Sin pacto de Estado para el principal problema de España: los intereses políticos cierran la puerta al acceso a la vivienda de los españoles

El acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro de junio sitúa la vivienda en el centro del debate social, con un 32% de las respuestas que señalan esta cuestión como prioritaria, por encima de otros temas como la inmigración o la política. Este malestar viene dado, entre otras cosas, por la escalada de precios sostenida en el mercado inmobiliario. El último informe del Observatorio Inmobiliario refleja que el precio medio de la vivienda libre se situó por encima de los 2.000 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025, un aumento interanual del 10,4%. Esta cifra deja a España a solo un 0,3% de distancia de su máximo histórico alcanzado en pleno auge del boom inmobiliario de 2008.

Una situación que se ha agravado por una combinación de factores estructurales: escasez de oferta de viviendas asequibles y aumento de la demanda, a pesar de haber más de tres millones de viviendas vacías, la especulación inmobiliaria y el reducido parque de vivienda pública, lo que sitúa a España entre los países europeos con menor cobertura, lo que limita las alternativas y agrava la presión sobre el mercado privado.

Por todo esto, el Gobierno, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pretende sacar adelante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que, de aprobarse a finales de 2025, marcará la agenda de la política habitacional de los próximos cinco años. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, aseguró que las comunidades autónomas tendrán una “implicación clave”, y por ello se convocó una Comisión Multilateral en la que tanto el Ejecutivo como las autonomías debatirían sobre el Plan. Sin embargo, el encuentro de este jueves finalizó sin acuerdos y teniendo que aplazarlo a la próxima semana.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda prevé una inversión total de hasta 7.000 millones de euros, la mayor dotación hasta ahora destinada por el Gobierno a políticas residenciales. Según la propuesta, el Estado central asumirá el 60% del presupuesto y las comunidades autónomas se encargarán del 40%, en línea con los criterios actuales de reparto de competencias.

La estrategia prioriza el refuerzo del parque público de vivienda, con el objetivo de incrementar la oferta de inmuebles de uso social y evitar la reducción de patrimonio residencial público que se produjo en ciclos anteriores. Para ello, el 40% de los recursos se destinará a la promoción y adquisición de nuevos inmuebles públicos.

El diseño del nuevo plan también contempla otras dos áreas estratégicas: el 30% de la inversión se asignará a programas de rehabilitación integral de edificios, con especial atención a la eficiencia energética y la mejora de la accesibilidad, y otro 30% irá a ayudas emergentes orientadas a facilitar la emancipación juvenil, reducir el esfuerzo financiero de los hogares y fortalecer la vivienda rural y el alquiler asequible.

La iniciativa se articulará en torno a cinco líneas de actuación: aumento de construcción y compra pública, rehabilitación sostenible, apoyo a la emancipación de los jóvenes, impulso al acceso asequible en zonas con precios elevados y reversión de situaciones de vulnerabilidad residencial.

Por su parte, las comunidades gobernadas por el Partido Popular comunicaron, días antes de la reunión con el Gobierno, su rechazo a la propuesta. Ya el jueves acusaron al Ejecutivo de “unilateralidad” y “autoritarismo” en su elaboración. Durante su intervención ante los medios tras la conferencia sectorial con la ministra Rodríguez, el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, denunció también la “falta de lealtad” del Ministerio en la negociación, señalando que “la propuesta del Ejecutivo tiene que basarse en la lealtad institucional”, una actitud que, en su opinión, “no tiene el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana”, el cual actúa “por la unilateralidad y desde luego el autoritarismo”.

Según las regiones populares, el plan estatal impone a las comunidades una cofinanciación del 40%, lo que, a su juicio, “rompe el principio de igualdad de los españoles y de las comunidades autónomas”, y obliga a aplicar políticas que, según advierten, pueden tener “nefastas consecuencias”, como la inversión en zonas tensionadas y la generalización de subvenciones que provocarían “una subida generalizada de los precios”.

Suárez-Quiñones insistió en que las comunidades tienen que ser “protagonistas principales” en la configuración y ejecución del plan, criticando que el Ministerio las limite a un papel de “meros interesados”. El PP defiende que el reparto competencial debe estar asegurado en la elaboración y desarrollo del plan, destacando el aumento previsto de la inversión autonómica.

Desde el Gobierno, la ministra Rodríguez defendió durante la reunión mantenida esa cofinanciación, señalando que no es “descabellada” la petición de mayor aportación a las comunidades autónomas y reclamando que no actúen “al dictado del PP y Feijóo”, sino atendiendo a la ciudadanía, “que piden mayoritariamente un acuerdo para la vivienda”. Rodríguez recordó que, mientras en planes previos la aportación autonómica era del 25%, ahora se solicita un esfuerzo adicional porque “la anomalía es que el Estado viniera haciendo de caja pagadora cuando la competencia en vivienda es de las autonomías”.

La ministra cuestionó el rechazo de algunas comunidades autónomas a este modelo, afirmando: “¿Les estoy pidiendo la luna? ¿Les estoy pidiendo un esfuerzo imposible de asumir? ¿A qué están destinando estos fondos que no pueden destinar a vivienda?”. Rodríguez subrayó que la propuesta es “un ejercicio de corresponsabilidad presupuestaria, en base a su competencia y a la necesidad que existe hoy en España. Y si todas colaboramos más presupuestariamente, llegaremos antes a ese objetivo y las vamos a acompañar, como estamos haciendo, también pidiendo más recursos a instituciones europeas”.

En paralelo, desde Sumar, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, consideró inviable un gran pacto de Estado de vivienda “ante el desaire absoluto del PP” y recomendó a Rodríguez girar hacia políticas de izquierda. Añadió que comparte la propuesta socialista de blindar el parque público de viviendas y limitar la “mercantilización de la vivienda pública”, proponiendo además un cambio fiscal para erradicar la compra especulativa y poner fin a “chiringuitos como las Socimis”.