El aborto sigue estancado en la sanidad pública: “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”

Los centros sanitarios españoles practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2024. La cifra refleja un aumento de alrededor de 3.000 intervenciones respecto al año anterior (3% más que en 2023) que se replica en la mayoría de las comunidades autónomas y en todas las franjas de edad. Las intervenciones, sin embargo, siguen relegadas casi en su totalidad a la sanidad privada: el Sistema Nacional de Salud (SNS) realizó un total de 30.900 intervenciones, frente a las 83.609 llevadas a cabo en clínicas de titularidad privada.

Los datos muestran un crecimiento las intervenciones de la sanidad pública (2.363 IVE más que en 2023), lo que demuestra “que la sanidad pública está ganando peso en la garantía de este derecho”, ha valorado la ministra Mónica García en la presentación del informe. De hecho, la sanidad privada ha realizado este año 563 intervenciones menos, una ligera disminución que, no obstante, continúa mostrando “que el peso del los centros privados no se ha interrumpido”, según la ministra. “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”, ha puntualizado García.

Del total de IVE realizadas en el país, más de tres de cada cuatro se hicieron antes de las 8 semanas de gestación y la mayoría de las mujeres que pasaron por el proceso lo hacían por primera vez. El método farmacológico, más sencillo y menos invasivo, tuvo un incremento del 31% este año, pero el 68% de los abortos continúan realizándose a partir del método quirúrgico, especialmente en los centros privados, que acumulan 8 de cada 10 procedimientos.

El informe de Sanidad resalta que el 49% de las personas que pasaron por la interrupción del embarazo habían mantenido relaciones sexuales sin utilizar ningún método anticonceptivo, lo que demuestra que “debemos intensificar la salud sexual” y “eliminar todas las barreras económicas y territoriales” que impiden el acceso a la contracepción, según la ministra. En ese sentido, García ha recordado que su ministerio trabaja en ofrecer preservativos gratuitos desde las farmacias a todos los jóvenes entre 16 y 22 años. “Los abortos crecen ligeramente en general, aunque la sanidad pública ha aumentado ligeramente también su actividad, sigue siendo claramente insuficiente y que la prevención necesita ser reforzada, especialmente en la población más joven”, ha insistido García.

La labor de la sanidad pública es “insuficiente”, según la ministra, que ha recordado que hay comunidades autónomas que “siguen sin cumplir con su parte”. Como ejemplo, ha señalado a la Comunidad de Madrid, que en los últimos 10 años ha realizado 162.000 abortos, pero tan solo 177 de ellos se han realizado en centros públicos. Estas cifras son “inaceptables”, ha valorado García. “Esto, además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer“, ha añadido.

Los objetores de conciencia con uno de los grandes obstáculos que enfrenta la implantación del aborto en la sanidad pública. En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad presentó el protocolo para la creación del Registro de personas objetoras de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, una guía para que las autonomías pudiesen desarrollar este objetivo marcado en la Ley 1/2023 y que tan solo 5 comunidades han desarrollado. “Nuestro objetivo es que la ley se cumpla en todas y cada una de las comunidades autónomas, garantizando que todas las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública sin obstáculos y tampoco sin desigualdades territoriales, porque sabemos que la red pública es la que garantiza la mayor equidad y también es la que garantiza la mayor calidad”, ha apuntado García.