Tiraron sus móviles a alta mar antes de ser interceptados y ahora pasarán un interrogatorio: qué va a pasar con los activistas de la Flotilla y Ada Colau

La Global Sumud Flotilla afronta tensiones en aguas internacionales tras haber sido interceptada por fuerzas israelíes en su camino hacia la Franja de Gaza. Estas embarcaciones viajan bajo banderas de distintos países y, según el Artículo 92(2) de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la intervención en alta mar solo puede justificarse en circunstancias excepcionales. Ninguno de los barcos intervenidos - son ya trece a las 06.00 de la mañana del jueves - navega bajo insignia israelí ni existe acusación alguna de delitos graves contra sus tripulantes, por lo que la retención y el traslado de los activistas no tiene respaldo legal.

Medios israelíes, como la emisora pública Kan, confirman que el Ejército planificó la operación de abordaje con los comandos Shayetet 13 y contemplan alternativas que van desde el intento de remolque hasta el hundimiento de algunas embarcaciones para neutralizar la misión. Una vez intercepten todas las embarcaciones, más de 500 activistas serán trasladados, según la estrategia oficial, a buques militares con destino al puerto de Ashdod para ser interrogados y, finalmente, deportados. Desde el gobierno israelí se mantiene la preocupación por la magnitud del dispositivo — se emplean alrededor de 600 policías — y se prepara un procedimiento específico para quienes se nieguen a la expulsión, que pasarán a disposición de un tribunal especial en la prisión de Ketziot, de acuerdo con datos difundidos por Times of Israel y Channel 12.

¿Qué pueden afrontar los activistas? Los antecedentes de misiones anteriores muestran un protocolo regular: los activistas suelen ser detenidos en el mar por comandos, trasladados bajo custodia a puertos israelíes y luego interrogados. En la mayoría de ocasiones, la respuesta culmina en deportaciones y la imposición de prohibiciones de entrada a Israel durante varios años. Si uno de los tripulantes rechaza la expulsión inmediata, las autoridades han anunciado la intervención de un tribunal de excepción para revisar cada caso de forma individual.

Los testimonios recogidos a bordo, como el del diputado Juan Bordera en el Sirius, describen la sucesión de abordajes y las órdenes de destruir los teléfonos móviles. “Han empezado a abordar barcos y tiran los móviles al agua. El nuestro será el siguiente”, señala en un mensaje difundido por redes sociales mientras la operación está en marcha. Entre los interceptados hay ya al menos 29 personas de nacionalidad española que viajaban en distintas embarcaciones de la Flotilla, según las listas de tripulación accesibles en el portal web de la Flotilla.

Las opciones para los involucrados se reducen al interrogatorio, la deportación o el examen de sus casos ante tribunales especiales. En el horizonte, la incertidumbre: en operaciones previas, como la del Mavi Marmara en 2010, el uso de la fuerza dejó víctimas mortales y decenas de heridos. Por el momento, la historia se repite: barcos abordados en el mar, retenciones de activistas de diversas nacionalidades y un procedimiento que combina la seguridad, la diplomacia y fuertes implicaciones en el tablero internacional.