Activistas de la Flotilla denuncian su “secuestro” en aguas internacionales y anuncian que emprenderán “acciones legales” contra “el Gobierno sionista de Israel”

Al caer la noche del jueves 2 de octubre, los cientos de integrantes de la Global Sumud Flotilla, entre ellos cerca de medio centenar de españoles, quedaron bajo custodia de las autoridades israelíes tras ser interceptados en aguas internacionales. Las críticas al gobierno israelí se han multiplicado desde el primer momento, y ahora la Flotilla estudia pasos legales por su “secuestro” en aguas internacionales.

Entre el domingo 05 y el lunes 06 de octubre, 48 de los 49 activistas españoles han regresado en vuelos a Bilbao, Madrid y Barcelona, quedando atrás Reyes Rigo, cuya deportación está prevista para el miércoles tras la ampliación de su detención por haber, presuntamente, mordido a una funcionaria de prisiones. A la llegada de los deportados a Barcelona, alrededor de 300 personas se acercaron al aeropuerto para darles la bienvenida. Entre quienes acudieron al recibimiento estuvieron el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la concejal de Salud de Barcelona, Marta Villanueva, quienes saludaron a los activistas y familiares en un momento previo a la salida a la terminal.

A su llegada, los activistas denunciaron “tratos vejatorios e inhumanos”, señalando que fueron “atados” y “golpeados”, sin agua potable ni comida, según relatos recogidos por RTVE. Uno de ellos afirmó: “Permanecimos siete horas atados con las manos a la espalda, sentados en el asfalto durante la noche, mientras el ministro extremista Ben Gvir se paseaba por allí”. Añadió que “los abusos físicos y psicológicos se han repetido de forma constante: nos golpearon, nos arrastraron, nos inmovilizaron de pies y manos, nos cubrieron los ojos, nos insultaron, nos privaron del sueño y nos negaron atención médica”. Otro participante denunció: “Haber sido identificados como prensa ha significado recibir un nivel especial de violencia y un trato aún más degradante”.

Ada Colau, por su parte, declaró: “Han sido muchas las situaciones de abuso y de arbitrariedad”, y describió el traslado como “durísimo”, explicando que no se les facilitó “ni agua”. Relató también que en la prisión había “una foto enorme de Gaza devastada por Israel con la frase en árabe ‘bienvenidos a la nueva Gaza’”, y aseguró: “Estuvimos recluidos en una cárcel de máxima seguridad donde ninguno de nuestros derechos fue respetado; sufrimos malos tratos y un trato denigrante”.

En el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, la diputada de las CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, confirmaba a primeras horas de la madrugada del martes que “el Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado” en declaraciones recogidas por Europa Press. La parlamentaria, junto con otros activistas catalanes como Adrià Plazas, acaba de llegar a Barcelona tras la deportación y no dudó en dejar clara la intención de acudir a los tribunales: “Creemos que esto debe ser condenado. Y sí, emprenderemos acciones legales”.

Castillejo denunció la existencia de maltrato físico y psicológico durante la detención y señaló que las autoridades israelíes no siempre facilitaron los medicamentos requeridos por los activistas, o lo hizo con demora. Aun así, concedió que el trato recibido por los activistas “queda en un segundo plano” y puso el foco en los presos palestinos, que están siendo sometidos a “un genocidio”: “Cuando son los palestinos los que están en la cárcel, el trato que reciben seguramente es mucho peor”. Las demandas de la Flotilla también se dirigen contra el silencio institucional. “Hay que poner el foco en el silencio de toda Europa, en el Gobierno español, porque no están haciendo su papel de garantizar el Derecho Internacional”, reclamó la diputada.

Sobre la situación de Reyes Rigo, la activista española que permanece detenida acusada de morder a una funcionaria en prisión, Castillejo explicó que no presenció el incidente, pero aseguró que sí existió una agresión de las agentes de seguridad contra Rigo, quien fue llevada posteriormente a aislamiento. Según relató, “hay gente en huelga de hambre que no la finalizará hasta que Reyes esté aquí de vuelta”. Además, lamentó la falta de información sobre el paradero y el estado de los activistas que aún no han sido liberados: “De Reyes es porque vimos que no estaba, pero no sabemos exactamente cuánta gente hay”. La activista Alejandra Martínez, ante las cámaras que esperaban en el aeropuerto, declaró que Riego “fue arrastrada por el pelo y llevada a confinamiento solitario. No la hemos vuelto a ver. Es la única ciudadana española que no ha regresado y pedimos al Gobierno de España que facilite su vuelta a casa”. Adrià Plazas se pronunció en la misma línea, señalando que algunos compañeros continúan retenidos y calificando la actuación israelí también como “secuestro”.

Otro de los activistas llegados el lunes afirma que han sufrido “torturas de bajo impacto” y un trato “degradante”. “Nos han robado, nos han pegado, humillado, torturado con diferentes técnicas sibilinas. Nos tuvieron en una celda al descubierto y el ministro de Exteriores de Israel nos llamó terroristas con cámaras grabándonos en una celda de alta seguridad al aire libre”, describió. Otro activista denuncia que los mantuvieron cuatro horas en furgones al sol, tratando de provocarles sed para luego ofrecer botellas de agua frente a cámaras para mostrar “su bondad” con ellos: “La mayoría se ha aguantado la sed porque sabíamos que era un truco”, ha indicado. Otra activista ha precisado que estuvieron 30 o 40 horas en las habitaciones, a altas temperaturas, en celdas hacinadas con 15 mujeres en menos de 20 metros cuadrados, sin agua, comida, medicina, o productos para la menstruación, y bajo una privación de sueño constante.

Serigne Mbayé, secretario antirracismo de Podemos, ha pedido al Gobierno español que tome medidas diplomáticas contundentes: “Queremos que el Gobierno de España rompa relaciones con Israel. Esto es una vergüenza. Lo que no ha hecho el Gobierno lo está haciendo la sociedad civil. Debería bloquear a Israel porque lo que ha hecho es un genocidio. Si a nosotros nos han tratado así, imaginen como están tratando a los palestinos, pero no se ve en ninguna cámara”, ha relatado.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha solicitado información sobre lo sucedido durante la intercepción de la Flotilla en aguas internacionales, en el contexto de la investigación abierta sobre los crímenes cometidos en Gaza. El Ministerio Público adoptó esta decisión para “preservar fuentes de prueba y cooperar con los tribunales internacionales en sus procedimientos sobre las posibles violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército del Estado de Israel en Gaza”.

La operación israelí sobre la flotilla se produjo en aguas internacionales, escenario que podría considerarse una violación del Artículo 92 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya que ninguno de los barcos viajaba bajo insignia israelí y no había sospecha alguna de que sus tripulantes hubiesen cometido ningún delito grave. Julio Guinea, profesor en Derecho Internacional, explicaba en Cuatro que, incluso si se acepta la controvertida legalidad del bloqueo y se tiene en cuenta la imposición de una zona de exclusión, el Gobierno israelí “no puede impedir el acceso de barcos que porten ayuda humanitaria, que porten civiles, y hay un derecho de paso inocente para poder transcurrir por aguas en alta mar”.