El Gobierno protege a las renovables frente a los precios bajos y refuerza el papel de Red Eléctrica dentro del sistema

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a un nuevo real decreto que introduce varias modificaciones importantes en la regulación del sector eléctrico español. Esta reforma del Real Decreto 413/2014, que rige la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos (conocido como régimen Recore), ha sido propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Así, el Ejecutivo pretende mantener la rentabilidad regulada de las más de 62.000 instalaciones acogidas al sistema Recore, dentro de un contexto marcado por los bajos precios de la electricidad y con un mix energético cada vez más complejo. Además, el decreto refuerza el papel del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), y promueve la integración del almacenamiento energético como pieza clave de la transición verde.

Uno de los puntos clave del nuevo decreto es la modificación del método por el que se calcula la rentabilidad regulada de las instalaciones Recore. Hasta ahora, los ingresos anuales de las plantas podían reducirse si su número de horas equivalente de funcionamiento (la relación entre la energía vendida y la potencia instalada) caía por debajo de un umbral mínimo.

Con la actualización, ya no se van a penalizar las horas equivalentes cuando la energía se venda a precio cero durante seis horas seguidas o más, ni tampoco cuando la planta no pueda generar por restricciones técnicas impuestas por el operador del sistema.

En la práctica, esto significa que las renovables no perderán dinero por causas que escapan de su control, como los momentos en los que el mercado se satura y los precios caen a cero. Según Miteco, la medida busca garantizar una rentabilidad estable y predecible para el sector, algo esencial para mantener la confianza de los inversores y continuar expandiendo las energías limpias en España.

El decreto también refuerza la seguridad del suministro mediante una mayor visibilidad y control del sistema eléctrico. A partir de ahora, todas las instalaciones de generación deberán estar adscritas a un centro de control, que comunicará en tiempo real con Red Eléctrica.

Por primera vez, esta obligación se extiende a los sistemas de almacenamiento, que tendrán que comunicar sus medidas de energía y recibir instrucciones operativas directamente del operador del sistema. También las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte deberán enviar telemedidas, mejorando así la visibilidad y capacidad de respuesta del sistema.

Otra novedad es que se cambia el orden de prioridad en el vertido de energía a la red. Las instalaciones renovables con almacenamiento serán las primeras en poder evacuar su producción, seguidas por las de cogeneración de alta eficiencia y, después, por el resto de tecnologías. De esta forma, se refuerza el papel de las energías limpias y flexibles como base del nuevo modelo energético español.

El real decreto también incluye medidas de carácter medioambiental y técnico. En línea con la legislación europea y la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, se introduce en la normativa eléctrica el principio de jerarquía de los residuos.

Esto implica que las plantas que utilicen residuos como combustible deberán acreditar la recogida separada para poder seguir recibiendo la retribución del régimen Recore. Además, las plantas que no cumplan con esa separación verán ajustada su retribución en función del porcentaje de residuos no certificados.

También se establece un límite máximo de emisiones de 270 gramos de CO₂ por kilovatio hora (kWh) para las nuevas instalaciones de cogeneración o para las que se sometan a reformas sustanciales.

Por otra parte, la cogeneración gana más flexibilidad. Las plantas podrán decidir cada tres meses, en lugar de una vez al año, como hasta ahora, si venden su energía en el mercado eléctrico o la destinan al autoconsumo, lo que les permitirá adaptarse mejor a la evolución de los precios o de la demanda.

Por último, el real decreto aclara los procedimientos que deben seguir las instalaciones afectadas por situaciones excepcionales o de fuerza mayor, como catástrofes naturales. El Gobierno ha tomado como ejemplo los casos de la erupción volcánica en La Palma o la DANA que afectó a Valencia, donde varias plantas vieron interrumpida su producción.

Asimismo, se introducen mejoras técnicas en las liquidaciones que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de hacer el sistema más ágil y transparente.

*Con información de Europa Press.