Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación sobre aquellas empresas que promueven en España productos o servicios originados en los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta decisión surge tras la aprobación la semana pasada del Real Decreto-ley 10/2025, una normativa que endurece el marco regulatorio ante el conflicto en Gaza y dispone medidas urgentes de apoyo a la población palestina.

El departamento liderado por Pablo Bustinduy comenzará a examinar la publicidad en España de negocios israelíes radicados en los asentamientos ilegales, que se considera ilícita en el artículo 4 de la citada norma, tanto en el caso de servicios ofrecidos en la zona de conflicto o productos importados desde la misma. La medida llega tras la publicación el pasado mes de julio de un informe en el que Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, denuncia que “hay empresas que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal”, según ha detallado Consumo este martes en un comunicado.

El Ministerio al mando de Pablo Bustinduy considera que promover estos servicios y productos en el mercado nacional supone contribuir a la continuidad de “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel” sobre la población de Gaza, una práctica que, según su análisis, constituye una actividad ilícita conforme al derecho internacional. En declaraciones previas durante el acto “Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina”, Bustinduy insistió en la intención del Gobierno de destinar “todos los recursos que sean necesarios” para evitar que “ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”.

Más allá de esta medida, el Decreto-ley contempla otra serie de iniciativas destinadas a cortar los lazos del tejido empresarial español con la ocupación israelí, como la prohibición de compraventa de material de defensa y compromisos adicionales para garantizar la transparencia en la cadena de suministro, facilitando la identificación de productos de procedencia israelí.

Desde el Ministerio recuerdan que otros países europeos ya ejecutan controles similares y citan el ejemplo de las investigaciones por posibles delitos de blanqueo de capitales vinculados a estos negocios en Países Bajos, al ser considerados ilegales en el estudio firmado por Albanese, que también es la representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, bajo el nombre “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.

La consecuencia más polémica del Real Decreto-ley ha sido la aprobación del embargo de armas a Israel, que permite excepciones cuando los intereses nacionales lo requieran. Aunque el Ministerio de Defensa ya había iniciado la cancelación de contratos importantes con empresas israelíes, la complejidad de las relaciones comerciales entre los dos estados presenta dificultades para la efectividad de la medida.

A pesar de la desconexión anunciada, compañías israelíes siguen participando en la contratación pública española, como Attenti, que provee pulseras electrónicas penitenciarias, o Guardian Homeland Security, que suministra barreras de seguridad para ayuntamientos. En tecnología, la presencia de patentes y desarrollos israelíes en productos y servicios de uso cotidiano revela una dependencia estructural compleja de revertir. El ámbito deportivo y cultural también se ha visto impactado por protestas y boicots relacionados con la participación de entidades israelíes.