Las ballenas del Mediterráneo siguen en peligro: organizaciones ambientalistas exigen limitar la velocidad de los barcos ante el riesgo mortal de colisiones

En la franja marina situada entre Alicante, Girona y las islas Baleares, se encuentra el Corredor de Migración de Cetáceos, una zona con un alto valor ecológico por ser el hábitat y el área de paso de ballenas y delfines. Tal y como señala el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, es “de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en el Mediterráneo Occidental”, ya que es allí donde muchos se alimentan, se reproducen y crían a nuevos ejemplares.

En este área de aproximadamente 46.000 kilómetros cuadrados viven especies como el rorcual común y el cachalote, ambas clasificadas como Endangered (“En peligro”) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con respecto a sus subpoblaciones en el noroeste del Mediterráneo.

Estos cetáceos se enfrentan a un serio problema: las colisiones con barcos. Cuando las embarcaciones navegan a más de 10 nudos, la probabilidad de que un choque con una ballena suponga un efecto mortal para el animal aumenta significativamente.

Por este motivo, en 2023 la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó designar el área del Mediterráneo noroccidental, donde se ubica este Corredor de Migración de Cetáceos, como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES), incluyendo las aguas de Francia, Italia, Mónaco y España. Además, estableció una medida voluntaria para que los buques redujesen su velocidad a 10-13 nudos. Sin embargo, estas recomendaciones no se están siguiendo, por lo que el exceso de velocidad de los barcos continúa siendo una seria amenaza para estas ballenas.

La ONG de conservación marina OceanCare presentó el pasado miércoles junto a Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, Bluewave Alliance, ClientEarth, GOB Mallorca y Fundación Marilles un nuevo análisis comparativo de los datos de tráfico marítimo de 2023 y 2024 con respecto a la velocidad de las embarcaciones.

Los datos del análisis, realizados por Quiet Oceans, revelan la necesidad de establecer límites obligatorios para proteger a estas especies en peligro de extinción en el noroeste del Mediterráneo, puesto que los voluntarios no están surtiendo efecto. “Hasta la fecha, no se han tomando medidas similares ni se ha modificado la velocidad de los buques, que sería la única manera de reducir el riesgo de colisiones”, señaló en la rueda de prensa Nicolas Entrup, director de Relaciones Internacionales de OceanCare, tal y como ha publicado la ONG en su sitio web.

En 2023 y 2024, de los casi 48 millones de kilómetros recorridos por todos los buques que navegaron en las aguas de esta ZMES, el 57 % de la distancia total se realizó a velocidades superiores a 10 nudos. No existen, además, variaciones significativas entre ambos años: 56,9 % en 2023 y 57,5 % en 2024.

En este sentido, más del 80 % de la distancia recorrida por las seis categorías principales de buques mercantes se realizó en estos dos años por encima de los 10 nudos, persistiendo el riesgo grave de colisión de estas embarcaciones con especies como el rorcual común y el cachalote.

“Los datos son innegables y demuestran que las recomendaciones voluntarias de reducción de velocidad no son suficientes para proteger a las ballenas en peligro de extinción”, destacó Carlos Bravo, portavoz de OceanCare y responsable de Política Marina en España. “El siguiente paso lógico sería hacerlas obligatorias, lo que proporcionaría la seguridad jurídica necesaria y la igualdad de condiciones para que el sector pudiera seguir operando sin poner en peligro la vida de estos grandes mamíferos”.

Además, Entrup añade que este no sería el único efecto positivo sobre el medio ambiente: “Reduce significativamente las emisiones de CO₂, así como de contaminantes atmosféricos como óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y carbono negro, con efecto inmediato y a un coste mínimo”.

En 2018, debido al alto valor ecológico de esta zona, España designó el Corredor Migratorio de Cetáceos como Área Marina Protegida (AMP) y, en 2019, como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) por el Convenio de Barcelona de las Naciones Unidas.

Estas organizaciones ambientalistas exigen “un plan de gestión que regule eficazmente las actividades humanas que amenazan” esta zona. El proceso, que ya está en marcha, está siendo liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en coordinación con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible (MITMS).

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, anunció en junio de 2025, en el marco de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que estaban trabajando en una hoja de ruta para aprobar más de 40 planes de gestión pendientes en áreas marinas protegidas, entre los que se encontraría la medida para reducir la velocidad de los buques en la AMP/ZEPIM

Esto se haría en los próximos 12 meses, por lo que se espera su publicación en junio del año que viene. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas aseguran que el proceso “lleva varios años de retraso” y que el grupo de trabajo conjunto entre el MITECO, el MITMS, sectores económicos y ONG ha celebrado una única reunión por el momento, el pasado 26 de mayo.

Las organizaciones exigen “la implementación de un límite general de velocidad obligatorio de 10 nudos para todas las embarcaciones, incluyendo las recreativas, que naveguen dentro del ámbito territorial del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo”. Así, confían en que se pueda alcanzar una solución para este serio problema medioambiental que pone el riesgo la pervivencia de los cetáceos en este área protegida.