La justicia belga ha intensificado la presión sobre el Gobierno español tras embargar 207,3 millones de euros por el impago de las indemnizaciones a empresas de energías renovables. La medida afecta directamente a los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de control aéreo, realiza a Enaire, la empresa estatal que gestiona el espacio aéreo español.
Origen de los impagos
El conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero implementó un programa de ayudas para fomentar la producción eléctrica a partir de fuentes renovables. Sin embargo, en 2013, el Ejecutivo, presidido entonces por Mariano Rajoy, eliminó estas primas con carácter retroactivo, lo que desató una oleada de litigios internacionales.
Las empresas afectadas recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), vinculado al Banco Mundial. Hasta la fecha, Ciadi ha fallado a favor de los demandantes en 26 de los 52 procedimientos presentados, incluyendo indemnizaciones, intereses de demora y gastos legales.
Embargos en Bélgica
El reciente embargo responde a la solicitud de la empresa estadounidense RREEF y otras compañías perjudicadas ante la falta de ejecución de los laudos arbitrales. Inicialmente, los acreedores esperaban recuperar aproximadamente 80 millones de euros, pero finalmente la cifra bloqueada ascendió a 207,3 millones.
De ese total, 197,3 millones de euros corresponden a pagos que debía recibir Enaire y los 10 millones restantes a obligaciones menores. Los laudos arbitrales están amparados por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), aunque España y otros países europeos ya han anunciado su salida del acuerdo. Esto ha llevado a las compañías a recurrir a tribunales ordinarios para ejecutar las sentencias.
La Corte de Apelación de Bruselas autorizó el 18 de junio intervenir los pagos de Eurocontrol a Enaire en caso de incumplimiento, y un mes después, otro tribunal autorizó el embargo de cuentas bancarias de la organización que recauda las tasas del espacio aéreo comunitario.
Además, no es la primera vez que la justicia se ve obligada a intervenir. Un año antes, ya se habían realizado embargos por 105 millones de euros para satisfacer las deudas con Blasket Renewable Investment.
El caso más destacado: Eurus Energy
El caso que más llama la atención es el de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, que invirtió cientos de millones en parques eólicos y fotovoltaicos en Galicia y Asturias. El laudo arbitral del Ciadi reconoció a la compañía el derecho a percibir 106,2 millones de euros más intereses, actualmente superiores a los siete millones, por la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
Los intentos de España por anular este laudo han sido rechazados sistemáticamente, lo que llevó a las empresas afectadas a solicitar el embargo de los pagos de Eurocontrol. Situaciones similares se han producido en otros países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde recientemente se han dictado sentencias que suman más de 480 millones de euros en resarcimientos.
Ahora, las compañías esperan alcanzar acuerdos para cerrar un capítulo que se prolonga desde hace más de una década, y que, según sus estimaciones, ha provocado una caída de más de 60% en la inversión extrajera en el sector energético.
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