”, defiende el sindicato.
Una movilización por el derecho a la vivienda
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid convocó a activistas y vecinos para defender la vivienda de Maricarmen el 29 de octubre a las 8:30 horas. “Frenar esta expulsión es una forma de luchar por el derecho a la vivienda de todos los madrileños”, concluyen en su comunicado.
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