Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Dos miembros destacados de la CUP que participaron en la Flotilla Global Sumud –la presidenta del grupo parlamentario Pilar Castillejo y el miembro de la dirección Adrià Plazas– no viajarán este domingo en el primer grupo de 21 activistas españoles que saldrá de Tel Aviv hacia España. La formación anticapitalista ha confirmado que ambos han rechazado firmar su deportación inmediata, lo que les permitirá permanecer en la prisión de Ketziot y mantener su estrategia de presión internacional.

Junto a ellos, las activistas mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, integrantes de la misma flotilla y militantes de Podem Illes Balears, también han decidido no aceptar la deportación voluntaria. Ambas se niegan a firmar cualquier documento que implique reconocer que entraron ilegalmente en Israel, ya que sostienen que su acción formaba parte de una misión pacífica y humanitaria en apoyo al pueblo palestino, según ha informado el partido morado.

El abogado y representante de la flotilla, Jaume Asens, ha denunciado la falta de comunicación con los servicios consulares, asegurando que las familias de los detenidos están recibiendo la información únicamente a través de los medios de comunicación. Además, fuentes del entorno de la flotilla han confirmado que Alejandra Martínez se encuentra en huelga de hambre desde el momento de su detención, tras declarar que “no iba a aceptar comida de quien mata de hambre al pueblo palestino”.

Las cuatro activistas –Castillejo, Plazas, Muñoz y Martínez– habían anticipado antes de ser interceptadas que no firmarían ningún documento que implicara admitir una entrada ilegal al país, por lo que deberán someterse al proceso judicial que precede a la deportación forzosa.

El vuelo, previsto para las 16:15 horas, trasladará a Madrid a 21 activistas, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas, según informó la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. El regreso de este primer grupo ha sido posible gracias a un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, y las autoridades israelíes, que estableció los requisitos para la repatriación y coordinó el dispositivo logístico del viaje.

La CUP ha subrayado que la negativa de Castillejo y Plazas se debe a que el documento requerido por las autoridades israelíes les obligaba a reconocer una entrada “ilegal” en el país, algo que la formación considera “del todo incorrecto”. Según el comunicado de la CUP, los activistas fueron “secuestrados y forzados a ir en contra de su voluntad a tierras ocupadas”, mientras que su intención era “llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario”.

El ministerio español ha explicado que la firma del documento era un requisito para agilizar la salida de los primeros 21 ciudadanos, mientras que quienes no lo aceptan deberán permanecer retenidos hasta que se resuelva su situación conforme a la normativa israelí y a los mecanismos consulares.

En su comunicado, la CUP denuncia un “trato degradante y agresivo” hacia los activistas, así como la falta de acceso a agua y alimentos suficientes. Además, critica la “falta de información de las autoridades españolas y catalanas hacia los familiares de los detenidos”, a quienes, según la formación, se ha mantenido sin detalles sobre su estado.

La permanencia de Castillejo y Plazas en Israel responde, según la CUP, a la estrategia de continuar ejerciendo presión internacional y visibilizar la situación de los activistas hasta que se produzca una liberación total. La formación ha exigido la “liberación inmediata de todos los activistas secuestrados” y ha subrayado la importancia de garantizar sus derechos durante la detención.

La salida del primer grupo de 21 españoles se enmarca dentro de un contexto internacional más amplio de deportaciones desde Israel. El pasado sábado, 137 activistas de 14 países fueron trasladados hacia Turquía, dentro de un contingente total de aproximadamente 450 participantes en la Flotilla Global Sumud.

Italia gestionó también la repatriación de 26 de sus ciudadanos, aunque 15 permanecen retenidos al negarse a firmar la aceptación de la expulsión voluntaria. La situación de España es similar: quienes aceptan la firma del documento pueden salir rápidamente, mientras que los restantes, entre ellos Castillejo y Plazas, permanecerán en Israel hasta que se resuelva su situación mediante procedimientos legales o diplomáticos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha habilitado teléfonos de contacto para familiares y allegados de los activistas, tanto en la sala de crisis en Madrid (+34 91 000 1249) como en el teléfono de emergencias consulares en Tel Aviv (+972 (0)505772641), para informar sobre la situación y atender cualquier eventualidad que pueda surgir durante la detención o el traslado de los activistas.