Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha confirmado este jueves que tiene localizados a 65 activistas españoles —de entre los más de 400— que viajaban en la Flotilla Global Sumud, interceptada por el ejército israelí en aguas internacionales cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria el miércoles por la noche. A última hora de esta tarde, la Policía Israelí ha confirmado que más de 250 participantes han sido recibidos en manos de las Fuerzas de Defensa de Israel y han sido “sometidos a control y trasladados de forma segura para su posterior tramitación y deportación”. Durante la noche, tras el Yom Kippur —el Día de la Expiación, el más sagrado del año judío— continuarán con el procedimiento de los activistas restantes.

Entre los españoles detenidos se encuentran nombres de peso político: Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; Pilar Castillejo, diputada de la CUP; Jordi Coronas, concejal de ERC; y la diputada autonómica de Más Madrid Jimena González. También viajaban Lucía Muñoz, Serigne Mbayè y Alejandra Martínez Velasco, representantes de Podemos, junto a militantes de Izquierda Unida y la abogada gallega Sandra Garrido.

En total, la Flotilla Global Sumud está compuesta por más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 voluntarios de distintas nacionalidades. El Ministerio de Exteriores israelí, que ha tachado la iniciativa de “provocación”, y ha asegurado que “todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud”.

En conversación con Infobae España, el abogado José Montero, especialista en fiscalidad y Derecho Civil del despacho Montero de Cisneros, ha explicado cómo suelen resolverse este tipo de situaciones.

El experto apunta que Israel es el que “asume inicialmente el coste de la deportación para sacárselos de encima lo más rápido posible. Intentará repercutir ese gasto al Estado español a través de la embajada en Israel”.

Sin embargo, el abogado subraya que no hay una normativa internacional clara que regule estos escenarios. “Si fueran pasajeros en avión, las compañías suelen cubrir el retorno. En este caso, será Israel quien financie primero y luego reclame. Dependerá de que lo quieran pagar o no, que entiendo que por motivos políticos intentarán no hacerlo”, apunta.

El ministro de Exteriores Antonio Tajani ya ha informado en la mañana de este jueves en la Cámara de los Diputados que las autoridades israelíes completarían a lo largo de la jornada el traslado a la ciudad israelí de Ashdod de todos los integrantes de la flotilla, así como de otras personas que viajaban en el medio centenar de barcos, entre ellas periodistas que cubrían la expedición.

Una vez en la ciudad portuaria, los detenidos serán llevados a unas instalaciones en Beer Sheva, concretamente a la prisión de Ketziot, donde este viernes por la mañana podrán recibir visitas consulares.

El Gobierno israelí tiene la intención de repatriar a todas las personas a bordo de la flotilla “mediante una única medida de expulsión forzosa” y a bordo de “dos vuelos chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, en dos capitales europeas distintas”, que pretende que sean Londres y Madrid.

Según ha explicado, las autoridades israelíes han pedido que esas dos ciudades sean los destinos de los vuelos “porque son la sede de la dirección de la flotilla”. Por ello, no habrá un vuelo específico hacia Italia, aunque el gobierno de Roma está trabajando para facilitar el regreso de sus ciudadanos.

*Con información de EFE