Una familia reserva una villa por 6.000 euros para sus vacaciones y el propietario les avisa de que ha sido okupada antes de que entren

Planificar con antelación unas vacaciones soñadas y terminar con una pesadilla es lo que le ocurrió a una familia belga que había reservado una villa en Hossegor, en la costa atlántica francesa. Después de pagar 5.880 euros y organizar el viaje con casi un año de anticipación, se enteraron en último momento de que la vivienda estaba supuestamente okupada de forma ilegal.

En septiembre del año anterior, la familia había elegido la propiedad a través de una plataforma en la que confiaban, buscando tranquilidad para el verano. La casa prometía espacio y comodidad, y durante meses mantuvieron contacto fluido con el propietario. Nada hacía prever un problema. Sin embargo, horas antes de iniciar el viaje, el hombre los llamó con una noticia inesperada: no podrían disfrutar de la villa porque “había sido tomada por okupas”.

La explicación generó desconcierto inmediato. Con los billetes listos y todo preparado, decidieron viajar de todos modos para verificar lo ocurrido. Al llegar, encontraron un panorama muy distinto al que habían imaginado. Frente a la casa había un BMW estacionado, música sonando en su interior y ningún indicio de una okupación forzada. La vivienda no presentaba daños ni señales de actividad ilegal. Esa escena aumentó las sospechas de la familia sobre una posible estafa de alquiler.

Presionado por las preguntas, el propietario ofreció una explicación alternativa: según él, los socios de la empresa propietaria de la villa se habían mudado sin su consentimiento. Esa versión enrevesada, que mezclaba supuestos conflictos internos con derechos de uso, solo aumentó la confusión. La línea entre ocupantes ilegales y copropietarios se volvió borrosa, dificultando saber con exactitud quién estaba realmente en la casa. Mientras tanto, para la familia, la prioridad era clara: recuperar el dinero invertido y obtener algún tipo de compensación por las vacaciones frustradas.

La plataforma de reservas reaccionó con prudencia, describiendo el episodio como un caso excepcional y desligado de su responsabilidad directa, ya que, alegó, este tipo de situaciones no figura en sus condiciones generales. La postura dejó a los viajeros prácticamente solos frente al problema, con pocas herramientas para resolverlo de forma rápida. Sin embargo, lejos de resignarse, la familia presentó una denuncia formal por fraude ante las autoridades francesas y contrató a un abogado. Exigieron la devolución del dinero pagado en un plazo de entre ocho y quince días, bajo amenaza de iniciar acciones legales si no obtenían respuesta.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los turistas ante situaciones imprevistas en el mercado de alquileres temporales, incluso cuando se utilizan plataformas consideradas seguras. A pesar de haber hecho todo de manera anticipada y formal, la familia belga se quedó sin casa, sin vacaciones y, al menos por ahora, sin el dinero invertido.