Los sindicatos ven en la dimisión de Rocío Hernández, ya exconsejera de Salud de Andalucía, “una oportunidad de oro” para “recuperar el sistema” sanitario

El anuncio de la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud de Andalucía ha sacudido el escenario político regional tras varios días de presión y polémica por los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, comunicó la salida de la que ha sido la tercera responsable de Sanidad bajo el mandato del Partido Popular. En palabras de Moreno, “ha gestionado con sus errores y aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de toda duda”, y definió a Hernández como “una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad”. El mandatario autonómico, subrayó la complejidad de gestionar el Sistema Andaluz de Salud, el mayor de España, y admitió que “en un sistema tan complejo pueden producirse errores. Lo difícil de entender es que hayan sido las propias afectadas quienes hayan tenido que alertar del problema”.

La decisión se produce tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama, que impidieron que numerosas mujeres recibieran el resultado de sus pruebas. Según detalló el propio presidente, este sistema atiende cada año a más de un millón de mujeres y permite detectar de forma temprana la enfermedad en unas 2.000 pacientes, lo que, según Moreno, “salva vidas gracias a la detección precoz”.

Hasta hace una semana, el presidente descartaba el cese de Hernández. En ese momento, optó por pedirle que “se afanase en localizar los errores” y que redoblase su dedicación, defendiendo que la consejería con mayor presupuesto de la Junta “no está para vaivenes, cambios y modificaciones”. Moreno informó entonces de que ya se habían activado protocolos para mejorar la comunicación con las pacientes afectadas, afirmando que la mayoría ya estaban informadas de su situación.

En los días siguientes, la situación se agravó por la presentación de denuncias ante la Fiscalía por parte de organizaciones civiles y partidos, el anuncio de nuevas demandas de pacientes y el testimonio de mujeres que desarrollaron tumores sin conocer el resultado de su cribado. El ambiente se tornó insostenible ante la cascada de relatos sobre casos no notificados y el goteo constante de críticas a la gestión de la consejería.

El relevo de Hernández recibió rápida respuesta de los sindicatos. Según información de Europa Press, desde UGT Andalucía la noticia se interpretó como “una oportunidad de oro para corregir el desaguisado provocado por las anteriores consejeras, con el consentimiento del presidente”. El sindicato espera que la situación sirva para “recuperar el sistema y devolverle la credibilidad perdida en los últimos tiempos”. En la misma línea, CSIF Andalucía se mostró sorprendido, aunque reconoció que “era cuestión de tiempo, y finalmente se nos ha dado la razón”, por lo que solicitan que la persona que asuma la cartera “adopte una actitud decidida para solucionar una situación que hasta ahora se ha abordado con un recorte tras otro”.

CSIF remarcó que hace apenas una semana reclamaron responsables por lo que denominan una gestión “nefasta” en la comunicación del cribado de cáncer de mama. También han identificado otros problemas del sistema sanitario, como la saturación de listas de espera quirúrgicas, los retrasos en Atención Primaria y especialidades, así como las dificultades en pruebas diagnósticas y la precariedad de las contrataciones, señalando que “el descontento de profesionales y ciudadanía ha sido más que evidente en los últimos meses”. La organización sindical, que hace un año ya demandó la dimisión de la consejera, achaca la situación a recortes de personal y equipamientos, falta de diálogo con trabajadores y la priorización de conciertos con entidades privadas frente al refuerzo de recursos públicos. Desde la Junta, Moreno anunció una renovación profunda del sistema sanitario y se comprometió a realizar auditorías, asegurando que “auditaremos todo lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectemos que no funciona en la sanidad pública”.