
La reforma de las pensiones puede suponer un “importante” incremento del gasto hasta superar el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050 y dejar al país “sin los recursos necesarios” para afrontar inversiones en servicios públicos como la sanidad, por lo que “debería reconsiderarse de inmediato”, señalan los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Por ello, creen necesario introducir medidas de contención del gasto que se extiendan tanto a los pensionistas “presentes como a los futuros, afectando no sólo al cálculo de las pensiones iniciales sino también a su revalorización”.
Un informe elaborado por Alfonso Sánchez, Ángel de la Fuente y Miguel Ángel García, expertos de Fedea, recoge que la reforma de las pensiones “agrava” los problemas de sostenibilidad del sistema público de pensiones con medidas que aumentarán el gasto “sin acompañarlas de actuaciones compensatorias adecuadas, ni de ingreso ni de gasto”.
Argumentan que el grueso del incremento del gasto proviene de la primera fase de la reforma, que contempla la revalorización de las pensiones con el IPC, pero también contribuyen de forma “significativa” las medidas de la segunda fase de la reforma, especialmente a partir de 2050. Esta segunda fase incluye subidas de las bases máximas y de cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento de un modelo dual para calcular la pensión, que dará opción, desde 2027, a elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este caso los dos peores.
En este escenario, los expertos calculan que el gasto en pensiones alcanzará el 18,5% del PIB para 2050 porque, aunque subirán los ingresos lo harán en menor medida que los pagos, sólo llegarán al 10,35% del PIB, lo que dará como resultado un déficit básico del sistema contributivo superior al 8%d del PIB. “Si a esto le añadimos el hecho de que nuestra situación actual en términos de déficit y deuda del conjunto de las administraciones públicas no es particularmente boyante, resulta difícil evitar la conclusión de que necesitaríamos prestar más atención al control del gasto en pensiones de lo que el actual Gobierno propone”, subrayan los expertos.
Unas pensiones “muy generosas”
Los autores del estudio señalan que para rediseñar una política “razonable” de pensiones, los políticos tienen que reconocer que el sistema público de pensiones español es “excesivamente generoso” en relación con sus recursos y con el crecimiento previsto para la economía española. Argumentan que teniendo en cuenta la actual esperanza de vida tras la jubilación -21,2 años a los 65 años- y la evolución esperable en el futuro de esta variable -4,9 años adicionales en 2050-, de los niveles de productividad y ocupación y de la relación entre la población jubilada y la que está en edad de trabajar, “las pensiones públicas actuales están por encima de lo que permiten los salarios y los tipos existentes de cotización”.
Critican que el Gobierno pretenda resolver el problema ofreciendo “un cheque en blanco” con cargo a la Administración General del Estado porque eso hará que el desajuste siga creciendo hasta convertirse en “inasumible” y, mientras tanto, “podría dejar un espacio insuficiente para otras prioridades, como empieza a apreciarse en las carencias cada vez más visibles en los servicios públicos por falta de inversión, desde la sanidad hasta el transporte ferroviario, pasando por los servicios de prevención y extinción de incendios”, apuntan.
Creen que hay que buscar un equilibrio “más razonable” entre el gasto en pensiones y el margen fiscal reservado a otras necesidades y que este equilibrio podría plasmarse en una revisión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), “cuya condición de activación debería fijarse en términos de un límite máximo razonable al déficit básico del sistema de pensiones (incluyendo clases pasivas), en lugar de la poco transparente y excesivamente laxa condición actual”.

Computar toda la vida laboral y endurecer el cálculo de la pensión
Desde Fedea piden que la reforma del sistema de pensiones debería “reconsiderarse de inmediato” para evitar que la creciente brecha entre prestaciones y cotizaciones “nos deje sin los recursos necesarios para atender otras prioridades”. Proponen introducir medidas de contención del gasto que habrán de extenderse a los actuales y futuros pensionistas.
En concreto, proponen la extensión gradual del periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral, sin permitir descartes, junto con un “endurecimiento” del cálculo de la pensión y el acceso a la misma, así como la recuperación del factor de sostenibilidad o el establecimiento, una vez alcanzada la edad de jubilación ordinaria de 67 años, de un nexo automático entre la edad legal de jubilación y la esperanza de vida, con las excepciones necesarias para aquellas ocupaciones que no lo permitan por su dureza física.

Sobre la actualización de las pensiones, proponen restringir a las pensiones mínimas “el blindaje total” ante la inflación, estableciendo para las demás un límite máximo de pérdida acumulada de poder adquisitivo a lo largo de la vida que deje un cierto margen de maniobra en este ámbito.
Incluso aunque se tomen estas medidas, advierten que podría ser necesario recurrir a aportaciones complementarias de recursos procedentes de la caja general del Estado. En tal caso, “sería esencial” asegurar que tales aportaciones son “transparentes” para los ciudadanos y que su coste se reparte de una forma equitativa entre todos. Una buena opción que a su juicio habría que considerar sería la de “financiar tales aportaciones o al menos su incremento futuro mediante un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF”.
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