Comprar una vivienda en España supone asumir no solo un precio de mercado cada vez más alto, sino también una pesada carga fiscal que encarece la operación de manera significativa. Así lo expuso Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Según detalló, “el 30 % del precio de la vivienda son impuestos”, una proporción que, trasladada a un ejemplo concreto, significa que en un piso de 300.000 euros, alrededor de 100.000 euros se destinan únicamente al pago de tributos.
El debate sobre el acceso a la vivienda, convertido en uno de los grandes problemas sociales y económicos de Europa, se intensifica también en España. El Parlamento Europeo ha reclamado recientemente medidas urgentes para facilitar la compra, desde hipotecas más baratas hasta la supresión de impuestos para jóvenes en la adquisición de su primera vivienda. Bruselas busca así aliviar la presión que soportan sobre todo los hogares de renta media y baja, los más golpeados por el aumento de precios.
España, sin embargo, presenta un contexto singular. La edad media de emancipación en la Unión Europea es de 26,6 años, pero en nuestro país se eleva a los 30. La razón no es solo cultural, los precios disparados actúan como una barrera de entrada. En agosto, el metro cuadrado de vivienda usada alcanzó un récord histórico cercano a los 2.500 euros, mientras que, según datos de Tinsa, el de la vivienda nueva se situó en torno a 2.000 euros en el segundo trimestre, con una subida anual del 10%.
Hasta 14 tributos distintos para un inmueble
Para Fernández Alén, buena parte de este encarecimiento tiene su origen en la estructura fiscal y administrativa que acompaña al mercado inmobiliario. El dirigente patronal denunció que un inmueble puede llegar a soportar hasta 14 tributos distintos desde que el terreno es solo suelo hasta que se convierte en vivienda habitable. Esta maraña normativa, argumenta, no solo encarece el precio final para el comprador, sino que retrasa la puesta en el mercado de nuevos desarrollos.
El presidente de la CNC defiende que reducir el coste es, sobre todo, una cuestión de voluntad política. Entre las medidas que plantea se encuentran la liberalización del suelo y la simplificación de trámites, así como la aplicación de tipos reducidos de IVA, la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales en determinadas operaciones o la supresión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para ciertas tipologías residenciales.
El impacto real de esta carga fiscal quedó patente en el ejemplo expuesto por el experto. Un piso de 300.000 euros —una cifra habitual para una vivienda media en muchas ciudades— obliga a destinar 100.000 euros solo a impuestos. El propio Fernández Alén calificó la cifra de “barbaridad”, reflejando el descontento que suscita entre los potenciales compradores.
Los precios han subido más que los salarios
La crítica de Fernández Alén se ve reforzada por la visión de otros expertos. Leandro Escobar, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, subrayó que “los precios de la vivienda han subido mucho más rápido que los salarios, especialmente los de los jóvenes”. La precariedad laboral, añadió, se ha convertido en un obstáculo para poder acceder no solo a la compra, sino incluso al alquiler, que en las grandes ciudades llega a consumir más de la mitad del sueldo.
Las cifras ilustran esta brecha generacional. Mientras hace dos décadas el 70% de los jóvenes lograba convertirse en propietario, hoy solo lo consigue el 43%. Para Escobar, las políticas públicas actuales son insuficientes y funcionan más como “salvavidas” que como soluciones de fondo. En su opinión, la rigidez de la normativa del suelo es uno de los principales problemas, y recordó que una iniciativa para agilizar los trámites urbanísticos se frustró por disputas políticas.
El profesor reclama un pacto de Estado que ponga en el centro el aumento de la oferta de vivienda asequible. Coincide con Fernández Alén en que la liberalización del suelo sería un primer paso imprescindible para revertir la tendencia y devolver cierto equilibrio al mercado inmobiliario. Mientras tanto, la carga fiscal continúa elevando el precio real de cada vivienda y alejando aún más el sueño de la propiedad para buena parte de la población joven.
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