Feijóo marca distancias con Ayuso y asegura que garantizará el aborto “conforme a las leyes”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha visto obligado este jueves a intervenir públicamente para tratar de contener la rebelión abierta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se niega a cumplir con la obligación legal de crear un registro de sanitarios objetores a practicar abortos. En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X, Feijóo ha marcado distancias con su baronesa madrileña sin mencionarla expresamente, pero dejando clara su discrepancia al subrayar que, si llega al Gobierno, garantizará la interrupción voluntaria del embarazo “conforme a las leyes”.

El matiz no es menor. La ley estatal de salud sexual y reproductiva, reformada en 2023, exige que todas las comunidades autónomas dispongan de un registro de profesionales objetores para asegurar que los servicios públicos puedan cubrir la prestación del aborto en igualdad de condiciones. La negativa de Ayuso a cumplir este mandato legal la coloca, por tanto, en una posición de abierto desafío al Gobierno central y en tensión con la dirección nacional del PP, que intenta evitar un nuevo frente interno en plena estrategia de moderación de su líder.

“Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes”, ha afirmado Feijóo en su comunicado. La frase, cuidadosamente redactada, se interpreta como una corrección velada a la postura de la presidenta madrileña, que horas antes había declarado en la Asamblea de Madrid: “No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”.

Ayuso ha reiterado este jueves su negativa a poner en marcha el registro, al que ha calificado de “lista negra” de médicos. Durante la sesión de control en la Asamblea, la dirigente popular ha defendido que “en Madrid no se va a señalar a nadie”, en alusión a los profesionales sanitarios que se acogen al derecho a la objeción de conciencia. Su intervención, con el habitual tono combativo, ha provocado la reacción inmediata de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha acusado a la presidenta autonómica de “incumplir la ley” y de “poner en riesgo los derechos de las mujeres”.

A través de las redes sociales, García ha difundido un vídeo con las declaraciones de Ayuso y ha planteado: “¿A dónde exactamente quiere que se vayan las mujeres? ¿A una clínica privada para hacer negocio o a Londres?”. La ministra ha advertido de que el Ejecutivo utilizará “todas las herramientas jurídicas necesarias” para garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se practique en la sanidad pública y en condiciones de igualdad.

El Gobierno central ha concedido un plazo de tres meses a varias comunidades autónomas —entre ellas Madrid— para que remitan la información sobre el registro de objetores. Sin embargo, desde la Puerta del Sol mantienen una posición de ambigüedad calculada. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha calificado la medida de “inútil” y “punitiva” y ha insistido en que “Madrid no va a perseguir ni a señalar a nadie”. Según los datos del Ejecutivo autonómico, en 2024 se realizaron cerca de 20.000 interrupciones de embarazo en la región, un 60% de ellas por embarazos no deseados.

En su comunicado, Feijóo ha aprovechado para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de “meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto” y de utilizar el tema como una “maniobra desesperada” para distraer de los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. “Volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución”, ha escrito el líder popular.

El dirigente gallego ha insistido en que su propósito es “resolver los problemas reales de las familias” y ha defendido un “debate sobre natalidad, conciliación y futuro”, frente a lo que considera la estrategia de división del Gobierno. “Sánchez no defiende a las mujeres: las utiliza. Las convierte en su último salvavidas político, y eso es inmoral”, sostiene el texto.

Mientras tanto, la dirección nacional del PP guarda silencio sobre si tomará medidas para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir con la normativa estatal. La portavoz del partido en el Senado, Alicia García, ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto, argumentando que las comunidades autónomas “tienen competencias en materia sanitaria” y acusando a la izquierda de “usar estos temas como cortinas de humo para tapar la corrupción de Sánchez”.

La tensión interna se suma a la incomodidad en Génova por los últimos movimientos de los gobiernos del PP apoyados por Vox en distintas autonomías, donde se han impulsado iniciativas o discursos sobre el aborto que descolocan la estrategia de moderación del partido a nivel nacional.