Toda Europa sufre la crisis de la vivienda y busca desesperadamente ideas para frenarla: estas son las medidas que propone Bruselas

La Unión Europea está viviendo una grave crisis por la falta de acceso a la vivienda. En los últimos ocho años, los precios de la vivienda en la región han aumentado una media del 48%, y los alquileres un 18%. En 2023, un informe de Eurostat reveló que la vivienda tenía un coste superior al 40% de los ingresos mensuales de un hogar.

En España, la subida media del coste de la vivienda entre 2023 y 2025 es de 47,6%.

Esta situación afecta sobre todo a los jóvenes, quienes dejan el hogar familiar de media a los 26,4 años, aunque el dato varía mucho entre los países de la UE: desde los 31,84 años en Croacia hasta los 21,4 años en Finlandia.

Frente a ello, el Parlamento Europeo ha publicado un proyecto de informe, donde afronta la situación con medidas a corto y largo plazo. Entre ellas: impulsar la oferta y apoyar la demanda.

El principal factor que impulsa el aumento de los precios de la vivienda es el desequilibrio persistente entre la demanda y la oferta de vivienda. La demanda se mantiene en niveles históricamente altos, mientras que el parque de viviendas sigue siendo rígido e insensible a las señales del mercado.

Desde el Parlamento indican que la crisis de vivienda debe abordarse en dos etapas: impulsar significativamente la oferta de vivienda y apoyar la demanda de vivienda para garantizar que quienes más la necesitan, sobre todo los jóvenes y las familias de ingresos bajos y medios, puedan obtener mecanismos de apoyo financiero sin distorsionar el mercado.

Para abordar el impulso de la oferta de vivienda, es esencial acelerar el ritmo y la escala de las nuevas construcciones y las renovaciones.

Para incentivar la construcción de viviendas, se ofrecen una serie de medidas concretas, como asegurar la propiedad inmobiliaria, impulsar significativamente la productividad y la innovación, atraer y retener mano de obra cualificada, y fortalecer el apoyo a las pequeñas y medianas empresas del sector.

Además, desde el Parlamento consideran que la protección de los derechos de propiedad debe convertirse en una “piedra angular del debate europeo sobre la vivienda como valor fundamental de la Unión Europea”, porque la seguridad jurídica y la protección de las familias y las personas “es un requisito previo para la estabilidad del mercado y la confianza de los inversores”.

Por otro lado, desde el Parlamento consideran que movilizar la inversión privada es esencial. Para ello, los Estados miembros y las instituciones de la UE deben establecer condiciones que atraigan capital privado.

Cada vez más personas eligen la ciudad antes que el pueblo. Esto lleva a una demanda elevada de viviendas en los grandes centros urbanos y despoblación en las zonas más alejadas. A la vez, mismo tiempo, las necesidades están evolucionando: las familias se reducen, la población envejece y las presiones migratorias se suman a los cambios demográficos.

En este contexto, la Unión intentará apoyar a los jóvenes que buscan comenzar una vida independiente mediante programas de vivienda específicos y mecanismos de apoyo hipotecario.

Además, los trabajadores esenciales, como médicos, profesores, personal de hostelería o agentes de seguridad, cada vez tienen menos posibilidades de acceder a una vivienda en las zonas donde su presencia es más necesaria. Las nuevas medidas proponen compensar este desequilibrio.

Al final del informe, desde el Parlamento subrayan que la UE no puede ni debe sustituir a los Estados miembros en la gestión de las políticas de vivienda, pero sí “debe actuar como catalizador eliminando barreras, impulsando la inversión y creando condiciones propicias para que todos los ciudadanos, familias y futuras generaciones puedan tener acceso a un hogar”.