Agentes de la Policía Nacional han liderado una operación, bajo la coordinación de EUROJUST, el apoyo de EUROPOL y la participación de las autoridades de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, en la que se ha desarticulado una red criminal internacional que blanqueó más de 102 millones de euros procedentes de estafas de inversión online. De esta cantidad, 12,2 millones tiene su origen en víctimas residentes en España.
La investigación dio comienzo en octubre de 2022 tras una denuncia de las autoridades lituanas, en la que alertaban del uso de una plataforma financiera para canalizar fondos procedentes de estafas.
Así se formó un Equipo Conjunto de Investigación liderado por España con el apoyo de Lituania, al que se unieron posteriormente Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria bajo la coordinación de EUROJUST y el soporte analítico de EUROPOL.
El análisis reveló que la red criminal había estado operando desde 2019 mediante plataformas fraudulentas de inversión, conocidas como “chiringuitos financieros”, “causando graves perjuicios a miles de víctimas en más de treinta países europeos”, según explican desde la Policía Nacional.
Una red de teleoperadores para captar víctima
El modus operandi era simple: tenían que captar inversores mediante páginas de web profesionales y falsas gestoras de inversión y ofrecerles rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.
Para llevarlo a cabo, la organización contaba con teleoperadores que, bajo una aparente profesionalidad, se ganaban la confianza de las víctimas para inducir a realizar transferencias bancarias a cuentas a nombre de sociedades pantalla. Estas sociedades, en realidad, carecían de actividad económica real y solo servían como receptoras del capital obtenido fraudulentamente.
Una vez que la organización criminal recibía los fondos, eran inmediatamente fraccionados y enviados a exchanges de criptomonedas reales donde eran convertidos a criptoactivos –BTC y USDT- y remitidos a direcciones opacas controladas por la propia organización.
Puede haber más víctimas que no han denunciado
Todas las pesquisas llegaron a su fase final el 17 de septiembre de 2025, momento en el que se llevó a cabo la fase de explotación con dispositivos policiales coordinados en cinco países en una acción que se saldó con seis detenidos (tres en España, uno en Portugal, uno en Bulgaria y uno en Rumanía) y cinco registros domiciliarios y societarios. Uno de los principales investigados, residente en Portugal, fue localizado en Barcelona por los agentes españoles.
Además, se emitió una orden internacional de detención contra otro de los investigados que no pudo ser arrestado en Italia. En los registros se intervinieron 10.700 euros en efectivo, criptomonedas por un valor aproximado de 80.000 euros y 20.000 dólares, seis lingotes de oro, monedas de plata y diversas joyas, además del embargo de 83 cuentas bancarias en España y otros países europeos.
El volumen económico defraudado asciende a 102.908.705 euros, de los cuales más de 12,2 millones tienen origen en víctimas residentes en España. Esta cifra se basa en movimientos bancarios verificados y trazabilidad de criptoactivos, aunque se estima que las pérdidas reales pueden ser aún mayores debido a víctimas que no han denunciado.
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