La crisis de vivienda agrava la pobreza en España: 4,1 millones de personas viven en pobreza severa

El riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) ha disminuido en el último año. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN) calcula una disminución de, 0,7% en la tasa AROPE, que pasa del 26,5% al 25,8%, es decir, hay unas 200.000 personas que han salido del riesgo de pobreza. También significa que unos 12,5 millones de personas viven en riesgo de pobreza y, de ellas, 4,1 millones están en situación de pobreza severa.

Según EAPN, “España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea (UE) en todos los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad, y es el cuarto Estado con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social”. En este escenario la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores generadores de pobreza en el país. El incremento constante de los precios en la última década ha hecho aumentar el gasto de las familias, especialmente de quienes viven en régimen de alquiler, que pagan casi el doble que aquellos con hipoteca. Según la EAPN, el precio de los alquileres ha subido un 39,3% desde el 2014, casi el doble que las hipotecas (20,1%).

Las diferencias son mayores en comunidades autónomas con más presión en el mercado inmobiliario: en Baleares, los precios de la renta se han incrementado un 77,6%, mientras que las hipotecas tan solo han crecido un 16,4%. En Canarias, los alquileres han subido un 68,1% desde el 2014, siendo además la comunidad donde más han crecido las cuotas hipotecarias (31,4%).

El aumento del alquiler ha supuesto un golpe para los bolsillos de las familias, especialmente en la Comunidad de Madrid, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña. En estas cuatro comunidades, la ciudadanía debe destinar el 40% o más de su salario a la vivienda. Este gasto no debería superar el 30%, en condiciones ideales, pero en estas regiones entre el 8 y el 12% de la población debe pagar más del 40%.

El informe de EAPN resalta que “el territorio constituye un factor importante de desigualdad” en España. Las tasas de pobreza varían en hasta 20 puntos dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida, con grandes diferencia entre el norte y el sur del país. La EAPN considera que una persona está en riesgo de pobreza si vive en un hogar con menos de 965 euros al mes.

Andalucía (29,3%), Extremadura (27,5%), Castilla-La Mancha (27,4%) y la Región de Murcia (26%) presentan las tasas de pobreza más elevadas, pero son las dos ciudades autónomas las que registran mayores valores. El problema es especialmente acusado en la ciudad de Melilla, donde cerca de la mitad de la población vive con menos de 965 euros al mes (41,4%).

En el norte, en cambio, la tasa de pobreza está siempre por debajo de la media estatal, con Euskadi (9,4%), Baleares (11,3%), Cataluña (12,9%) y Navarra 14,2%). Pese a sus buenos datos, la pobreza sigue alcanzando a la población de estas comunidades incluso con mayor intensidad que en otras. Aunque menos personas vivan en el umbral de la pobreza, más del 45% lo hace en situación severa, con menos de 644 euros al mes. A nivel estatal, el 8,4% de la población vive en pobreza severa, 4,1 millones de personas.

Las tasas de pobreza infantil también son preocupantes. La EAPN afirma que España tiene la tasa de pobreza infantil “más alta de la UE”, con 2,3 millones de niños y adolescentes en situación de pobreza. La situación se mantiene más o menos estable desde el año 2008, lamenta la red europea, que señala que más de una cuarta parte de los menores españoles viven en familias de pocos recursos.

La organización insiste en que “urge un pacto de Estado contra la pobreza”, que actualmente se encuentra parado en el Congreso. “Aunque se haya constatado el impacto positivo de las políticas sociales aprobadas frente a las últimas crisis, la mejora no está alcanzando la intensidad suficiente para proteger a la población que vive en condiciones más precarias”, destacan. Por ello, piden a los poderes públicos garantizar ingresos dignos en todas las etapas de la vida, con un acceso a la vivienda digna, empleo y salarios de calidad, educación inclusiva, políticas de cuidados y corresponsabilidad, propuestas para luchar contra la aporofobia y fomento de la gobernanza.