
Ricardo Ayala es abogado y una de las caras visibles de ‘Juristas contra el Ruido’, una asociación de profesionales del derecho que se creó en 2001 en Granada y que ya está implantada en todo el territorio nacional. Su principal objetivo es ayudar jurídicamente a todos aquellos ciudadanos que tienen problemas de ruido en unas ciudades cada vez más proclives al ocio y al turismo, y más hostiles contra el descanso y el bienestar de sus vecinos. La asociación, por ejemplo, encabeza la defensa de los residentes del entorno del estadio Santiago Bernabeú que no quieren conciertos masivos y también de algunos vecinos de la urbanización Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes, que han conseguido abrir una causa judicial contra los gestores del circuito del Jarama.
- Pregunta: ¿Las Administraciones protegen a los ciudadanos contra el ruido?
- Respuesta: Todo lo contrario. Las administraciones son el cáncer del ciudadano contra el ruido. Hay legislación, homologable a la europea, pero se queda en muchas ocasiones en mero papel que no se cumplen por las propias Administraciones cuando ellas son, por ejemplo, promotoras de conciertos y actividades deportivas. Dan licencias y miran para otro lado. El principal problema del ciudadano son sus ayuntamientos y sus comunidades autónomas.
- P: Es duro lo que dice.
- R: Sí. El ciudadano piensa que sus ayuntamientos le van a proteger del ruido de los bares, de los botellones, de los conciertos, de las actividades multitudinarias... y es todo lo contrario, cubren el expediente, ponen a lo mejor alguna sanción o se limitan para mirar para otro lado. De hecho, muchos ciudadanos llegan desesperados a los despachos de los compañeros de la asociación. Y eso que la Administración puede actura de oficio, tiene la potestad de control y gestión del ruido.
- P. Y en la mayoría de las ocasiones la Administración no entra de oficio, no hace una labor de control.
- R: Hay que tener en cuenta que en el año 2013 cambia el modelo de licencias. Hasta ese momento tenían que darte una licencia para abrir un bar, o una cafetería, o un gimnasio. Pero por normativa europea para fomentar la competitividad de las actividades y la economía, se quitan trabas a esas licencias. Para que las actividades se abran cuanto antes y puedan ser más dinámicas. Surge la declaración responsable, que yo llamo la declaración irresponsable, porque bajo la irresponsabilidad de un arquitecto o de un ingeniero dices a la Administración que tu local cumple todas las normas acústicas, de insonorización, y ya tienes la licencia. Ya irá luego el Ayuntamiento a revisarlo. Ahora, es el ciudadano que tiene problemas de ruido el que tiene que ir al Ayuntamiento a pedirle que tome medidas correctoras.

- P: ¿La hostelería es el principal problema de ruido en las grandes ciudades?
- R: Sí. Sobre todo en zonas que están saturadas, pongamos como ejemplo en Madrid las calles Ponzano, Huertas, Malasaña... Hay problemas de ruido que el Ayuntamiento permite. Y luego están las terrazas. Llegaron con el coronavirus y las Administraciones entregaron las calles a los hosteleros. La hostelería también mete discotecas en locales donde es completamente imposible mantener esas discotecas. Son actividades que tendrían que estar en un polígono industrial y están en el centro de la ciudad. Y luego está el tema de los conciertos. Los conciertos no pueden estar ni en los estadios de una ciudad, ni cerca de zonas residenciales, No pueden. Es de sentido común.
- P: Es decir, que problemas de ruido que vecinos tienen con bares y discotecas son los principales casos que llegan a los despachos de los abogados de la asociación.
- R: Sí. Un porcentaje muy alto deriva de las actividades de hostelería. Pero también ha problemas con gimnasios, que también meten música, clubes de pádel, que están a cinco metros de una vivienda. Luego tenemos problemas en comunidades de propietarios porque se desarrollan actividades en pisos turísticos. También hay casos relacionados con animales, con mascotas. Todo esto se ha acentuado mucho en las comunidades con el tema del teletrabajo.
- P: Y los ciudadanos. ¿Se están concienciando cada vez más que el ruido es un derecho y que hay que acudir a un abogado cuando hay problemas y la Administración no reacciona?
- R: Absolutamente. Además, uno de los objetivos de la asociación es que la gente conozca sus derechos y cómo defenderlos. [Ayala muestra una página del diario ‘El País’ que tiene enmarcada y colgada en la pared, del año 2000, con el siguiente titular: ‘El silencio vale millones’]. Es de las primeras sentencias. Contra una constructora que estuvo años generando ruidos y martirizando a los vecinos. Es que cuando hablamos de ruido hablamos de defender derechos fundamentales, salud, intimidad, inviolabilidad del domicilio... Eso fue un punto de inflexión. Surgió luego otro caso en Murcia contra una planta depuradora cerca de unas viviendas. Empezó entonces a desarrollarse con más fuerza una vía de protección de derechos fundamentales que ha llegado hasta el Supremo y el Constitucional. Y es que cuando la Administración no funciona, aunque lo primero que tenemos que hacer es que funcione, podemos ir contra el agresor acústico para exigirle ante los tribunales que pare su agresión y la repare. El que contamina, paga. Y sí, los ciudadanos cada vez tienen más concienciación.

