Grecia deberá pagar cinco millones y medio por no proteger las tortugas marinas

De las siete especies de tortugas marinas que hay en el mundo, todas están en peligro de extinción por las actividades humanas. En el caso de aquellas que tienen su origen en Grecia, uno de los motivos apunta a que no han sido protegidas debidamente por las autoridades griegas, quienes deben pagar una multa de cinco millones y medio de euros. Por cada día de retraso en el pago de la sanción, esta ascenderá a 12.500 euros. Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ahora se publica, Grecia no ha puesto fin a “la gestión incontrolada” del vertedero ubicado en el parque nacional marino de Zakynthos, enclave también conocido como la Isla de las Tortugas.

El parque nacional marino de Zakynthos forma parte de la Red Natura 2000 desde 2006 por albergar entre sus aguas a la tortuga Caretta-Caretta, conocida popularmente como tortuga boba o cabezona. Este reptil en peligro de extinción está amenazado en la isla griega por la explotación del vertedero, el cual opera en el interior del parque desde 1999. Tres años después de su apertura, Grecia ya fue condenada por no proteger esta especie, algo que volvió a suceder en 2014. El motivo de la sanción es el funcionamiento inadecuado del vertedero por encontrarse saturado y con riesgo “para el medio ambiente y para la salud humana”.

El TJUE, con sede en Luxemburgo, sentencia ahora a Grecia después de que la Comisión Europea advirtiese al país balcánico en varias ocasiones sobre el incumplimiento en la gestión de los residuos de las islas Jónicas. En 2006, esta labor debía recaer en un vertedero alternativo, pero nunca se presentaron los estudios de impacto medioambiental ni se llegó a construir, tal y como consta en la sentencia de 2014.

Las cuantía de las sanciones por el persistente mal funcionamiento del vertedero de Zakynthos se justifican por la “gravedad del incumplimiento”, dicta el TJEU, así como el riesgo ambiental y sanitario, la duración prolongada del incumplimiento y “la capacidad de pago del citado Estado miembro”.

El país báltico encabeza el listado de la Unión Europea de países con más sanciones económicas activas. Actualmente, Grecia concentra seis multas. Una de ellas, la hoy conocida, con una cuantía que supera los cinco millones y medio de euros. Las seis tienen que ver con la degradación del medio ambiente: cuatro sanciones por mala gestión de residuos en diferentes localizaciones y otras dos por un mal tratamiento de las aguas residuales en áreas urbanas. A este país le sigue de cerca Italia, cuyas cinco multas también tienen que ver con en no respeto por el medio natural.

Por otro lado, países como Bulgaria (3), Letonia (1), Países Bajos (1), Dinamarca (1) y Portugal (1) concentran sus sanciones económicas en las áreas de seguridad digital, ya sea por no asegurar los espacios comerciales online, por el incumplimiento de las directivas impulsadas por Bruselas que regulan el copyright en diversos campos o por no facilitar la reutilización de datos del sector público. Según los datos abiertos de la Comisión Europea, otro sector que acarrea sanciones económicas es el no cumplimiento de los plazos burocráticos que establecen los organismos europeos.

En el caso de España, solo constan dos multas. La primera de ellas de noviembre de 2023, momento en que la Comisión Europea decidió llevar al Estado español, junto con Bélgica e Irlanda, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no adaptar plenamente normativa sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. La segunda es de noviembre de 2016 por “deficiente recogida y tratamiento de aguas residuales”, según se lee en el portal de la Comisión.