La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los fallos registrados tras el cambio en la gestión de las pulseras telemáticas que permiten conocer la ubicación de los agresores machistas que cuentan con órdenes de alejamiento tras la polémica generada, que ha puesto en jaque al Ministerio de Igualdad. Allí ha defendido que las víctimas “siempre han estado protegidas” y que “las pulseras salvan vidas todos los días”.
A fecha de 31 de agosto, ha explicado, existían 4.730 mujeres en este sistema de protección -en comparación con las 1.800 que había en 2018- y “pueden sentirse seguras”. De hecho, ha añadido, “ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada” y se trabaja “a diario por y para su seguridad y su bienestar”. Martínez Perza también ha detallado que el sistema de protección realiza un control diario de 30 millones de geoposicionamientos para garantizar la seguridad de las víctimas y, si el agresor trata de acercarse a zonas restringidas o manipular la pulsera, “se genera una alerta y se activan protocolos” coordinados por personal especializado en violencia de género.
“Sin ser infalible, con nuestro sistema no se ha producido ningún asesinato de ninguna mujer portadora de estos dispositivos. Es mentira que en 2024 una mujer fuera asesinada mientras portaba un dispositivo. Tampoco antes ni después”, ha aseverado durante su comparecencia.
La delegada detalló que la gestión del sistema está actualmente a cargo de la UTE integrada por Vodafone y Securitas, única empresa que cumplió los requisitos de la licitación y obtuvo el contrato por 42,6 millones de euros. La adjudicataria asumió el servicio el 8 de febrero de 2024, aunque existió un periodo de transición, de tres meses, en el que se subcontrató a Telefónica, anterior adjudicataria y encargada del servicio desde su puesta en funcionamiento, y que en esta ocasión no había participado en la convocatoria.
Mejoras en el servicio
Desde 2009, cuando comenzaron a funcionar las pulseras antimaltrato, el sistema ha incorporado actualizaciones frecuentes que “mejoran su precisión y servicio”. Con el contrato actual, ha añadido Martínez Perza, se han ampliado las coberturas a las víctimas de violencia sexual y se han introducido dispositivos con mayor autonomía, mejor localización y botón SOS que conecta de forma directa a la víctima con el centro de control. Además, el Ministerio de Igualdad está dando los primeros pasos para que el sistema sea público, “con dispositivos propios y de tecnología mejorada que antes eran de renting”.
Martínez Perza también ha mantenido en el Congreso que la transición a los nuevos dispositivos se realizó “sin interrupciones del servicio, y realizando una formación al nuevo equipo”.
Sobre los problemas surgidos durante la migración de datos, la delegada ha asegurado que solo afectaron la tramitación judicial de casos ya ocurridos, sin comprometer la seguridad de las mujeres protegidas. Asimismo, ha negado un incremento de sobreseimientos y absoluciones, indicando que los casos sin datos en el momento requerido se resolvieron más tarde, ya que los sobreseimientos provisionales pueden reabrirse con nueva información. Añadió que los datos del sistema COMETA no son la única prueba que los jueces tienen en cuenta.
En cualquier caso, la delegada ha indicado que, tras conocer las incidencias, tanto la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como la División TIC del Ministerio de Igualdad trabajaron intensamente logrando, a finales de noviembre del año pasado, “el pleno acceso a la información de las bases de datos de la anterior adjudicataria”. “La falta de información momentánea en ningún caso ha afectado a delitos de violencia de género, como puede ser una agresión, sino a delitos de quebrantamiento de condena, es decir, el incumplimiento de una orden de alejamiento”, ha insistido en su comparecencia.
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