- P: No solo hay que denunciar al agresor acústico, también a la Administración que lo permite.
- Sí. Son dos vías y trabajamos las dos. Lo normal es que se hagan las dos, pero pueden ser alternativas, pueden ser conjuntas o pueden ser separadas. Lo primero que hacemos es la denuncia al Ayuntamiento. Oiga, que está pasando esto, actúen. Pero es verdad que la Administración tarda mucho. Entonces también requerimos al agresor acústico que deje de molestar. Y si no se aviene, entonces pasamos con las pruebas pertinentes, mediciones, vídeos, al juzgador civil. Pero la justicia siempre es lenta, tarda mucho. El agresor acústico sabe que las indemnizaciones que le pueden caer son bajas, que le sale barato. Entonces bajo nuestro punto de vista, cuando la infracción normativa es clara y tenemos las pruebas, estamos ante un delito medioambiental, que puede afectar a la salud de los perjudicados.
- P: Si hablamos de delitos, podemos hablar de prisión.
- R: Sí. Artículo 325 del Código Penal, y 327 y 329. Que incluso se desarrolla contra las autoridades que están permitiendo eso. Porque puede haber una responsabilidad del Ayuntamiento.
- P: ¿Y la Justicia?, ¿cómo está tratando estas denuncias de ruido?
- R: Ya hay sentencias ejemplares. Y ya no sale barato cuando al agresor acústico se le lleva por lo penal. Ya hay gente que ha ingresado en prisión. Pero no todo es penal, son penal los casos graves. La siguiente frontera que tenemos que romper es que los jueces vayan entendiendo, y lo van entendiendo, que, el ruido es un factor dañino, tan importante como puede un incendio, que puede afectar realmente a la salud de las personas. Los jueces cada vez están siendo más sensibles.
- P: ¿Madrid es una ciudad ruidosa?
- R: Madrid es una ciudad ociosa. Muchas zonas de compras, de ocio, de ocio nocturno, que hay que controlar, soobre todo cuando se saturan ciertas zonas. Es una ciudad que las propias autoridades tienen planteada más como un modelo Disneylandia, Las Vegas, una ciudad espectáculo. A Madrid le queda mucho por ser una ciudad cohabitable con el ruido y medioambientalmente sana.

- P: Hablando de Madrid. Han conseguido parar los conciertos del Santiago Bernabéu. Han podido con el todopoderoso Florentino Pérez.
- R: Lo que ha dicho la Fiscalía es que puede haber delito, pero que el delito lo cometieron los promotores de los conciertos, no el Real Madrid. Las acusaciones decimos que es el Real Madrid, que es el que oferta, contrata y dice que se puede hacer ahí conciertos. Y luego habrá que dirimir si tienen responsabilidad las autoridades que lo han consentido. De momento el juez tiene como investigados al Real Madrid Estadio y al directivo que lo gestiona.
- P: ¿Cuál es el objetivo en este caso? Que no haya conciertos o que el Real Madrid haga obras de insonorización en su estadio para que no haya molestias vecinales.
- R: Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Eso es un estadio de fútbol, que puede albergar actividades deportivas e incluso culturales, fenomenal, o algún concierto de manera excepcional porque es bueno para la ciudad... nosotros lo que pedimos es que haya un nivel de ruido que cumpla la normativa. Aceptable. Y eso es incompatible con 20 conciertos al año. Los niveles de ruido han sido brutales.
- P: Otro de vuestros casos es el circuito del Jarama. Lleva años funcionando. ¿Por qué molesta ahora?
- R: Porque antes no había núcleos residenciales cerca. Ahora hace tanto ruido a los vecinos que viven al lado que hay denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente. Se trata de vecinos de la urbanización Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes. El circuito se amplió y molesta a residentes de viviendas que están al lado de una curva, que construyeron sus casas en terrenos que el RACE, propietario del circuito, les vendió. La Fiscalía ha mandado al Seprona, que ha hecho como diez mediciones. Los niveles que se oyen durante todo el día, en exterior y en interior de las viviendas, son el doble de lo permitido. De manera continuada y eso ha afectado muchísimo. Aquello es Disneylandia.
- P: Cuál es la solución?, ¿cerrar el circuito?
- R: Sí. Es que ahora el modelo de negocio es que se alquila el circuito para que el que quiera. Ya no hay unas pocas competiciones al año. Lo han convertido en un centro de ocio. Los dos directores del circuito están investigados y van a declarar el próximo día 22. Lo más curioso de todo es que durante la instrucción se ha descubierto que el circuito no tiene licencia de actividad. Estamos hablando de 1967. Funcionando desde entonces sin licencia. El fiscal ha pedido como medida cautelar que se clausule el circuito.
- P: En Madrid ahora Comunidad y Ayuntamiento apuesta por un circuito de Fórmula 1 en Ifema, pero que afectará a viviendas que están cerca. ¿Qué opinión tiene?
- R: Primero habrá que ver si ese negocio funcione. En segundo lugar, hay muy pocos circuitos urbanos. Por su propia naturaleza es que no caben. Es como meter un elefante en una chacharrería. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero si es una cosa muy puntual, excepcional, y si se demuestra que es algo muy beneficioso y tan puntual para la ciudad, pues creo que por ese camino va a resistir hasta que se pronuncien los tribunales. Porque, ¿qué vale más?, el negocio o el derecho de las personas a su salud, a su bienestar. Yo me pregunto para evitar estos problemas si no había otro sitio para construirlo. Porque estamos hablando de que un circuito de estas características tiene niveles brutales de ruido. Será una batalla judicial larga, pero creo que la pueden ganar los vecinos, porque en el conflicto de derechos siempre prima el de la persona.
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