La ventanilla de arrendamiento le funciona al Gobierno: la oferta de pisos turísticos ilegales cae un 3,7% tras años de subida

La lucha del Gobierno para solucionar el problema de acceso a la vivienda empieza a dar sus frutos. Uno de sus objetivos era acabar con las viviendas ilegales de alquiler turístico, para lo que creó el registro único de alquileres de corta duración y la ventanilla única digital de arrendamiento. Tras su implantación, el número de viviendas en el mercado del alquiler turístico se redujo el pasado mes de agosto un 3,7% en las 25 principales ciudades españolas, lo que suponen casi 15 mil plazas menos respecto a agosto de 2024, según datos de la patronal del turismo Exceltur.

En agosto de este año existían un total de 91.774 anuncios de alojamientos para alquiler de corta estancia -con la dificultad de diferenciar los turísticos de los de temporada- en las plataformas on-line de las 25 principales ciudades españolas, 73.719 eran de viviendas completas y 18.055 habitaciones, hasta sumar un total de 364,257 plazas, un 3,7% menos a las de agosto de 2024 y un 2,4% menos respecto a las del mes de julio de 2025.

Antes estas cifras, fuentes de la patronal del turismo han señalado que valoran “muy positivamente” el paso dado por el Gobierno dirigido a erradicar la ilegalidad en la prestación de servicios de alojamiento turístico que, como en el resto de servicios turísticos, debe someterse a la legislación urbanística y de ordenación turística vigente en cada destino, con el fin de “preservar el equilibrio con los residentes y garantizar una cobertura y un estándar de servicios a los turistas”.

Consideran que se trata de un primer avance en una “necesaria dirección que esperamos se intensifique en los próximos meses”. Para ello consideran “determinante” el cumplimiento de la legalidad de todos los agentes implicados y hacen especial hincapié en las plataformas on-line, que a su juicio, “hasta la fecha, se han beneficiado de la comercialización de viviendas que no cumplían con las normas existentes”. También piden la colaboración de las comunidades autónomas y locales para que hagan cumplir la legislación con los medios necesarios.

Este esfuerzo ha hecho que la oferta de viviendas de alquiler turístico se haya reducido en agosto en 18 de las 25 ciudades analizadas, destacando, en términos absolutos, Madrid, con la desaparición de 5.391 plazas, lo que supone un 6,8 % menos, hasta un total de 73.872, y Valencia, con 4.227 menos, tras bajar un 11,3%, hasta las 33.057, y, en términos relativos, la oferta en Ibiza cae un 40,9%, con 1.320 menos, hasta las 1.904.

En cuanto a la implicación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en la supresión de anuncios de viviendas turísticas ilegales está siendo “muy desigual” según las regiones, reconoce la patronal, “en función de la prioridad política” concedida por los equipos autonómicos y locales.

Destacan los casos de Ibiza, donde la creación de una oficina de intrusismo ha permitido reducir de forma notable la ilegalidad. Casos similares son los de Barcelona y San Sebastián, que desde 2017 llevan años ordenando urbanísticamente el fenómeno e invirtiendo en su cumplimiento. En cuanto a Madrid, desde Exceltur valoran el anuncio del nuevo Plan Reside en la ciudad de Madrid y el incremento de las multas, “a pesar de que todavía buena parte de los alojamientos comercializados turísticamente no cumplen las normas vigentes”. También destacan el esfuerzo realizado en Palma de Mallorca por parte de la ciudad y el Consell Insular.

A pesar de estos avances, consideran que todavía hay “múltiples destinos” que necesitan implicarse más aumentando y reforzando el personal de inspección, el sistema sancionador y la agilidad en la denuncia para acabar con “aquellos anuncios que no cuentan con el registro que verifica su cumplimiento normativo”.

La patronal ha puesto sobre aviso de dos tendencias preocupantes para superar la nueva normativa de registro. La primera consiste en un aumento de la ilegalidad en el alquiler de habitaciones. Pone como ejemplo Barcelona, que tras “luchar con éxito” frente a la ilegalidad del alquiler turístico y mantener un control de la oferta de viviendas completas cercanas a las que marca su Plan de Alojamiento con cerca de 9.500. Sin embargo el alquiler de habitaciones ha aumentado en 1.000 en el último año.

Otra tendencia que los empresarios del turismo perciben como un riesgo es la solicitud de números de registro de alquiler de temporada para operar en el mercado turístico, evitando así la legislación turística y urbanística que las regula. Un fenómeno que a su juicio es “muy difícil de ser identificado sin la colaboración de las plataformas que las comercializan”.