Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

El Ministerio del Interior ha reiterado que no mantiene ninguna injerencia en las investigaciones que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una unidad clave en casos de presunta corrupción como el ‘caso Koldo’ o las pesquisas que afectan a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una respuesta parlamentaria dirigida al Partido Popular, el Ejecutivo ha subrayado además el refuerzo material y humano que ha experimentado la UCO desde 2018, cifrando en un 61,6% el incremento del número de agentes destinados a esta unidad.

Según los datos remitidos por Interior, el catálogo de puestos de trabajo ha crecido un 35,7% en los últimos siete años, mientras que el número de efectivos ha pasado de cubrir el 72,6% de las plazas en 2008 al 96,04% en 2025. “Desde junio de 2018, la UCO ha experimentado una evolución claramente positiva tanto en su estructura organizativa como en su dotación de personal”, recoge el texto, fechado el 23 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press.

El Gobierno responde así a una batería de preguntas del principal partido de la oposición, que se interesaba por las supuestas denegaciones de refuerzos de personal en la UCO. En su escrito, Interior sostiene que los datos demuestran “una apuesta decidida por el refuerzo operativo” de la unidad, al tiempo que recuerda que las investigaciones que lleva a cabo son siempre dirigidas por jueces y fiscales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya defendió el pasado mes de junio en el Congreso que bajo su mandato la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, lo que supone “casi duplicar la plantilla”. También aludió a un incremento en los recursos materiales y en el presupuesto asignado, con una dotación de 580 plazas en catálogo. “Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino”, aseguró el ministro durante su intervención.

Interior ha querido recalcar en sus respuestas parlamentarias que “no existen carencias presupuestarias” en la unidad. Según la estimación oficial, la UCO recibe anualmente más de 3,5 millones de euros de fondos públicos, a los que se suman partidas específicas de la Guardia Civil que rondan los 200.000 euros anuales para la adquisición de vehículos de investigación, equipos informáticos, armamento o chalecos internos, así como sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS).

El departamento que dirige Grande-Marlaska también ha detallado que entre 2018 y 2025 la UCO ha experimentado una evolución “significativa” en su capacidad de inversión con cargo a crédito ordinario, alcanzando una media anual de 1,4 millones de euros. En ese periodo, la inversión se ha duplicado, pasando de 570.000 euros en 2018 a más de 1,1 millones en 2025.

A estas fuentes de financiación se añaden aproximadamente dos millones de euros anuales procedentes de programas dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad, el CITCO, el CARTEI o el CNDES, además de fondos del Ministerio de Justicia o de origen europeo, como los del organismo OLAF.

El Partido Popular ha acusado en las últimas semanas al Ejecutivo de intentar “acallar” a la UCO mediante cambios en su cúpula, en referencia al posible relevo de su actual jefe, el coronel Rafael Yuste, que participa en los cursos de capacitación para el ascenso a general. También ha solicitado explicaciones sobre el antecesor de Yuste, Alfonso López Malo, actual general jefe de Policía Judicial, cuestionando los criterios de promoción en la Guardia Civil y un supuesto intento de traslado de este oficial fuera de España.

En su respuesta, el Gobierno ha recordado que “los mandos de la Guardia Civil tienen derecho a solicitar su promoción” conforme a la normativa vigente, sin que exista imposición alguna por parte del Ministerio o la Dirección General. El Ejecutivo lamenta que el PP parta de “premisas falsas” al insinuar interferencias políticas en los nombramientos y reitera que la UCO “actúa como policía judicial siguiendo las instrucciones de jueces y fiscales”.

Interior también ha hecho referencia a la resolución 04/2025, mediante la cual el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil convocó las XVII Pruebas de Selección para cubrir 150 vacantes en la UCO destinadas a suboficiales y guardias civiles. Se trata, según el Ministerio, de un proceso “exigente” que incluye pruebas psicotécnicas, de conocimientos y entrevistas personales, con el objetivo de garantizar un alto nivel de preparación y compromiso entre los aspirantes.

El Ejecutivo subraya, asimismo, que la asignación de unidades a las investigaciones judiciales no depende del Gobierno, sino de las autoridades judiciales competentes. “El Gobierno de España no determina qué unidad policial se encarga de las investigaciones judiciales y lo único que hace es dotar de más efectivos y medios a todas las unidades especializadas en policía judicial específica”, sostiene el texto oficial.