Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

El Gobierno ha incumplido por tercer año consecutivo el plazo constitucional para presentar los Preesupuestos Generales del Estado (PGE) de cara a 2025, ante la imposibilidad de recabar los apoyos suficientes del resto de fuerzas políticas.

Esto era algo de lo que ya avisó la foto finish del pasado curso político, que retrató la frágil mayoría que entonces permitió la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Conscientes de ello, en Moncloa hace tiempo que abandonaron la idea de presentarlos el 30 de septiembre (fecha límite que marca la Constitución), pero insisten que la intención es hacerlo “a la mayor brevedad posible”, salgan adelante o no. “El borrador ya está hecho, a falta de hacerse los últimos ajustes”, ha asegurado este martes el portavoz de los socialistas, Patxi López, en una intervención en Las Mañanas de la 1.

Pero todavía nadie se atreve a dar una fecha concreta, principalmente porque quedan deberes por hacer. Y es que el Consejo de Ministros de este martes se ha celebrado sin techo de gasto ni senda de estabilidad aprobados, pasos previos y fundamentales para elaborar las nuevas cuentas públicas, ya que deben cumplir con las reglas fiscales de Bruselas.

En todo caso, desde las filas socialistas se muestran convencidos de ser el único partido capaz de articular mayorías en positivo. Aseguran que están actualmente “en conversaciones con el resto de fuerzas políticas”, pero formaciones como Podemos, desde hace meses instalado en la oposición en el bloque de la izquierda, niegan esta realidad, si bien remarcan que “sus condiciones son públicas”. El voto de la formación morada es especialmente importante, ya que una mayoría negativa que sume con el bloque de la derecha -esto es PP, Vox y UPN-, formarían una mayoría de bloqueo que tumbaría los Presupuestos.

Preguntado por esta cuestión López ha revelado algunos de los principales escollos que el Gobierno de Coalición negocia -y, remarca- con fuerzas políticas “muy distintas en una situación política que es muy compleja”. “Unos piden ser muchos más contundentes con Israel y menos militarismo, cuando lo que estamos haciendo es aumentar los recursos para la Defensa de nuestro país. Otros ponen condiciones que no tienen nada que ver con los presupuestos, aunque forman parte de los compromisos del Gobierno como ellos”, ha afirmado.

Así, el principal escollo que debe el PSOE con el bloque de la izquierda es el aumento de las partidas de defensa, el compromiso que España y el resto de aliados de la OTAN alcanzaron en la Haya el pasado junio para responder al escenario de seguridad turbulento marcado por la invasión rusa de Ucrania.

El Gobierno español ha sido uno de los más reticentes a aceptar las desorbitadas demandas del presidente estadounidense, principalmente porque el 5% es una cifra inasumible para las cuentas de nuestro país. En todo caso, España ha mantenido su intención de incrementar las partidas militares para alcanzar el 2,1% del PIB, tal y como asegura acordó con la Alianza.

Pero este asunto ha generado fricciones que nacen del propio Ejecutivo de coalición. Sumar ha advertido a la parte socialista que no aceptarán un aumento en defensa que vaya en detrimento de las políticas sociales. Una postura que comparten los socios de investidura de Podemos y el BNG, que rechazan tajantemente cualquier incremento de las compras de armamento porque llevaría a “terribles recortes” para “pagar las armas y la energía” que la UE se ha “comprometido a comprar” a EEUU. Los socialistas, por su parte tratan de hacer equilibrismos para justificar este rearme sin armas necesario, indicando que “seguridad no es solo defensa, y defensa no es solamente armamento”.

Otro asunto espinoso es la ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña, que ya sufrió un revés político en el primer Pleno del curso con los votos de PP, Vox, Podemos, UPN y dos diputados de Sumar (Jorge Pueyo, de la CHA, y Alberto Ibáñez, de Compromís).

Se trata de uno de los compromisos que el Gobierno alcanzó con Junts per Catalunya para asegurar la investidura de Pedro Sánchez. Ahora, desde las filas socialistas, temen que el bloqueo parlamentario a esta iniciativa -por algunas expresiones incluidas en el preámbulo- se transforme en el ‘no’ de los de Puigdemont.

La formación que lidera Ione Belarra optó finalmente por el voto negativo, denunciando que la medida es “racista”. Según manifestó la formación morada, no trata sobre el modelo de Estado o las competencias sino que es “una nueva iniciativa que trata a la inmigración como un peligro social”. “Aquí lo que han pactado PSOE y Junts es una ley para decidir qué administración ejerce el racismo y la presión sobre la población inmigrante”, señaló el día de la votación el diputado de Podemos, Javier Sánchez.

Sumar avaló el traspaso, pero matizó que, más allá de la parte normativa, no tolerará que haya nada que suene racista en la exposición de la ley. No obstante, dentro de la coalición, ya quedó reflejado que no hay unanimidad de voto en esta cuestión y que, en todo caso, permitirían estas discrepancias de voto.

El PSOE abordará de nuevo con Junts si vuelven a presentar en la Cámara Baja el texto “tal y como está o con alguna modificación”. “Nuestra intención es, primero, hablar con Junts”, ha insistido el portavoz del PSOE en el Congreso.

En esta larga lista de demandas, Podemos ha introducido además una cuestión independiente de las cuentas públicas, como es, piden textualmente, la ruptura de relaciones comerciales con “el Estado terrorista y genocida” de Israel, y la aprobación de un decreto de embargo de armas a ese país que incorpore sus propuestas.

El Gobierno de coalición ya ha aprobado por decreto ley el embargo total de armamento israelí, pero todavía evita la ruptura comercial; primero, para no salirse del marco europeo y; segundo, porque los contratos estratégicos y soluciones tecnológicas israelíes unen a ambos países desde hace décadas.

Existen dos lecturas. Políticamente, el golpe sería duro de asumir. Los presupuestos del Estado son la prueba de fuego de la estabilidad de un Gobierno y de no salir adelante sería una muestra clara de la fragilidad del Gobierno, que debe afrontar todavía dos años de legislatura.Hay que recordar que este asunto ha sido el desencadenante de las salidas de dos primeros ministros en Francia.

No obstante, funcionalmente, el Gobierno podría seguir adelante porque se decretaría automáticamente una prórroga de la última partida hasta aprobar una nueva, como ya se hizo con las cuentas de 2023 en 2024. Eso sí, con un esquema que no responde a las nuevas necesidades. No habrá margen para introducir nuevas reformas fiscales que puedan aliviar o incrementar la carga impositiva sobre los ciudadanos

Aún así, aún es posible presentar los presupuestos de este año. Sin embargo, el calendario apremia al Gobierno, ya que la tramitación parlamentaria puede tardar alrededor de tres meses entre el Congreso y el Senado.