Denuncian a 35 inmobiliarias por incumplir la regulación de alquileres en Barcelona: las multas pueden llegar a los 90.000 euros

El Sindicato de Inquilinas de Cataluña ha denunciado ante la Agencia Catalana de Consumo a un grupo de inmobiliarias y particulares que se anuncian en portales inmobiliarios por incumplir de forma sistemática la regulación de alquileres. En concreto, la organización ha documentado 50 anuncios de pisos en barrios de Barcelona que vulneran el Decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de rentas. En total se han denunciado 35 inmobiliarias (correspondientes a 46 anuncios) y cinco particulares que publicaban en el portal Idealista, aunque el sindicato advierte que es “una muestra muy limitada”.

Según el sindicato, las empresas que más anuncios irregulares han publicado han sido Uniplaces -una sociedad de la Fundación La Caixa-, con seis anuncios, y Engel & Völkers Barcelona, con cinco. Además, los anuncios analizados no incluyen información obligatoria como el precio de referencia del índice, contrato anterior o condición de gran tenedor. Además, señalan que estos incumplimientos son sistemáticos en una parte mayoritaria de los anuncios e implican que una de las vías para saltarse la regulación de alquileres es desinformar a los inquilinos que quieren acceder a una vivienda del precio al que debería ser alquilada.

El documento presentado por el sindicato, que recoge todos los casos analizados, señala que, desde el 4 de enero de 2025 todas las publicidades y ofertas de alquiler deben incluir obligatoriamente esta información y diferencia entre publicidad y oferta de alquiler. En la publicidad se debe indicar el precio de alquiler que resulta de aplicar el sistema de referencia del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En las ofertas de arrendamiento se debe incluir el precio de la última renta del contrato de alquiler vigente en los últimos cinco años.

“Si no es la administración quien controla proactivamente el cumplimiento de la regulación, se está enviando un mensaje a inmobiliarias y rentistas que pueden actuar impunemente al margen de la ley”, advierte el sindicato de inquilinas, que señala también que, mientras han hecho el trabajo de detectar, recoger y denunciar estos incumplimientos, “el Gobierno no ha interpuesto ninguna sanción desde que el régimen sancionador entró en vigor en febrero”.

El sindicato señala que la falta de información obligatoria en los anuncios no es un simple descuido, sino una “acción deliberada para ocultar a los potenciales inquilinos información necesaria para defender sus derechos”. En concreto -señalan- se trata de un “grave incumplimiento” de la normativa Catalana de contención de rentas, regulada por el Decreto 1/2025 y la Ley 18/2007. Con este marco legal se pretende obligar a todas las personas, físicas o jurídicas, que comercializan viviendas situadas dentro del área marcado como tensionado a informar de forma transparente de tres elementos: el precio de referencia del índice de alquiler, el precio del contrato anterior y la condición de gran tenedor, para que el inquilino sepa si el precio del anuncio respeta el límite legal.

La omisión de este tipo de información en los anuncios de alquiler puede ser considerada una infracción grave o muy grave y acarrear multas que oscilan entre 9.001 euros y 90.000 euros, especialmente en los casos donde se puede demostrar la reiteración o afectación, según aparece estipulado en el artículo 118 de la Ley 18/2007 y el régimen sancionador desarrollado por el Decreto 7/2024. Además, la Agencia Catalana de Consumo ve reforzada sus competencias por la Ley estatal 12/2023 por el derecho a la vivienda y debe iniciar y resolver expedientes sancionadores contra portales inmobiliarios, empresas y grandes tenedores que desinformen o vulneren la regulación de rentas.