Seguridad Social y sindicatos se acercan a un acuerdo tras meses de negociaciones sobre las cuotas de autónomos y el cese de actividad

El Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos, entre los que se encuentra la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), se reunirán una vez más a comienzos de octubre para hablar de los tramos de cuotas de autónomos para el trienio 2026, 2027 y 2028. Por parte de los sindicatos, las negociaciones del sistema de cotización están condicionadas a llegar previamente a un acuerdo respecto a los desequilibrios provocados con la regulación por ingresos reales de 2022.

En concreto, las asociaciones critican que la regulación vigente ha impactado en los autónomos con más de una actividad, situándolos en tramos más altos pese a que ya contribuyen en el régimen general. También ha perjudicado a colaboradores familiares —un miembro directo de la familia del autónomo que trabaja de manera regular en para su familiar titular—, asignándoles bases inferiores y reduciendo sus aportaciones. Otra de las cuestiones importantes a solucionar es el paro de los trabajadores por cuenta propia. Según ATA, solo el 40% de los que cesan su actividad cobran prestaciones, por lo que, antes de hablar de nuevas cuotas, deberán solucionarse estos desajustes.

El último encuentro, celebrado el 15 de septiembre, reunió a miembros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con agentes sociales y organizaciones de autónomos. Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante este encuentro no se pusieron sobre la mesa las tablas con las nuevas cuotas, ya que antes de abordar este tema pretenden hablar solucionar las disfunciones que se produjeron en el proceso de regulación de cuotas de 2023 y la necesidad de reformar el cese de actividad.

“Hay que tenerlo solucionado antes de la regularización del año 2024” señala Amor, que advierte al Ministerio de que no está dispuesto a abordar las nuevas cuotas mientras no se solucionen estos aspectos y se reforme el cese de actividad, dado que “seis de cada diez autónomos que solicitan esta prestación se están encontrando con que se les deniega”. Además, señala que antes de hablar de las cuantías para los próximos tres años tienen que hacer una evaluación previa del sistema y el Ministerio debe entregar la información necesaria.

“El Gobierno se comprometió a darnos los datos para evaluar, así como las proyecciones de lo que puede ser 2024 y 2025. Nosotros no vamos a hablar de tablas de cuotas mientras no estén solucionados todos los aspectos que hay pendientes”, asegura el representante de los sindicatos de autónomos.

Para muchos profesionales del RETA, la regularización por ingresos reales ha generado efectos inesperados que han impactado especialmente a quienes compaginan varias actividades, así como a determinados colectivos como los autónomos colaboradores y los societarios. Según la ATA, la Seguridad Social ha interpretado de manera restrictiva la normativa y ha situado a muchos autónomos en pluriactividad en tramos más altos, pese a que ya contribuyen en el régimen general.

Los colaboradores familiares y los societarios también se han visto perjudicados por la normativa. Para el primer grupo, la regla preveía que pudieran mantener las bases de 2023, pero en la práctica se les asignó una base inferior, lo que reduce sus aportaciones y puede tener consecuencias negativas en sus futuras prestaciones. Respecto a los societarios, la falta de declaración de rendimientos netos ha provocado que se les aplique de manera automática una base más baja, sin respetarse el compromiso del Ministerio de respetar las cotizaciones de 2022.

El paro de los autónomos es otro de los grandes temas a abordar antes de poder discutir las cuotas para los próximos tres años. Actualmente, según los datos aportados por ATA, más del 60% de quienes cierran su negocio no consiguen cobrar la prestación por cese de actividad, pese a haber contribuido al sistema durante años. Lorenzo Amor tacha de “inadmisible” la situación y señala que constituye una desigualdad respecto a los asalariados, que sí acceden a esta prestación al perder el empleo.

Tras la última reunión, donde las asociaciones solicitaron la revisión de estos puntos, el Ministerio aseguró que revisarían los requisitos de acceso al cese de actividad y simplificarían el procedimiento, eliminando “trabas burocráticas” que impiden a la mayoría de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de un derecho por el que cotizan mensualmente.

De cara a la siguiente negociación, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad, calificó las posturas del Ministerio y los sindicatos de “positiva” y confirmó que, a lo largo de dos meses, se habrá desarrollado “totalmente” el sistema de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos. “Si tenemos la voluntad todas las organizaciones de poner en marcha este nuevo sistema antes de que termine el año, seremos capaces. La siguiente reunión será para tocar temas concretos y para establecer cuál será la hoja de ruta para que el nuevo sistema se ponga en marcha el 1 de enero de 2026”.

Por su parte, la ATA confirmó que participará en la próxima reunión, aunque no para negociar una subida de cuotas: “No es el momento de hablar de incrementos, sino de soluciones”. La federación asegura que su principal objetivo es que se corrijan los errores de la regulación y se aborde la reforma del paro de autónomos. Además, ATA señala que, con la falta de Presupuestos Generales del Estado y el calendario legislativo tan ajustado, resulta “inviable” aprobar nuevas tablas de cotización en los tres meses que restan de año y aseguran que lo más realista sería prorrogar las cuotas actuales en 2026, manteniendo las bases mínimas y máximas establecidas para el sistema de ingresos reales.

De la reunión prevista para la primera semana de octubre debería salir el nuevo esquema de cotizaciones de los trabajadores autónomos para los próximos tres ejercicios, en lo que será otro trienio de tránsito hacia un sistema de cotización que se rija totalmente por ingresos reales y que deberá estar implantado en 2032. En el actual sistema, las cuotas van en función de horquillas de ingresos y los autónomos pueden cambiar varias veces de tramo para ajustar lo máximo posible su cuota mensual a su volumen de negocio. Aunque las cifras no se conocen, si no se prorrogan las de 2025, se espera que sigan la misma progresión que los años anteriores.

El Gobierno, los agentes sociales y las asociaciones de autónomos implicadas pactaron en 2022 este calendario, emplazándose a negociar cada tres años las nuevas cuotas que se corresponden a los distintos tramos de ingresos. Además, después de cada ejercicio, se haría un ajuste para ver si cada autónomo había cotizado de acuerdo a sus ingresos o se había quedado por encima o por debajo, lo que implicaría devoluciones o pagos adicionales a la Seguridad Social.