El Parlament de Catalunya ha registrado este jueves una proposición de ley que busca redefinir la convivencia entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC), en el que operan compañías como Uber, Cabify y Bolt. La iniciativa, presentada con el apoyo de PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP, plantea una reducción drástica del espacio de actividad para las VTC, hasta el punto de limitar su papel a servicios complementarios y exclusivamente interurbanos.
Una regulación para encajar a taxis y VTC
El texto establece que los VTC solo podrán realizar trayectos entre diferentes municipios, quedando vetada su participación en el transporte urbano. Para reforzar este enfoque, introduce dos requisitos clave: la obligación de contratar el servicio con un mínimo de dos horas de antelación y de garantizar que la duración del viaje sea de al menos una hora. De este modo, plataformas como Uber o Cabify quedarían relegadas a traslados de carácter excepcional, pensados principalmente para viajes corporativos, eventos o desplazamientos de larga distancia.
Asimismo, se mantiene la prohibición actual de que los conductores de VTC capten clientes en la vía pública, algo que queda reservado de manera exclusiva al taxi. En el caso de Barcelona, esta limitación significaría reducir el número de licencias activas de 900 a unas 300, según cálculos de la Generalitat, lo que equivaldría a la eliminación de dos tercios de la flota en la capital catalana.
El Parlament contempla excepciones temporales, como la celebración del Mobile World Congress, durante la cual se levantaría de forma puntual la restricción para garantizar la movilidad. En todo caso, la norma está diseñada para una aplicación progresiva y se prevé que las licencias actuales de VTC puedan mantenerse hasta su vencimiento. Con ello, los grupos promotores defienden que la transición será “suave” hacia un modelo en el que este tipo de transporte quede reducido a la mínima expresión.
Endurecimiento también para el taxi
La proposición no solo afecta a las VTC. El texto incluye nuevas exigencias para el taxi, entre ellas la obligatoriedad de acreditar un nivel B1 de catalán para obtener la licencia, una medida que Junts considera insuficiente y que ha anunciado que intentará modificar. Además, se endurece el régimen sancionador contra prácticas fraudulentas, como cobrar precios fuera de la tarifa regulada o incumplir las prioridades de servicio.
Todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros, tanto taxis como VTC, deberán equiparse con sistemas de geolocalización. El objetivo es reforzar el control administrativo y garantizar que se cumplen los límites establecidos en la norma. Según los partidos impulsores, la nueva legislación podría estar plenamente en vigor en 2026.
Rechazo frontal del sector VTC
La reacción del sector no se ha hecho esperar. La patronal mayoritaria, Unauto VTC, ha calificado la propuesta como “profundamente antisocial” y “radicalmente contraria al interés general”. En su opinión, la norma condenará al cierre a cientos de empresas y enviará al paro a miles de trabajadores. “Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi”, ha señalado la organización en un comunicado.
En la misma línea, Uber, Cabify y Bolt han advertido de que, si el Parlament aprueba esta regulación, se perderán cerca de 4.000 empleos directos en el área metropolitana y Barcelona verá mermada su capacidad de movilidad. “La ciudad retrocederá al siglo XX y se contravendrá abiertamente el Derecho europeo”, han afirmado las tres compañías, que insisten en que las VTC no son una competencia directa del taxi, sino un complemento a la oferta de transporte.
Las plataformas subrayan, además, que Barcelona es la gran urbe europea con menor ratio de taxis y VTC por cada mil habitantes, con 3,4 vehículos, muy por detrás de ciudades como París, Lisboa, Ámsterdam, Nueva York o Londres. A su juicio, eliminar de facto a las VTC empeorará “la endémica escasez de alternativas de movilidad” en la capital catalana.
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