Tres mujeres con discapacidad denuncian la discriminación sistemática al buscar empleo: “Los reclutadores de trabajo me dicen que casi todos piensan que tenemos algún retraso”

A pesar de estar altamente cualificadas, muchas personas con discapacidad siguen enfrentándose a un muro invisible al intentar acceder al mercado laboral. Las oportunidades que se les ofrecen son escasas, mal remuneradas o limitadas a ciertos sectores, mientras que los prejuicios, la desinformación y la falta de accesibilidad siguen marcando su camino profesional. Incluso cuando cuentan con formación universitaria y experiencia, la discriminación se presenta de forma sutil —o directa— en cada fase del proceso de selección.

Este es el panorama que retrata un reciente reportaje publicado por El País, que recoge los testimonios de tres mujeres que relatan en primera persona las múltiples barreras con las que se encuentran para ejercer una vida profesional plena. Alejandra Valle, bióloga de 34 años residente en Bilbao, es una de ellas. Tiene baja visión y una discapacidad física del 65%, y a pesar de haber cursado dos másteres, jamás ha conseguido un empleo más allá de prácticas. “Yo me desenvuelvo muy bien... Pero fíjate, los reclutadores de trabajo en esto de la discapacidad me han dicho que casi todos piensan que tenemos algún tipo de retraso y que no podemos hacer el trabajo”, denuncia. Incluso algunas fundaciones le han recomendado que no mencione su discapacidad en el currículum, sino que utilice el término “contratación bajo bonificación”, para que el empleador no sepa el motivo de ese incentivo.

Valle también relata que una vez le pidieron que cambiara el diseño de su currículum porque lo consideraban “infantil”. “Tenía coloreada de rosa la presentación de mi CV y otra reclutadora me recomendó quitarlo diciéndome: ‘aquí infantilizan a las personas con discapacidad’”, recuerda con frustración. Lo que más le duele, asegura, es que la cuota legal del 2% que deben cumplir las empresas para contratar a personas con discapacidad rara vez se aplica en puestos cualificados. “Ese 2% nunca son ingenieros, ni altos cargos. Cada vez que entro a un portal de empleo y voy a la sección de ofertas para discapacitados, de cada 20, 19 son empleos en limpieza, mozo de almacén o similares”.

El informe más reciente del SEPE confirma esta realidad: el 42% de los contratos para personas con discapacidad corresponden al sector de limpieza, el 16% a peones industriales y solo una mínima parte a empleos que requieren estudios superiores. Por su parte, datos del Observatorio Odismet muestran que solo el 3,5% de los jóvenes con discapacidad en España alcanza la formación universitaria, y su tasa de empleo es diez puntos menor que la de sus pares sin discapacidad.

Mari Mar Gómez, de 50 años, también vive esta exclusión. Tiene movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 94%. Aunque se ha formado como coach e integradora social, ha sido despedida de varios trabajos tras cogerse bajas por brotes derivados de su enfermedad crónica. “Me han aconsejado muchas veces que no incluya el grado de discapacidad en el currículum. Aunque sea duro que te digan eso, más duro es que ponerlo te cierre puertas”, confiesa. Para ella, lo importante no es el porcentaje, sino las capacidades reales: “Yo muchas veces prefiero decir que es un número y que no me representa. A mí me representan mis capacidades, lo que puedo hacer”.

Desde su experiencia, defiende el uso del término “diversidad funcional” como una forma más justa y progresista de nombrar su realidad. “Decir persona con discapacidad sigue promoviendo un modelo que prioriza la pena en lugar de la igualdad. Lo que aumenta las desigualdades, los guetos y el negocio a nuestro alrededor”, afirma.

La historia se repite en el testimonio de Natalia Petracca, de 52 años, abogada uruguaya que trabajó en el Ministerio de Trabajo de su país antes de mudarse a España. Sufrió una gran quemadura que dejó secuelas visibles en su rostro y cuerpo, y tiene una discapacidad del 38%. “A mí se me junta todo: el edadismo, el ser mujer, extranjera y con discapacidad”, relata. Asegura que, al incluir su fotografía en el currículum, ya se encuentra con barreras, pero si añade la palabra “discapacidad”, ni siquiera la llaman para entrevistas.

En este contexto, el Congreso de los Diputados debatió el pasado 9 de septiembre una proposición de ley impulsada por el grupo socialista para endurecer las sanciones a las empresas que no cumplan con la cuota de inclusión del 2%. La propuesta busca elevar esta infracción de “grave” a “muy grave” e incluso contempla excluir de subvenciones públicas a las compañías reincidentes.