El Gobierno de Ayuso despide a 15 de los 20 inspectores que combaten la ocupación ilegal en el parque de vivienda público

La mayoría recibió vía telemática la comunicación de su cese el pasado 1 de octubre entre las 21 y las 22 horas. Con nocturnidad. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso prescinde este miércoles 15 de octubre de la mayoría de los trabajadores que forman parte del Área de Inspección de la Agencia de Vivienda Social (la AVS), la empresa autonómica que se encarga de promover vivienda pública. Según han trasladado varios de los afectados a Infobae España, 15 de los 20 trabajadores de este equipo dejarán esta semana de formar parte de él. Desde la Consejería de Vivienda señalan que sus plazas serán cubiertas gracias a la nueva Oferta de Empleo Público y que han sido cesados porque eran interinos.

“Es el desmantelamiento total del Área que lucha contra la ocupación ilegal de las viviendas que forman parte del patrimonio público de la Comunidad”, explica uno de ellos. Según los datos internos a los que ha tenido acceso este diario, actualmente la AVS tiene 2.634 pisos ocupados, de los que 259 se están intentando recuperar por la vía penal. Se trata del 10,5% del total del parque inmobiliario de la AVS.

Esta decisión implica la salida de trabajadores con dos décadas de experiencia en la lucha contra la ocupación. Entre los afectados, por ejemplo, se encuentra el responsable jurídico del Teléfono 112 AntiOcupación, una persona que ha impartido formación especializada en esta materia a otros empleados públicos de la región e incluso a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué van a ser cesados? “Todo lo que ha pasado refleja la negativa del Gobierno regional a estabilizar al personal interino, a pesar de las directrices europeas y resoluciones judiciales que instan a reducir la temporalidad en el empleo público”, explica otro de los afectados.

Muchos de estos trabajadores entraron hace muchos años en la Agencia (antes IVIMA) a través de bolsas de empleo de interinos. Pertenecen al grupo A1 y sus plazas estaban adscritas a una Oferta de Empleo Público, la de 2007, que nunca se convocó. Así que no fue hasta las ofertas de 2017 y 2019 cuando sus plazas se volvieron a vincular sin que, denuncian, se les comunicara. Procesos que han terminado ahora, bastante tiempo después, en 2025. El problema es que la mayoría de las plazas han quedado vacantes. “Nadie las quiere. Es un trabajo ingrato y retribuido cuando empiezas con unos 35.000 euros brutos anuales”.

“A pesar de que nuestras plazas han quedado vacantes en este proceso de selección, no se quedan con nosotros. Nos echan, lo que evidencia la falta de voluntad política para dotar de estabilidad a un área clave dentro de la AVS como es la Inspección”, señala uno de los cesados, que empezó a trabajar en el año 2006. “Nuestra marcha supone una pérdida de un conocimiento especializado acumulado durante décadas, difícilmente reemplazable en el corto plazo”, explica otro. “Todo esto resulta contradictorio con el discurso del Ejecutivo autonómico, que ha situado la lucha contra la ocupación ilegal entre sus prioridades. Se prescinde del único equipo con trayectoria contrastada en la materia”.

Los trabajadores aseguran que la última reunión que tuvieron con el director gerente de la AVS, Eusebio González, para tratar este tema fue en abril. “Después insistirle en varias ocasiones para intentar buscar una solución, Nos dijo que este tema no era una prioridad, que tenía que sacar adelante unos contratos y que, una vez que hubiese resuelto eso, hablaría con Recursos Humanos y Función Pública de la Comunidad”, explican los afectados. “⁠Los compañeros que nos vamos a la calle vamos a ser cesados sin indemnización. Muchos, por su edad, van a tener muy complicado entrar en el mercado labora. Así que la única opción que vamos a tener es volver a intentar entrar en lista de interinos o el paro“.

Ahora estudian emprender acciones legales. Recuerdan que la Orden 883/2022, que constituye el único proceso de estabilización que incluyó plazas del subgrupo A1, ofreció tan solo ocho plazas en toda la Comunidad de Madrid, 2 de ellas para el turno de discapacidad. “Y en el Área de Inspección de la Agencia de Vivienda Social hay 16 funcionarios interinos que llevan más de 20 años prestando servicio ininterrumpido, sin que ninguna de sus plazas fuese ofertada en dicho proceso”, señalan ahora para recordar que “no hay voluntad política” para que este equipo siga trabajando. Un portavoz de la Consejería señala que “en ningún caso” estos puestos “se quedarán descubiertos” porque estas plazas de inspección han entrado en la última oferta de empleo público “y por eso han tenido que ser cesados, al ser interinos, para que ahora puedan ser cubiertos por funcionarios que han aprobado”. Preguntado por los plazos en que se tardarán en cubrir, no hay respuesta.