El Gobierno pretende invertir 7,4 millones de euros al día en la red de transporte eléctrico hasta 2030

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó un “marco de desarrollo“ para la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad para el periodo 2026-2030 en el que se estima una inversión de 13.590 millones de euros, orientada a cubrir las necesidades de abastecimiento del país y a cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que implicaría un desembolso de 7,4 millones al día en la red.

El Ministerio iniciará la audiencia pública del Proyecto de real decreto para una inversión que es muy superior a la vigente Planificación 2021-2026, estimada en 8.203 millones. Desde el Ministerio indicaron que “es necesario reforzar la regulación vigente” para incrementar el volumen máximo de inversión en las redes de transporte y distribución con cargo al sistema eléctrico, pero ”manteniendo la protección de los consumidores”. Este planteamiento tiene como objetivo promover el aprovechamiento de las redes existentes, incentivando la incorporación a la red de infraestructuras de evacuación o de consumo que suministren a más de un consumidor y promover el uso de tecnologías inteligentes.

Así, según detallaron desde el Ministerio, hasta 2030 se prevé un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones para las redes de transporte y de 7.700 millones para distribución. Además, se esperan inversiones en interconexiones internacionales, que no están sujetas a los límites de inversión, y otras financiadas con fondos europeos.

En el caso de la red de distribución, este volumen de inversión está “condicionado” a que se destine a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución. En concreto, según el Ministerio al menos el 10% debe destinarse a mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol, con la finalidad de aumentar la visibilidad y transparencia de datos.

Por otra parte, un máximo de 15% podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria. También, se debe destinar hasta un 5% en adaptar las redes existentes para proteger la avifauna. Además, sin un porcentaje definido, se debe invertir en satisfacer demandas de industrias extractivas o manufactureras, demandas residenciales y descarbonizar la movilidad.

La distribución de electricidad se trata de un negocio regulado en España. Es el Gobierno quien debe determinar cada año cuánto se le ha de pagar a las distribuidoras (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y compañía) y, la cifra marcada, es costeada entre todos los usuarios de electricidad, cada uno de los cuales, en función de unos criterios determinados, paga lo que le corresponde.

En concreto, la factura se eleva a más de 5.000 millones de euros anuales para estas empresas propietarias de las redes por las que circula la electricidad. A día de hoy, la revolución renovable ha conseguido abaratar la electricidad, lo que atrae mucha nueva industria, electrolinera y centros de datos. Así, una industria multinacional puede negociar con un parque eólico o solar de Guadalajara o Badajoz un contrato de suministro a un precio mucho más bajo que el que le ofrecería un parque o solar de Finlandia, Escocia o Francia, donde estos contratos son más caros.

Además, desde el Ministerio de Transición Ecológica hacen hincapié en otros efectos colaterales del aumento de inversión en este sector. “Algunos estudios calculan que cada millón de euros invertido en redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo, de modo que el efecto del proyecto regulatorio será beneficioso para el conjunto de la economía”, señalan.