Austria amenaza con no albergar Eurovisión 2026 si Israel es expulsado: la multa millonaria a la que podría enfrentarse

La crisis histórica del Festival de Eurovisión sigue profundizándose por la situación en Gaza y la posible expulsión de Israel del certamen. A la insostenible división interna entre los países participantes se suma ahora el órdago de Austria, país anfitrión de la próxima edición, a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El gobierno austríaco ha amenazado con renunciar a organizar el Festival en 2026 si Israel es excluido en la asamblea de la UER que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, por lo que el concurso podría quedarse sin sede a tan solo unas semanas de comenzar los preparativos del que será, además, su 70º aniversario.

Según ha revelado la prensa austríaca, el canciller austriaco, Christian Stocker, y su secretario de Estado, Alexander Pröll, han mantenido contactos discretos con la radiotelevisión pública ORF y el Ayuntamiento de Viena para impedir que Austria sea sede si Israel queda fuera. Un alto representante del Gobierno austriaco, ha expresado: “Es inaceptable que nosotros, precisamente, prohibamos a un artista judío venir a Viena”. Además, el Partido Popular Austriaco (ÖVP) respalda esta posición, considerando inadmisible cualquier boicot contra el país hebreo. El alcalde de Viena, Michael Ludwig, ha advertido de que excluir a Israel sería un error diplomático de gran magnitud, aunque la capital mantiene su compromiso con el evento por las expectativas económicas que genera.

La presión política se traduce en un dilema contractual y financiero de gran envergadura. Tras la victoria de Austria en la edición de 2025, la ORF aceptó la organización de Eurovisión 2026 en colaboración con la UER, por lo que ahora está obligada por contrato a cumplir este compromiso. Si la emisora decide retirarse, la penalización económica podría alcanzar los 40 millones de euros.

El presidente de la ORF, Roland Weissmann, ha advertido al Ejecutivo que, en caso de renuncia, será el Gobierno el que deberá asumir una multa de 26 millones de euros. Esta situación ha generado tensiones entre el canciller Stocker y el alcalde Ludwig, quienes buscan evitar que el conflicto derive en una crisis institucional o financiera que perjudique la imagen internacional de Austria.

El impacto de la amenaza austriaca se amplifica por la fractura entre los países participantes. España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han anunciado que no participarán si Israel está presente. Por el contrario, Alemania ha advertido que se retirará si Israel es excluida, una posición que el canciller Friedrich Merz justificó por “responsabilidad histórica”. Francia, por su parte, ha confirmado su participación en cualquier escenario, mientras que el resto de países no se ha pronunciado de forma definitiva, limitándose a calificar el festival como un evento apolítico o remitiendo la decisión a la asamblea de la UER.

Ante la magnitud de la división interna, la UER se ha visto forzada a adelantar la votación sobre la participación de Israel de diciembre a noviembre. El Consejo Ejecutivo, encabezado por el vicepresidente Petr Dvořák, reconoció la existencia de una diversidad de opiniones “sin precedentes” entre los miembros. En un comunicado, la UER defendió la inclusión y el diálogo cultural abierto, aunque admitió la imposibilidad de alcanzar una posición consensuada sobre la presencia de la emisora israelí KAN. Esta falta de acuerdo ha precipitado la convocatoria anticipada de la asamblea, en un intento de evitar que la crisis se agrave y ponga en peligro la propia celebración del festival.

Mientras tanto, el calendario de Eurovisión 2026 prevé la venta de entradas en diciembre, el sorteo de asignación en enero, el rodaje de las tradicionales postales en febrero y el inicio del montaje del escenario en abril. Sin embargo, la incertidumbre sobre la sede y la participación de varios países amenaza con alterar estos plazos y comprometer la viabilidad del evento.