El proceso por malversación de Begoña Gómez sigue adelante pese a dejar plantado al juez Peinado para concretar su imputación

El procedimiento judicial contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, sigue su curso pese a que no ha acudido este sábado a la citación fijada por el juez Juan Carlos Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Gómez debía comparecer a las 18:00 horas para que se le concretara su imputación por un presunto delito de malversación y se confirmara así la continuidad de la causa.

Fuentes de Moncloa confirmaron a El País que la investigada no se presentó, aunque sí lo hizo su abogado, Antonio Camacho. Se trataba de la quinta citación desde que se abrió la investigación, en abril de 2024, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, después de que el pseudosindicato Manos Limpias la denunciara, en un principio, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción. A partir de ese momento, Peinado fue abriendo nuevas ramas hasta que este 24 de septiembre decidió que en caso de enviarla a juicio por un presunto delito de malversación de caudales, lo haría a través de un jurado popular, como dicta la Ley del Tribunal del Jurado.

En la misma pieza separada del proceso figuran otros dos investigados: la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Ninguno de ellos acudió tampoco al acto, esgrimiendo que “su presencia no es indispensable”. Las defensas fundamentan esta decisión en una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. “En la comparecencia tan sólo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado. La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia, como se verá enseguida, no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado”, recoge la circular n.º 4/1995.

La sesión de este sábado se enmarca en lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que regula el “traslado de la imputación”. Este precepto ordena que, una vez incoado el procedimiento, el juez cite al imputado, al fiscal y a las demás partes para concretar la acusación. En ese acto, la defensa puede solicitar el archivo de la causa o proponer nuevas diligencias de investigación.

Según informa EFE, las acusaciones populares, encabezadas por la asociación ultraderechista Hazte Oír, han pedido al juez que cite como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la pieza separada que investiga un presunto delito de malversación. Asimismo, han reclamado la declaración del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la causa que analiza si la asesora de Gómez —remunerada con fondos públicos— realizó tareas vinculadas a la actividad profesional de la esposa del presidente en la Universidad Complutense de Madrid.

Si el procedimiento continúa y se abre juicio oral, el magistrado Peinado propuso el pasado martes que el caso sea enjuiciado por un jurado popular, como contempla la mencionada ley para los delitos de malversación. En ese escenario, la norma establece en su artículo 2 que el tribunal se compondrá de nueve ciudadanos seleccionados por sorteo, más dos suplentes, con posibilidad de recusación por parte de las defensas y acusaciones.

El juez Juan Carlos Peinado justificó la citación de este sábado asegurando que existen “indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos”. Reconoció que en un primer momento no veía procedente admitir a trámite la querella por malversación presentada por Vox, pero defendió que “la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva”. Inicialmente, había rechazado esa línea de investigación porque “no participó en el nombramiento ni en el pago de los emolumentos” de su asistente, “limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales para fines personales”.

Entre los motivos para sostener la imputación apuntó a la actitud de las investigadas en su anterior comparecencia —Gómez solo respondió a su abogado y Cristina Álvarez se acogió a su derecho a guardar silencio— y a varios correos electrónicos aportados por un exvicerrector de la Complutense, que ahora analiza la Guardia Civil.

A esa pieza separada se suman también mensajes del correo institucional de Moncloa pendientes de entrega y otro email enviado por Álvarez en febrero a la aseguradora Reale en el que citaba expresamente a Gómez, según publicó Europa Press. Además, Peinado se apoyó en un auto previo de la Audiencia Provincial de Madrid que veía indicios de un posible desvío de recursos públicos vinculados a la contratación de la asesora, aunque descartaba imputarle malversación.

La investigación, que ya cumple casi un año y medio de duración ha ido ramificándose en varias piezas sobre supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, mientras la Audiencia madrileña mantiene una decena de recursos pendientes de resolver.