Begoña Gómez, a juicio por presunta malversación de caudales públicos: las claves para entender el caso

El proceso judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, se ha convertido en uno de los casos más observados y debatidos en el ámbito político y mediático nacional. La reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Gómez a juicio ante un jurado popular por presunta malversación ha intensificado la atención sobre un procedimiento marcado desde su inicio por la controversia y la polarización.

En el mismo auto, al que ha tenido acceso Infobae España, convoca la comparecencia para este sábado, 27 de septiembre, o a las 18:00 horas, “debiendo ser citadas las partes personadas a través de su representación procesal, y los investigados, personalmente, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a estos Juzgados”. Matiza también que “contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación, o bien, recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la última notificación”. Convoca a Begoña por presunta malversación de caudales públicos.

El foco principal de esta pieza separada está en el supuesto uso irregular de fondos vinculados a la Presidencia del Gobierno para actividades que la instrucción considera fuera del ámbito público. Entre los aspectos bajo examen figuran la contratación de una asistente en Moncloa, posibles gestiones asociadas a la actividad profesional de Begoña Gómez y una nueva querella promovida por Manos Limpias relacionada con el rescate de Air Europa. La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado en parte las decisiones del juez Juan Carlos Peinado respecto a otros investigados, como la asesora Cristina Álvarez, al considerar que existen posibles indicios de desviación de recursos dentro de la sede gubernamental. En paralelo, el Tribunal Supremo ha descartado abrir investigación sobre el ministro Félix Bolaños por falta de indicios suficientes, mientras que la defensa de Gómez mantiene que el caso carece de fundamento jurídico y lo interpreta como parte de una ofensiva política y mediática.

La investigación comenzó en abril de 2024, tras la denuncia presentada por el autoproclamado “sindicato” Manos Limpias, basada en recortes de prensa que señalaban supuestas irregularidades en la actividad profesional y académica de Gómez, incluyendo tratos de favor a empresas como Globalia. El juez Peinado admitió la denuncia, a pesar de la solicitud de archivo de la Fiscalía, que la consideró sustentada en datos “erróneos e inverosímiles”. El propio sindicato admitiría más tarde que no sabía si las informaciones eran ciertas o no.

Desde entonces, la instrucción se ha centrado en varias líneas: el presunto envío de cartas de recomendación por parte de Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés - con quien compartía responsabilidades en la Universidad Complutense de Madrid y que resultó adjudicatario de contratos públicos financiados con fondos europeos -, así como la posible apropiación indebida de un software universitario y la gestión de un dominio web asociado a un máster.

La organización Hazte Oír presentó una denuncia adicional, centrada en la supuesta apropiación del software y el registro del dominio web. Sin embargo, la aparición de correos electrónicos que demostraban la asesoría del vicerrectorado de la Universidad Complutense a la asesora de Gómez para el registro del dominio complicó la acusación de apropiación indebida. Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó informes que avalaban la “normalidad” de las adjudicaciones investigadas. Aun así, el juzgado decidió mantener abiertas las pesquisas.

En junio de 2024, la Fiscalía Europea asumió la parte de la investigación relativa a los contratos financiados con fondos comunitarios, separando así la causa principal que afecta directamente a Gómez. El proceso ha estado acompañado de un clima de alta tensión política, con acusaciones cruzadas entre la defensa y las acusaciones populares. Mientras la defensa ha denunciado la “judicialización” de la vida privada y ha sugerido motivaciones políticas detrás del caso, las acusaciones han exigido un proceso ejemplar y han criticado supuestos privilegios, como el acceso de Gómez a los juzgados por el garaje, autorizado para evitar incidentes de orden público.

Este martes, 22 de septiembre, el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid envió a Peinado otra querella de Manos Limpias contra Begoña Gómez y el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, por presunto tráfico de influencias en relación al rescate de Air Europa. Esto llega a pesar de que, como recuerda ahora la Fiscalía, la propia Audiencia de Madrid ya fijó en octubre de 2025 y en mayo de 2025 que los hechos relacionados con la actuación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa quedaban “excluidos” del procedimiento que dirige Peinado “en tanto no se contara con hechos nuevos de signo incriminatorio y se motive por resolución judicial esa investigación”.

El desarrollo procesal ha incluido citaciones de alto perfil, como la comparecencia de Gómez el 5 de julio de 2024, pocos días antes de las elecciones europeas, y la declaración de Juan Carlos Barrabés, quien reconoció reuniones en Moncloa junto a Sánchez pero negó irregularidades. El presidente Pedro Sánchez expresó su apoyo a Gómez tras la citación. El auto más reciente del juez Peinado ha ampliado la investigación a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, y a Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, señalando que existen indicios “racionales” para proceder a juicio, aunque sin detallar con precisión los hechos imputados.

La defensa, encabezada por el exministro Antonio Camacho, ha insistido en que la causa carece de indicios sólidos y responde a una interpretación excesivamente amplia del delito de malversación. Camacho ha subrayado que las funciones de Cristina Álvarez como asesora de Gómez eran logísticas y organizativas, propias de un cargo de confianza, y que los correos electrónicos utilizados como prueba se limitan a gestiones habituales en el ámbito institucional. Según la defensa, “es difícil sostener que con esa actuación la Sra. Álvarez o mi defendida pudieron cometer un Delito de Malversación de Caudales públicos”, y ha recordado que la disponibilidad de la asesora era total, lo que dificulta determinar si las gestiones se realizaron dentro o fuera del horario laboral. Entre la extensa documentación acumulada en la causa, la defensa de Cristina Álvarez ha resaltado que, de los centenares de correos electrónicos incorporados al expediente, solo tres fueron enviados por su representada en siete años, lo que, a su juicio, cuestiona la magnitud de la acusación de malversación.

Las acusaciones populares, representadas por Manos Limpias y Hazte Oír, han mantenido la presión para que el proceso avance, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo han intervenido en varias ocasiones para corregir o limitar las actuaciones del juez Peinado. La Audiencia ha desimputado a otros investigados y ha anulado registros considerados injustificados, además de criticar la motivación de algunos autos judiciales. El Tribunal Supremo, por su parte, rechazó la imputación del ministro Félix Bolaños y reprochó al juez la falta de fundamento probatorio y de consulta previa con la Fiscalía.

El proceso ha estado marcado por decisiones singulares del juez instructor, como la exigencia de una tarima para situar su mesa por encima de la del ministro Bolaños durante una declaración, o la inclusión de errores notables en sus autos, como dar por fallecida a Gómez en un escrito. Estas excentricidades han sido objeto de reproche por parte de instancias superiores, que han recordado la necesidad de fundamentar las imputaciones y de respetar los procedimientos legales.

Begoña Gómez ha sido citada para comparecer a las 18.00 h del sábado 27 de septiembre, fecha en la que se concretarán las acusaciones y defensas, se sorteará el jurado y se fijará el calendario del juicio por presunto delito de malversación. Mientras tanto, la investigación sobre los contratos europeos sigue su curso en la Fiscalía Europea, y el caso continúa generando repercusiones en la agenda política y en la estabilidad del Gobierno.