Paralizan los primeros traslados exprés de menores migrantes a la Península: “Ese menor, que no es menor”

En cuestión de días, la detección de falsos menores de edad ha obligado a paralizar los traslados de los menores migrantes atendidos en Canarias o Melilla. El reciente caso de un menor, que en realidad era mayor de edad, ha generado una tormenta institucional entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos.

El primer caso se produjo en Melilla, donde la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno decidieron detener el traslado de un joven migrante que estaba siendo tratado como menor por los servicios sociales.

“La Ciudad Autónoma nos comunicó que era mayor de edad y por ello ese menor, que no es menor, ya no se va a trasladar a la península”, aclaró la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

Esta situación puede darse en menores que ya vivían en Melilla antes de la declaración de contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla el 29 de agosto, ya que este grupo se rige por una normativa diferente, con plazos más extensos y pruebas médicas obligatorias para determinar la edad.

Ante esta escalada de errores, Moh ha anunciado una reunión de coordinación entre el Gobierno central, la Ciudad Autónoma, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad. “Hay un trabajo importante que no saldría de la manera que tiene que salir” si persisten las disfunciones documentales, advirtió.

Apenas un día después, otro episodio similar se produjo en Canarias. El que iba a ser el primer menor extranjero trasladado a Extremadura dentro del nuevo procedimiento exprés, fue finalmente bloqueado tras confirmarse, mediante pruebas óseas, que tenía más de 19 años.

El protocolo, aprobado tras la reforma de la Ley de Extranjería, establece que los menores recién llegados deben ser derivados a otras comunidades en un plazo de 15 días, tras ser escuchados, validados por la Fiscalía y coordinado el viaje por el Gobierno autonómico.

No obstante, en una entrevista concedida a Infobae España a principios de la crisis migratoria, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), advirtió de la fragilidad de los métodos empleados para determinar la edad.

Estas pruebas tienen “un margen de error de dos años aproximadamente y no puede ser el único criterio para decidir si una persona es menor o adulta”.

Por tanto, la organización reclamó evaluaciones multidisciplinares, que incluyan informes sociales y psicológicos, dejando las pruebas médicas como “último recurso”.

El tono subió de nivel cuando el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, señaló directamente al Ejecutivo autonómico por enviar expedientes incorrectos.

“No entendemos por qué el Gobierno de Canarias nos ha remitido ese expediente cuando en él aparece que el joven manifestó al llegar que es mayor de edad”. Asimismo, Pestana aseguró que no es un caso aislado y que se han remitido hasta ocho expedientes de personas que ya tenían la mayoría de edad.

“Los adversarios están el Partido Popular; los tienen sentados en su Consejo de Gobierno porque es el PP el que presenta alegaciones a cada expediente de traslado”, resumió el delegado. Además, también reveló que existen más de 30 expedientes de menores que cumplirán los 18 años en las próximas semanas y más de 900 que nunca recibieron respuesta por parte del Gobierno Autonómico.

No obstante, Pestana defendió la voluntad de colaboración con Clavijo: “El presidente de Canarias debe saber que aquí tiene un aliado. Errores podemos cometer todos, pero no es este caso por nuestra parte”.

Mientras se decide si son menores o adultos, sus vidas quedan en pausa. Y las instituciones, enfrentadas.