El problema de los animales abandonados es cada vez más persistente y existe poco control sobre este tipo de sucesos. Sin embargo, sí que se considera que hay empresas que se encargan de proteger a colonias de perros o gatos callejeros. El problema viene cuando estas empresas no les ofrecen una situación mejor, y lo disfrazan de “ética” y cuidado animal.
Tal y como relata La Vanguardia, las organizaciones de protección animal recibían llamadas de denuncias de mujeres llorando por la situación de las colonias felinas en sus barrios. Gatos que ellas mismas habían alimentado durante meses o años, de repente desaparecían y no sabían dónde se los llevaban. Algunos volvían desorientados tras ser capturados por empresas contratadas por sus propios ayuntamientos; otros eran encerrados en jaulas para siempre o simplemente no volvían más.
Tras estas denuncias, las organizaciones comenzaron a detectar un patrón preocupante que se repite en numerosos municipios, tanto en España como en otros países: empresas de control de plagas, bajo el disfraz de “gestión ética”, han convertido la atención a los gatos comunitarios en un negocio lucrativo y desregulado.
Una intervención sin control ni transparencia
Aunque los contratos municipales afirman aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno), la realidad que describen las voluntarias y gestoras locales dista mucho de ese enfoque. Gatos desaparecidos sin dejar rastro, animales transportados durante horas en furgonetas sin ventilación, jaulas sucias, cachorros separados de sus madres lactantes o liberaciones de animales aún bajo los efectos de la anestesia son algunas de las prácticas señaladas. Todo, denuncian, para cerrar rápidamente los expedientes de captura y cobrar por “resolver el problema”.
En muchos casos, ni siquiera se informa del número exacto de animales capturados ni de su destino final. El sistema permite cobrar una cantidad fija sin necesidad de justificar resultados, y lo que se presenta como una solución ética se convierte, en la práctica, en una intervención sin control ni transparencia.
Un factor que es clave en esta preocupante situación -es que las gestoras locales, que son las que verdaderamente conocen a fondo las colonias felinas- son excluidas de estos casos. Por ello, los animales recogidos de la calle terminan en un estado de desorientación absoluta, con un grave deterioro físico y mental. “El problema no se resuelve, sólo se encierra”, denuncian. Sin un censo previo ni seguimiento posterior, las colonias siguen ahí, pero peor gestionadas, más débiles y sin confianza en las instituciones públicas.
La mala aplicación de la Ley del Bienestar Animal
A todo esto se suma un dato legal relevante: la Ley 7/2023 de Bienestar Animal deja claro que los gatos comunitarios no son una plaga. A pesar de que la ley lo deja claro, los ayuntamientos se siguen empeñando en contratar empresas cuyo objetivo es terminar con las plagas, como si de cucarachas se tratase. De esta manera, los denunciantes hacen hincapié en que tratar como una plaga a gatos callejeros, solo consigue que sean vistos como un problema que eliminar.
Además, cabe mencionar que esto supone crispación en la sociedad, alimentando la confrontación entre los diferentes grupos. Se pierde el tiempo con discursos, pero nunca se llega a encontrar una solución real y ética para terminar con este tipo de sucesos. Las organizaciones critican que, bajo este sistema, una empresa de servicios puede redactar un protocolo estándar, copiarlo y pegarlo en distintos municipios sin tener en cuenta las particularidades locales.
El contraste con los servicios ofrecidos por profesionales especializados en captura ética es llamativo: mientras que estos últimos garantizan seguimiento, retorno y bienestar animal, las empresas contratadas por los ayuntamientos llegan a cobrar hasta un 200% más sin ofrecer garantías ni resultados verificables.
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