Gobierno y comunidades no llegan a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda y aplazan la reunión a la semana que viene “para buscar el consenso”

Este jueves, las comunidades autónomas se han reunido con el Ministerio de Vivienda para hablar sobre el futuro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, sin éxito. Han sido las comunidades las que han mostrado más desacuerdos sobre “aspectos concretos” del proyecto y, por ello, se ha decidido posponer la resolución final y volver a reunir a la Comisión Multilateral la próxima semana “para buscar el consenso”.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que encabezada el encuentro, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita triplicar los fondos públicos para vivienda hasta los 7.000 millones de euros.

En la reunión se ha manifestado que hay una voluntad de acuerdo para sacar adelante el próximo Plan de Vivienda, que prevé movilizar 7.000 millones de euros, lo que supondría triplicar la inversión pública respecto al periodo anterior. El diseño establece que el Gobierno central asumirá el 60% y las comunidades autónomas el 40% del total.

Desde el ministerio han subrayado que la reunión ha tenido un tono constructivo y han recalcado que pondrán “todo de su parte” para trabajar por un acuerdo al “servicio del interés general”, que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada para toda la ciudadanía. El objetivo expuesto por el Gobierno exige, además de la inyección financiera, avanzar en criterios de corresponsabilidad en la financiación, protección permanente de la vivienda pública y mayor transparencia en la gestión y los datos.

Aunque ha habido un ambiente de diálogo, también ha habido espacio para la discrepancia. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han denunciado la “unilateralidad” y el “autoritarismo” por parte del Ejecutivo central en la elaboración del nuevo Plan de Vivienda. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reclamado lealtad institucional y ha criticado la escasa respuesta del Ministerio a las propuestas autonómicas.

Suárez-Quiñones ha argumentado que la elaboración y ejecución del plan requiere un reparto competencial que reconozca la inversión y capacidad de gestión de las comunidades. La petición, según ha defendido, se dirige especialmente a asegurar la participación real de las autonomías en la toma de decisiones y a mitigar la carga adicional que supondría para sus presupuestos el modelo de cofinanciación previsto.

Por su parte, la ministra Isabel Rodríguez ha rechazado las acusaciones de unilateralidad, y ha instado a las comunidades a no regirse “al dictado del PP y de Feijóo”, sino a responder a la mayoría social que pide acuerdos para la vivienda. Rodríguez defiende la cofinanciación solicitada y anima a las autonomías a sumarse a un proyecto que multiplica por tres el esfuerzo inversor previo, subrayando que “no es descabellado” el modelo propuesto.

Finalmente, a falta de consenso en varios puntos clave, Ministerio y comunidades autónomas han acordado continuar el diálogo la próxima semana. Será entonces cuando, en una nueva sesión de la Comisión Multilateral, ambas partes tratarán de acercar posturas y definir un marco común para el despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, del que depende el refuerzo de la vivienda pública y el acceso a la vivienda para miles de familias en los próximos cinco años.