Los lazos que desafían el embargo de armas y siguen uniendo a España con Israel: una compleja red de contratos, vigilancia electrónica, innovación, deporte y cultura

El embargo de armas a Israel, anunciado hace dos semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue finalmente aprobado este martes por el Consejo de Ministros mediante un real decreto-ley que le da respaldo legal. Ese retraso de quince días, que Moncloa había justificado por “motivos técnicos”, ha culminado en una norma que, aunque refuerza el gesto político, incorpora una cláusula que permite excepciones puntuales cuando el Ejecutivo considere que impedirlas supondría un perjuicio para los “intereses generales nacionales”. Pero la demora no es menor. Refleja hasta qué punto la relación con el Estado israelí está imbricada en numerosos ámbitos de la vida pública y económica española, y evidencia que romper de golpe esos lazos resulta más complejo de lo que la retórica política sugiere.

En el plano militar, la desconexión ya había comenzado meses atrás. El Ministerio de Defensa comunicó en junio su intención de revocar contratos con empresas israelíes y anunció la cancelación de dos programas emblemáticos: los misiles anticarro Spike y el sistema lanzacohetes Silam, adjudicados por casi mil millones de euros. Ambas licitaciones se habían concedido por vía de negociado sin publicidad —un procedimiento reservado a casos en los que se considera que sólo una empresa está técnicamente capacitada para asumir el proyecto—, lo que da idea de la posición privilegiada de la tecnología israelí en este terreno. Sin embargo, pese a la anulación formal, el Gobierno no ha aclarado cómo cubrirá esas capacidades militares ni qué alternativas reales existen en el mercado europeo o nacional. Además, buena parte de la producción recaía en empresas españolas como Escribano, lo que añade un efecto colateral interno.

En este contexto, la “desconexión” militar avanza, pero de manera más progresiva que contundente. Y lo hace con fuertes contradicciones: mientras Defensa impidió simbólicamente la participación de Israel en la feria de armamento celebrada en Madrid en mayo, otras empresas del país siguen concursando en procesos de contratación pública en España y, en algunos casos, ganando adjudicaciones.

El ejemplo más claro de esa paradoja se encuentra en un terreno muy alejado del frente bélico: el sistema penitenciario. Desde hace más de una década, España confía a la empresa israelí Attenti la fabricación de las pulseras y tobilleras electrónicas que controlan a cerca de 4.000 internos en tercer grado o en libertad vigilada. Se trata de un contrato estratégico en términos de seguridad pública, que comenzó en 2021 con un valor de 25 millones de euros y que posteriormente se ha ampliado con prórrogas hasta agosto de 2026.

La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha confirmado que el próximo año se abrirá un nuevo proceso de licitación para sustituir o renovar este servicio. Y, salvo que la empresa incurra en alguna de las causas de exclusión que marca la Ley de Contratos del Sector Público —delitos de corrupción, infracciones medioambientales o impagos tributarios, entre otros—, Attenti podrá volver a presentarse. El origen nacional de una compañía, en sí mismo, no constituye motivo de exclusión.

Aun así, fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran a Infobae España que no habrá más prórrogas y que se licitará un nuevo contrato. Los expertos consultados no tienen claro si el último decreto ley aprobado por el Gobierno, que prohíbe la compra y la venta de armamento a Israel y de cualquier otro tipo de material de defensa o de doble uso, incluiría este sistema de control telemático de presos.

Esa es una de las claves de esta relación: aunque el Gobierno quiera marcar distancias políticas, la maquinaria de contratación pública se mueve bajo reglas europeas y nacionales que no contemplan vetos por afinidades geopolíticas. De este modo, las empresas israelíes continúan siendo actores relevantes en sectores tan sensibles como la seguridad ciudadana. Guardian Homeland Security, por ejemplo, fue adjudicataria este mismo año de barreras antiembestida para el Ayuntamiento de Torrelavega.

Más allá de los contratos públicos, la relación comercial entre España e Israel se sostiene en un terreno todavía más difícil de desmontar: el tecnológico. Fuentes de la Cámara de Comercio e Industria Hispano-Israelí reconocen que las tensiones políticas han generado preocupación en algunos sectores, especialmente en el de la ciberseguridad, pero insisten en que no ha habido cancelaciones de contratos. El motivo es claro: gran parte de los desarrollos tecnológicos israelíes están tan integrados en la vida cotidiana que resulta imposible prescindir de ellos de la noche a la mañana.

Teléfonos móviles de Apple, ordenadores de HP, memorias USB o sistemas de cortafuegos para proteger redes informáticas incorporan patentes y desarrollos nacidos en Israel. El país es una potencia mundial en innovación tecnológica y muchas de sus soluciones se han convertido en estándar en la industria global. Para España —como para otros países europeos—, esa dependencia crea una brecha evidente entre la voluntad política de sancionar y la realidad práctica de la economía.

El ámbito deportivo se ha convertido en un escaparate de la tensión entre la sociedad civil y las instituciones. La pasada Vuelta ciclista a España se vio sacudida por protestas contra la participación de un equipo israelí. Las manifestaciones en Madrid forzaron incluso la suspensión de la última etapa. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, expresó públicamente su preferencia por excluir al conjunto, pero la organización —una empresa privada— se negó al no apreciar motivos reglamentarios. Finalmente, la única concesión fue retirar la palabra “Israel” de los maillots del equipo.

El deporte internacional seguirá siendo un terreno de fricción en los próximos meses. Competiciones como el Eurobasket, los partidos de la UEFA o el Mundial de Clubes pueden verse acompañadas de protestas ciudadanas. Incluso en los Juegos Olímpicos de París, celebrados en 2024, el Comité Olímpico Internacional recibió presiones para vetar a Israel, aunque finalmente permitió su participación junto a Palestina. La misma tensión se prevé de cara a los Juegos de Invierno de Milán en 2026.

La cultura, por su parte, refleja un debate paralelo. Eurovisión se perfila como un escenario simbólico: RTVE ha anunciado que España no participará si lo hace Israel, lo que añade presión al festival, patrocinado por la empresa cosmética israelí Moroccanoil. En el ámbito musical, festivales como el Sónar o el FIB de Benicàssim han sufrido cancelaciones de artistas por la vinculación de sus promotores con fondos de inversión con intereses en Israel, especialmente con KKR, que tiene participaciones en varias de estas promotoras. Y en el cine o el teatro, centenares de profesionales españoles se han sumado a manifiestos internacionales contra la violencia en Gaza, comprometiéndose a no colaborar con empresas asociadas al Estado israelí.

España intenta conjugar una condena firme a la ofensiva israelí en Gaza con la gestión de unas interdependencias que afectan directamente a su seguridad, a sus empresas y a su vida cotidiana. En esa tensión, el discurso político y la práctica administrativa se mueven en planos diferentes. Mientras la primera busca mostrar una ruptura, la segunda revela que esa ruptura es, en el mejor de los casos, parcial y progresiva.

La relación entre España e Israel, más que romperse, se está transformando. Y lo hace a un ritmo mucho más lento de lo que exigen las imágenes de Gaza o las protestas en las calles, porque detrás de cada contrato y de cada desarrollo tecnológico hay una dependencia estructural que ningún decreto puede desactivar de la noche a la mañana.