Inmigración, presupuestos y vivienda dividen a los partidos en el Parlament de Cataluña

El Parlament de Cataluña vivió este viernes un debate que reflejó fisuras profundas en materia presupuestaria, de inmigración y vivienda. Según información de Europa Press, el encuentro, difundido por TVE Cataluña (La2) y Ràdio 4, reunió a los portavoces de los principales grupos: Elena Díaz (PSC-Units), Mònica Sales (Junts), Ester Capella (ERC), Juan Fernández (PPC), Joan Garriga (Vox), David Cid (Comuns), Laure Vega (CUP) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

La portavoz socialista, Elena Díaz, trasladó confianza en la aprobación de los futuros presupuestos, los primeros con Salvador Illa al frente del Govern: “Somos optimistas porque este es un gobierno que cumple”. Díaz señaló que, incluso sin nuevas cuentas, la actividad del Govern no se detendrá.

ERC y Comuns, socios de investidura de Illa, señalaron que el PSC debe cumplir los compromisos previos antes de abrir una nueva negociación. David Cid (Comuns) lo expresó así: “El país necesita presupuestos. Pero lo que no tiene el Govern es un cheque en blanco”. Cid exigió avances en vivienda y educación. Por su parte, Ester Capella (ERC) insistió en la urgencia de una financiación singular: “Sin un sistema de financiación justo para Cataluña, difícilmente podemos avanzar con nuevos acuerdos”, y llamó a Junts a sumarse en esta reivindicación.

Desde Junts y el PP llegaron críticas al retraso de los presupuestos para 2025, que consideraron un incumplimiento por parte de Illa. Aliança Catalana y Vox descartaron su apoyo a las cuentas, mientras que la CUP, a través de Laure Vega, cuestionó a los partidos partidarios de rebajas fiscales: “¿Qué hospital cerrarán?”

La negativa del Congreso a transferir a Cataluña la gestión de las competencias en inmigración marcó otra de las grandes divisiones. Elena Díaz (PSC), Ester Capella (ERC) y David Cid (Comuns) defendieron la conveniencia de la delegación. Mònica Sales (Junts) lamentó las acusaciones de racismo y recalcó: “Queremos las competencias desplegadas en Cataluña para poder integrar cómo toca con los recursos que toca”.

Por parte del PPC, Juan Fernández expresó recelo: “Cataluña no está preparada para asumir nuevas competencias”, y calificó la inmigración descontrolada como un problema actual, una afirmación compartida por Joan Garriga (Vox) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana). Ambos defendieron el cierre de fronteras y la expulsión de delincuentes inmigrantes.

Capella, Cid, Díaz y Vega (CUP) rechazaron las propuestas para endurecer la política migratoria. Vega calificó de “tristísimo y de débiles y cobardes” que la inmigración sea el eje central del debate, y criticó que Junts priorice la delegación de estas competencias.

El acceso a la vivienda también evidenció disparidad de enfoques. Desde el PP, se alertó del aumento de ocupaciones ilegales y se abogó por reducir impuestos y agilizar la construcción con la ayuda del sector privado, una postura en la que coincidieron Orriols y Garriga. Ambos defendieron priorizar el acceso de nacionales a ayudas y viviendas de protección oficial.

Para Cid (Comuns), el verdadero problema son los desahucios, con más de 7.000 al año en Cataluña, y reclamó la puesta en marcha de una unidad antidesahucios. Vega (CUP) propuso gravar la riqueza para evitar la concentración de viviendas en pocas manos: “El resto, es poner tapones”.

Mònica Sales defendió que las políticas de vivienda deben diseñarse desde el Parlament, porque la ley estatal, a su juicio, invade competencias autonómicas. Capella se mostró favorable a limitar los precios del alquiler y celebró que este asunto haya movido al PSC. Díaz aseguró que el problema del acceso a la vivienda no es exclusivo de Cataluña y sostuvo que el Govern ya ha impulsado medidas, entre ellas préstamos para jóvenes y el desarrollo de un plan para construir 50.000 nuevas viviendas.