El Plan Estatal de Vivienda saldrá adelante con o sin presupuestos, asegura Isabel Rodríguez

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 verá la luz independientemente de que el Gobierno consiga o no aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha anunciado este viernes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras mantener una reunión con los promotores públicos de vivienda para presentarles el nuevo plan estatal.

Rodríguez ha asegurado que tiene “mucha confianza en que esos Presupuestos puedan salir pero, en cualquier caso, este proyecto que presentamos de Real Decreto para el Acuerdo de Vivienda a través del Plan Estatal de Vivienda ya estaba diseñado antes de este proyecto de Presupuesto”. También ha anunciado que “ya tienen articulada toda la disposición de créditos para poder ir a ese escenario de triplicar la inversión en políticas de vivienda”.

La ministra ha incidido en que para conformar el gran acuerdo sobre la vivienda que precisa España se debe priorizar la construcción de un parque de vivienda asequible, que mejore la accesibilidad con la vista puesta en converger con la media europea del 8% frente al 3,5 % actual que representa en España.

A su juicio, la inversión en el nuevo plan de vivienda “permitirá dar respuesta a la ciudadanía y, por tanto, contar lo antes posible con ese parque de viviendas públicas y a precios asequibles que tanto se necesita”.

En cuanto a la próxima Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebrará el 2 de octubre para abordar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la ministra cree que tras la reunión técnica de esta semana hay buena disposición y un clima de trabajo y de mejora y ha insistido en que este acuerdo es “muy importante y muy necesario”, ya que la ciudadanía pide soluciones.

También se ha mostrado abierta a llevar a cabo mejoras en el texto para hacerlo posible y ha reiterado que si se quiere garantizar el derecho a la vivienda se necesita de todos los poderes públicos, ya que no se puede dejar en manos del mercado y de particulares. “Hay que intervenir y reforzar el papel de las empresas públicas”, ha indicado.

También con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo tiene previsto presentar “muy pronto” su nuevo plan estratégico, mientras se sigue trabajando en la fase de adquisición de patrimonio de Sareb y de otras administraciones para ponerlo lo antes posible a disposición de la ciudadanía.

En enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iban a transferir 30.000 viviendas de Sareb a esta empresa pública, 13.000 de ellas de forma inmediata.

Por su parte, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) recibió más de 1.500 millones de euros a 31 de diciembre por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para financiar actuaciones residenciales con una previsión de 16.800 viviendas. Según recoge el Informe de fiscalización de la actividad de Sepes en la ejecución de vivienda pública durante el periodo 2018-2023 aprobado por el Tribunal de Cuentas.

El estudio se ha centrado en las actuaciones residenciales vinculadas al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (PVAA), en el análisis de los convenios y contratos formalizados en ejecución de este, así como en la gestión de su patrimonio inmobiliario, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable y valorar la eficacia en la puesta a disposición de vivienda protegida.

Una de sus conclusiones es que en las actuaciones en fase de desarrollo urbanístico existen “plazos de ejecución muy dilatados que distancian más allá de lo razonable el momento de aparición de las necesidades de vivienda y su satisfacción”.

Las causas de estos retrasos se deben al reparto competencial entre las diferentes administraciones territoriales y a las exigencia legales aplicables a la tramitación de dichas actuaciones, lo que compromete la eficacia de los resultados pretendidos, indica el informe. Esta situación ha dado lugar a que se produzca un incremento global de los costes de las actuaciones. Así, los costes estimados a finales de 2024 son un 18% superiores a los previstos dos años antes, a finales de 2022.

En cuanto a la fase de comercialización, el informe detecta que promociones iniciadas hace más de una década no habían completado su venta al cierre de la fiscalización, lo que genera gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles pendientes.

El Tribunal de Cuentas también observa que Sepes ha cumplido en general los requisitos legales en convenios, contratos y gestión patrimonial, sin perjuicio de haberse identificado deficiencias tales como la falta de reuniones de las comisiones de seguimiento previstas, la no adaptación de convenios antiguos a la Ley 40/2015, y la existencia de parcelas sin destino definido. También pone de manifiesto la insuficiente dotación de Sepes en lo que respecta a recursos en tecnologías de la información.

Por ello, el Tribunal de Cuentas ha recomendado reforzar la planificación de las operaciones urbanísticas con estudios de demanda y plazos realistas, intensificar la coordinación con las administraciones implicadas y diseñar un plan que permita dar salida en un tiempo razonable al ‘stock’ de inmuebles sin vender, garantizando que las viviendas públicas lleguen en condiciones adecuadas a los ciudadanos que las necesitan.