
El personal civil de las bases estadounidenses de Rota y Morón ha denunciado un retraso en el abono de sus nóminas de este mes. Lo comités de empresas, con el apoyo del CSIF, han emitido un comunicado donde explican que el dinero depende de EEUU pero que es responsabilidad del Ministerio de Defensa. Según fuentes del sindicato, “todo apunta al cierre presupuestario” de la administración de Donald Trump como motivo de los impagos.
Esta situación afecta a más de 1000 empleados en Cádiz. Como han explicado estas mismas fuentes, el día 15 de cada mes estos trabajadores reciben un 40% de su nómina, pues dentro del acuerdo bilateral España acepta seguir el ritmo de pago estadounidense. Sin embargo, hoy no han recibido su sueldo y han reclamado información al respecto y la existencia de un plan de contingencias.
“Es responsabilidad del Ministerio”
El presidente del Comité de Empresas, Diego Lucero, del CSIF, ha explicado que EEUU tiene que aportar los fondos necesarios para que los empleados reciban su sueldo. Al tratarse de una base estadounidense, el acuerdo con España incluye que el salario del personal civil es un gasto que debe afrontar el Ejecutivo norteamericano. Sin embargo, a su vez, desde el sindicato explican que “es responsabilidad del Ministerio de Defensa español”.
Demandan que debería existir un plan de contingencias que esté preparado para cumplir con las obligaciones salariales, aunque EEUU no lo haga. Así se lo han trasladado al Almirante jefe del Arsenal de Cádiz, responsable de la plantilla afectada. También han pedido que les aporten más información sobre los retrasos.
Los responsables de la demanda consideran que este impago se debe a las restricciones presupuestarias de EEUU, aunque las fuentes del CSIF reconoce que Defensa no ha reconocido que este sea el motivo. El comité recalca que la interrupción de pagos genera incertidumbre y preocupación en toda la plantilla, para quien el salario representa su principal fuente de ingresos.
“Si no responden dentro de poco, irán más arriba”
El CSIF recuerda que estos retrasos no son atribuibles a los trabajadores españoles. “La plantilla española no debe verse perjudicada por un bloqueo presupuestario ajeno y el Ministerio de Defensa español debe velar por sus intereses”, ha explicado Lucero en un el comunicado difundido por el organismo de Cádiz.
El comité ve imprescindible que exista una respuesta eficaz desde el mando militar y que se busque una solución que impida que los civiles españoles sufran consecuencias de bloqueos en la administración estadounidense. Por ello, han comenzado contactando con el responsable de la base de Rota, pero, “si no responden dentro de poco, irán más arriba”, explican desde el CSIF, señalando que se dirigirán directamente al Ministerio.
El personal laboral local que depende del acuerdo bilateral hispano-estadounidense se distribuye principalmente entre las instalaciones militares de Rota y Morón. En la Base Naval de Rota, la plantilla civil supera el millar de personas, en Morón, hay cerca de una treintena de empleados. También existe un pequeño grupo de trabajadores administrativos en Madrid y Valencia.
Últimas Noticias
El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 21 de octubre
Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00
Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta
El trabajador consideraba que estas dolencias le impedían desempeñar tareas que implicaran exposición a barnices, pinturas o cambios bruscos de temperatura, habituales en su oficio

“10.000 euros por trabajador es lo que tiene que pagar una empresa por tener un día a un empleado sin contrato y sin papeles”: un abogado explica los riesgos
El incumplimiento de la ley laboral en España expone a las compañías a sanciones severas, inhabilitación para contratos públicos y posibles cargos penales, según explica el letrado Ignacio de la Calzada
