
Ha pasado casi un año desde que la dana arrasó unos 80 municipios de la provincia de Valencia y las devastadoras consecuencias aún son visibles. Muchos colegios no han podido abrir sus puertas este nuevo curso y miles de alumnos reciben sus clases en aulas prefabricadas, numerosos edificios continúan en etapas iniciales de rehabilitación, alrededor de 500 ascensores permanecen fuera de servicio, dificultando la vida diaria de personas mayores o con movilidad reducida, además de garajes y locales inutilizados. A esto se suma una red de carreteras y puentes aún dañada, que limita la normalidad en la región y un sistema de alcantarillado gravemente afectado, sin capacidad para responder ni siquiera a episodios de lluvias intensas, aparte de unas ayudas que no llegan.
Ante los escasos avances y la poca celeridad de las distintas administraciones, los vecinos de las localidades más afectadas, organizados en Comités Locales y de Emergencia y Reconstrucción, han decidido dar un paso más allá y poner en marcha una red alternativa de comunicación mediante walkie talkies que permita coordinar equipos de intervención en caso de caída de la red eléctrica o de telefonía. Se trata de una iniciativa autogestionada para poder dar una mejor respuesta ante la emergencia climática.
“Hemos repartido unos 80 walkie talkies entre todos los pueblos y, con una serie de códigos, nos permite poder comunicarnos. Esto deberían haberlo hecho los ayuntamientos, porque le corresponde a las administraciones locales, pero no lo han hecho. Se habla mucho de reconstrucción cuando en realidad estamos todavía en una fase de emergencia que no ha acabado”, dice a Infobae España Antonio Valero, portavoz de la Coordinadora de Colectivos del Parque, grupo que ha impulsado la creación de estos comités de reconstrucción en algunos de los municipios más golpeados por la riada del pasado 29 de octubre, que se cobró la vida de 228 personas.

Valero, vecino de Alfafar, explica que son muchos los ayuntamientos que “siguen informar sobre sus planes de emergencia, pese a que es una obligación legal", y los pocos que han respondido, como es el caso de Paiporta, Catarroja, Massanassa y Aldaia, lo han hecho de forma “superficial e insuficiente”. “No han implementado medidas de urgencia adecuando esos planes a la situación actual y ya llegan tarde porque no van a poder hacer nada”, advierte. Desde los comités locales aseguran que no se han actualizado los protocolos ni se han adoptado medidas de emergencia adaptadas al contexto actual, lo que deja a la población sin mecanismos efectivos de evacuación ni sistemas de aviso fiables, especialmente en caso de cortes de luz o internet.
Nueva manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón
Por este motivo, a lo largo de los próximos días los comités tienen previsto organizar asambleas y concentraciones para reclamar la participación ciudadana en la elaboración de los planes de emergencia y en las decisiones que inciden en el bienestar común. También buscan exigir a todos los ayuntamientos la puesta en marcha inmediata de medidas de urgencia.
“Esto es un problema que afecta a toda la Comunidad Valenciana, porque aunque la vez pasada la riada afectó principalmente a poblaciones valencianas, la próxima vez puede ocurrir en cualquier otro punto”, sostiene el activista, quien también recuerda que este viernes 29 se celebrará una nueva manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuya gestión ha sido duramente criticada tanto por la respuesta ante la emergencia como por el desarrollo de la reconstrucción.
Muchos cuestionan, además, la decisión del líder ‘popular’ de adjudicar proyectos a empresas condenadas por corrupción e incluso planear construir viviendas en zonas inundables, lo que ampliado el debate sobre la transparencia y el destino de los fondos públicos destinados a la recuperación.
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